El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 23 de octubre de 2026 el Real Decreto 845/2026, de 21 de octubre. Esta normativa establece el esquema administrativo para la aplicación directa en territorio español del Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales (CRMA) y del Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA). La norma entró en vigencia de manera oficial el 24 de octubre de 2026.
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El objetivo central de la disposición elaborada por el Ministerio de Industria y Turismo junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es garantizar el suministro seguro y sostenible de recursos minerales críticos y fortalecer la competitividad industrial. Para lograrlo, el decreto fija herramientas operativas que buscan reducir la burocracia, agilizar permisos mineros y mejorar la coordinación interadministrativa entre el Estado central y las Comunidades Autónomas.
Claves de la agilización administrativa en proyectos mineros
Para evitar la dispersión de trámites, cada Comunidad Autónoma designará puntos de contacto únicos que coordinarán la totalidad del proceso de concesión de autorizaciones. Asimismo, a nivel de la Administración General del Estado, las competencias operativas se dividieron de la siguiente manera:
- Extracción de minerales: La tramitación estará a cargo de la Subdirección General de Minas (dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO).
- Procesamiento y reciclaje: La responsabilidad recaerá en la Subdirección General para el Impulso de Proyectos Industriales del Ministerio de Industria y Turismo.
Por otra parte, aquellos proyectos mineros calificados como «proyectos estratégicos de materias primas fundamentales» por la Comisión Europea tendrán acreditada de forma automática la concurrencia de razones de interés público. Esto implica la aplicación inmediata del procedimiento de tramitación de urgencia.
En consecuencia, se reducirán a la mitad los plazos ordinarios de los procedimientos administrativos estatales, salvo en lo concerniente a la presentación de solicitudes y recursos. Además, las autonomías deberán otorgarles automáticamente la consideración de máxima importancia según sus legislaciones locales.
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Exploración minera nacional y economía circular
Planificación geológica a cinco años
El decreto regula la creación del Programa Nacional de Exploración Minera, orientado a profundizar el conocimiento de las reservas de minerales estratégicos en suelo español. El plan será elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), y requerirá la aprobación formal del Consejo de Ministros. Este instrumento se revisará cada cinco años y contemplará la evaluación de depósitos y escombreras.
Circularidad y recuperación de recursos en residuos
En sintonía con las exigencias del CRMA, se fija la elaboración de Programas Nacionales de Circularidad para estimular la recuperación de minerales esenciales desde desechos industriales y mineros. Estos programas también tendrán una validez quinquenal y deberán ser reevaluados cada cinco años por el Consejo de Ministros.
Cambios regulatorios en residuos extractivos y acceso eléctrico
Modificación al Real Decreto 975/2009 sobre residuos mineros
La norma introduce cambios directos en la legislación sectorial vigente. Específicamente, modifica el Real Decreto 975/2009 al incorporar la obligación de incluir en todo plan de gestión de residuos extractivos un estudio de evaluación económica preliminar sobre la posible valorización de materias primas fundamentales. En su defecto, la justificación técnica de su exención.
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Modificación al Real Decreto 1183/2020 para la red eléctrica
Por último, se modifica el Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. A partir de esta reforma, el carácter estratégico de un proyecto minero o industrial se incluye explícitamente entre los criterios de prioridad en los concursos de demanda de capacidad eléctrica.
Gobernanza institucional y participación empresarial
Para garantizar el seguimiento continuo del sector, se crea la Comisión de Coordinación para el Impulso de Proyectos de Materias Primas Fundamentales. Este órgano colegiado reunirá a representantes del Estado, las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Asimismo, la normativa contempla la conformación de grupos de trabajo especializados integrados por técnicos del sector público, empresas privadas y la sociedad civil para optimizar los procesos de licitación y autorización en toda la cadena de valor mineral.
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