Frente a la postura nacional contra las normativas de compre local, referentes de San Juan advierten sobre la asimetría fiscal e impositiva, reclamando esquemas de asociatividad y licencia social para preservar el empleo y la infraestructura pyme.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La controversia por el compre local opone la visión nacional de libre mercado con la demanda pyme en San Juan, donde dirigentes de Calingasta e Iglesia proponen consorcios binacionales y esquemas de licencia social para garantizar empleo e infraestructura permanente frente a los incentivos del RIGI
La visión del Gobierno nacional sobre el mercado unificado y los costos mineros
El debate sobre la validez de las cláusulas de compre local y los cupos de contratación provincial desencadenó una marcada diferencia de enfoques entre las autoridades nacionales y los representantes de la cadena de valor minera provincial. Desde la Secretaría de Minería, conducida por Luis Lucero, se sostiene que la exigencia de porcentajes cerrados o contrataciones cautivas vulnera la unificación del mercado interno. Según la postura oficial, este tipo de regulaciones actúa en la práctica como una aduana interior inconstitucional que distorsiona la libre circulación de bienes y servicios.
Por su parte, el Ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger enfatizó que acotar la provisión de insumos y servicios a pequeñas empresas locales limita el desarrollo de una economía de escala competitiva a nivel internacional. La visión del gabinete nacional plantea que restringir las contrataciones eleva innecesariamente los costos operativos de los proyectos de gran escala. Asimismo, desde el Ejecutivo central afirman que las compañías mineras ya poseen incentivos económicos y sociales genuinos para contratar mano de obra local en las comunidades cercanas (lo que volvería innecesaria la imposición de marcos normativos rígidos que aislan la cadena de valor).
En contraste, las provincias mineras como San Juan, Catamarca, Salta y Santa Cruz defienden la aplicación de estos marcos legales como la única herramienta idónea para garantizar que la actividad extractiva derrame tecnología, empleo y capital en las pymes regionales.
Ley de Desarrollo Local Minero de San Juan
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero el 2 de julio de 2026 para exigir que la minería impulse el empleo y las empresas de la provincia.
Metas obligatorias
- 80% de empleo local: Las empresas mineras deben contratar un 80% de mano de obra de San Juan.
- 60% de compras locales: Las operadoras deben destinar el 60% de sus adquisiciones de bienes y servicios a proveedores sanjuaninos.
Puntos clave de la norma
- Registro REPROMIN: Se crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan. Es un padrón digital y público de consulta obligatoria para las mineras.
- Planes y control: Las compañías mineras deben presentar planes periódicos sobre sus necesidades de personal y compras.
- Sanciones: El incumplimiento de las metas puede recibir multas de hasta 200.000 unidades tributarias.
- Incentivos: Las empresas que cumplen las metas reciben certificados de crédito fiscal transferible.
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La norma (Ley 2827-M) fue publicada en el Boletín Oficial de San Juan el 16 de julio de 2026, lo que significa que legalmente ya está vigente. Sin embargo, para que las empresas y proveedores locales la apliquen en el día a día, el Poder Ejecutivo se encuentra definiendo los detalles técnicos de su letra chica.
- Lo que falta terminar de definir:
- Frecuencia de los informes: Cada cuánto tiempo deberán presentar las mineras sus planes de personal y compras al Ministerio de Minería.
- Mecanismo del REPROMIN: El paso a paso procedimental para que las Pymes se inscriban en el nuevo registro.
- Uso del Crédito Fiscal: Cómo funcionará de manera práctica la transferencia de estos certificados de beneficio impositivo.
- El Consejo Consultivo: El marco para la conformación del espacio que monitoreará el cumplimiento.
Las autoridades provinciales y las cámaras del sector proyectaron tener listos estos puntos operativos para septiembre de 2026, momento en el cual comenzarán a correr formalmente las exigencias y fiscalizaciones directas.
El impacto impositivo y la brecha de competitividad en Calingasta
En el ámbito departamental, la perspectiva de los proveedores exhibe las dificultades operativas que impiden competir en igualdad de condiciones con firmas externas. Adolfo Ibaceta, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Calingasta, aclaró que la entidad no rechaza el rumbo económico nacional de inserción internacional, aunque advirtió sobre la falta de condiciones estructurales previas. “Nosotros no estamos en condiciones internas en el país por la carga de impuestos y la carga distributiva que tenemos para competir a nivel internacional”, afirmó el dirigente.
Ibaceta remarcó que en el nivel provincial no existieron reducciones en tributos como Ingresos Brutos, al tiempo que en el plano municipal se aplicaron aumentos de tasas impositivas de hasta el 6000% durante el último período. Esta presión fiscal genera desequilibrios absolutos en los costos de prestación de servicios. Como ejemplo de esta asimetría, la entidad señaló que el alquiler de una camioneta en el vecino país de Chile cuesta USD 9.000 menos que en el mercado argentino, lo que vuelve inviable la competencia directa sin un esquema de resguardo.
Para el titular de la cámara de Calingasta, la implementación de beneficios como los del RIGI expone a las pymes locales si no se aprueban normativas de protección provincial. El dirigente recordó que en la temporada previa más de 700 trabajadores calingastinos operaron en la cordillera para empresas contratistas, una cifra determinante para una población de 10.000 habitantes.
“Primero se tendría que haber arreglado la casa, haber bajado los impuestos y las cargas contributivas, y después liberarnos a nivel internacional; de esta manera es imposible”
La propuesta de una política económica de centro y la integración en consorcios
Frente al dilema entre proteccionismo y apertura irrestricta, desde el sector industrial sanjuanino se proponen alternativas basadas en la asociatividad empresarial. Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, rechazó que el reclamo de los proveedores responda a un concepto de economía cerrada o estatista, postulando en su lugar una política económica de centro.
“Queremos dar una mirada de centro en términos de política económica sectorial donde pretendemos sobrevivir, con una apertura medida que contemple primero a San Juan, segundo a la industria nacional y tercero al mundo”
Con más de 20 años de trayectoria profesional en la minería privada, el titular de CAPRIMSA fundamentó su postura en las lecciones históricas del proceso de desindustrialización de la década de 1990 (ejemplificado en la pérdida de la red ferroviaria). Para evitar la neutralización del empresariado local, la cámara promueve la constitución de uniones empresarias y consorcios estratégicos.
Bajo esta modalidad de trabajo, la entidad ha incorporado a su padrón a firmas extranjeras (especialmente del rubro metalmecánico provenientes de Chile). La exigencia planteada a las corporaciones externas no consiste en restricciones de ingreso, sino en asociarse con pymes de San Juan para transferir conocimiento, tecnología y participación en el negocio. De acuerdo con la visión de la institución, este modelo imita las políticas de desarrollo de países como Estados Unidos frente a competidores globales como Toyota, garantizando la supervivencia de la cadena de valor local dentro de un esquema republicano de mercado abierto.
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Del compre local al Puntaje de Licencia Social en el departamento Iglesia
En el departamento Iglesia, la conducción gremial empresarial propone superar la dicotomía dogmática entre proteccionismo e inserción internacional. Víctor Alberto Grau, presidente de AITURIC, planteó que el eje central de la discusión debe enfocarse en cómo lograr que las inversiones captadas por el RIGI se traduzcan en un desarrollo sustentable efectivo para las comunidades donde radican los yacimientos.
Grau reconoció que las normativas tradicionales de compre local son perfectibles y pueden generar distorsiones o sobreprecios cuando se limitan a la fijación de un domicilio legal formal. No obstante, advirtió que la derogación completa de estos instrumentos implica el riesgo inminente de que las compras, contrataciones y talleres se radiquen fuera de la región de origen del mineral. Para solucionar esta falencia, el titular de AITURIC propuso la creación de un Puntaje de Licencia Social, concebido como un indicador objetivo, transparente y auditable.
Este indicador evalúa la trayectoria de las empresas con 20, 30 o 50 años de arraigo en el territorio, ponderando variables clave como la generación de empleo local, la capacitación técnica, las inversiones ejecutadas, las compras a proveedores de la zona y el cumplimiento ambiental. Esquema mediante el cual las compañías externas pueden elevar su puntuación asociándose con pymes locales, integrando capital y tecnología internacional con el conocimiento territorial de las firmas de la zona.
“RIGI para atraer inversión, Compra Local para territorializarla, y Licencia Social para medir cuánto desarrollo sustentable genera y deja esa inversión”
Proyección del impacto en la cadena de valor y el desarrollo industrial permanente
El análisis de la coyuntura minera en San Juan evidencia que la sustentabilidad de los grandes proyectos depende de la resolución de sus asimetrías competitivas. La coexistencia entre el marco regulatorio del RIGI y las normativas provinciales exige articular políticas que equilibren la eficiencia operativa de los inversores con la preservación del entramado socioeconómico local.
La transformación de los recursos no renovables en activos permanentes constituye el verdadero indicador de éxito de la actividad minera en la región cordillerana. La instalación de talleres, galpones, infraestructura energética, formación profesional y capacidad instalada en los departamentos de origen garantizará el sostenimiento de la actividad económica una vez completado el ciclo de extracción de los yacimientos.
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Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.