Tras 25 años de minería, San Juan no es el oasis prometido. Con una inversión local real de apenas el 4,5% en 2023, la Licencia Social tambalea mientras los pasivos ambientales crecen para las futuras generaciones. El documento San Juan Despierta acerca un analisis distinto.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El informe «Despierta San Juan» revela que la provincia retiene solo migajas del negocio minero. Con índices de inversión local y desarrollo tecnológico cercanos a cero, se urge al Gobierno a aplicar controles estrictos y priorizar a las pymes locales para evitar que la riqueza se escape por la frontera provincial.
La licencia social se ubica en un semáforo en zona roja
La minería en la provincia no es una foto estática, es un proceso vivo. Según el análisis del sector de proveedores liderado por figuras como el Ing. Juan Carmona, expresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), la Licencia Social hoy se encuentra en un nivel de «aceptación», el escalón más bajo y peligroso para la estabilidad de la industria.
«La licencia es dinámica y no permanente, porque las creencias, opiniones y percepciones seguramente van a cambiar a medida que se desarrollan los proyectos». Actualmente, esa percepción social en San Juan navega en una «zona que va de amarilla a roja». El trasfondo es claro: la sociedad aceptó los pasivos ambientales creyendo en una promesa de bienestar que, tras un cuarto de siglo en departamentos como Iglesia, no se ve reflejada en las calles ni en las cuentas de las empresas locales.
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El ex CAPMIN acerca a Acero y Roca un analisis profundo y exhaustivo de la situación minera sanjuanina hasta el 2024. Hoy, solo encaminado en su rol de empresario asegura que la posición no es muy diferente.
Índices que queman: el costo de la onza de oro
Para entender por qué el malestar social no es un capricho, hay que auditar los números. El informe detalla índices que las operadoras prefieren no mostrar. En 2023, la mina Veladero produjo 414.000 onzas de oro, pero el costo local fue altísimo.
El Índice de Agua marcó que se consumieron 8.379 litros de agua por cada onza de oro producida. Para el ciudadano común, esto equivale a desperdiciar 17 tanques domiciliarios de agua por cada onza que sale de la provincia. A esto se suma un Índice de Pasivos alarmante: quedan en suelo sanjuanino 890 toneladas de residuos (dique de cola) por cada habitante de la provincia.
¿Cuál es la contraprestación? El Índice de Riqueza dice que se generaron 17 gramos de oro por habitante, pero esa riqueza es «solo de la empresa minera si no se produce el derrame entre la sociedad». La realidad es que, mientras el mundo disfruta del beneficio del metal, el sanjuanino se queda con el pasivo multigeneracional.
El mito del 90% y la fuga de capitales
Uno de los puntos más críticos del reporte es la denuncia sobre la manipulación de datos de «compre local». Las mineras suelen jactarse de que el 90% de sus proveedores son sanjuaninos, pero el Índice de Inversión Local desmiente el relato: en términos monetarios, la participación de empresas de San Juan fue de sólo el 4,5% en 2023.
El Índice de Desarrollo, que mide la ingeniería local, es aún más lapidario: apenas un 2%.
«Se engaña a la población con datos manipulados, hablando de cantidad de proveedores y no de gasto en proveedores locales». Esto significa que las grandes licitaciones de ingeniería, movimiento de suelos y logística quedan en manos de empresas foráneas que se llevan el capital afuera.
Si proyectos como Josemaría, con una inversión de 4.000 millones de dólares, lograran que solo el 50% de sus proveedores fueran locales, el derrame inicial en la provincia sería de 106.000 millones de pesos. Hoy, esa plata no circula en el comercio de San Juan.
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Un plan de acción urgente para despertar antes del cobre
El informe no sólo diagnostica, sino que pide acciones inmediatas al Gobierno y al Ministerio de Minería. No se puede permitir que San Juan siga rezagada frente a provincias como Santa Cruz, que exige un 90% de empleo local, o Salta y Jujuy, que mantienen regímenes del 70%.
Las «Acciones Necesarias» incluyen:
- Establecer la obligación de participación de empresas locales mediante un Registro Único de Proveedores auditable.
- Crear una Mesa de Conciliación entre mineras y proveedores para resolver asimetrías.
- Controlar estrictamente las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que no deben ser un «cheque en blanco» para actuar con impunidad.
En este punto la inversión del estado provincial en educación enfocada a la minería es vital. Ofrecer de manera continua y variada, capacitaciones y cursos certificados, para generar mano de obra local calificada, es lo que va a marcar la diferencia entre integrar activamente la cadena de valor o ser meros espectadores del boom minero. San Juan necesita contar con personal preparado en los diversos campos que requiere el gran volumen de operaciones que proyecta el sector.
El dilema provincial entre la minería que viene o la que se va
La industria minera en San Juan se encuentra en una encrucijada histórica. Estamos a las puertas de la era del cobre, un mineral esencial para la transición energética global. Sin embargo, no habrá sustentabilidad posible si se sigue ignorando al hombre como centro de la actividad. El modelo de extraer y fugar divisas está agotado; la Licencia Social no se compra con gacetillas de prensa, se construye con facturación real para las pymes locales y respeto por el recurso hídrico. Si San Juan no despierta y exige su parte del beneficio, seguirá siendo una provincia con minas, pero nunca una provincia minera.
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Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.