Un estudio del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) propone desalinizar agua salobre en la Junta de la Palca. Esta alternativa busca mejorar la calidad hídrica regional, impulsar la agricultura y fortalecer la integración territorial del megaproyecto minero.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Instituto del Agua propone tratar 5 m³/s en San Juan para aportar agua de calidad a 34.142 habitantes y al Proyecto Vicuña. Con una inversión de 518,4 M USD, el esquema reemplaza la traza del Océano Pacífico, optimiza el riego agrícola en Jáchal. Sumado a promover un modelo de gobernanza hídrica compartida.
Alternativa de integración territorial y agua positiva
Frente a la traza tradicional que contempla conducir agua marina desde las costas trasandinas, la investigación liderada por el Prof. Ing. Luis F. Jiménez, Profesor Emérito y Director del Instituto del Agua de la UCCuyo, plantea una estrategia centrada en los recursos hídricos continentales de San Juan. La iniciativa aborda el tratamiento directo en la confluencia del río Blanco y el río La Palca, optimizando el suministro tanto para las operaciones extractivas como para las comunidades del departamento Jáchal e Iglesia.
La conducción desde el Pacífico requiere elevar 1,2 m³/s a 4.230 m s. n. m., demandando un consumo energético de 17,4–17,9 kWh/m³ y un costo operativo eléctrico de 1,4–1,8 USD/m³. En contraste, tratar las aguas salobres continentales de la cuenca del río Jáchal insume entre 1,5–2,0 kWh/m³ (27–36 MW), representando un costo de energía de 0,15–0,20 USD/m³, detalla, el autor del documento.
¿Qué significa esto?
Traer agua desde el mar chileno implica bombearla cuesta arriba por más de 4.000 metros de altura a través de la cordillera, lo que exige una cantidad colosal de electricidad continua y dispara los costos operativos. La propuesta sanjuanina plantea limpiar el agua que ya baja por los ríos locales: como el recurso ya está en la altura, consume hasta 10 veces menos energía y abarata drásticamente el costo por cada litro tratado.
“La propuesta no trata de competir con la alternativa de Vicuña de traer agua desalinizada del océano, sino de evaluar una alternativa para integrar el proyecto al territorio con la consigna ‘positive water’. Aporta incremento o reemplazo de agua de mejor calidad frente a una extracción desde la cuenca de 1,2 m3/s. Esta representa el 40% del caudal del río Blanco”.
Precisión técnica y balance de masas en la confluencia
El diseño de ingeniería establece una planta de ósmosis inversa ubicada en la Junta de la Palca para tratar un caudal de 5 m³/s. El módulo de alimentación contempla la totalidad del flujo del río Blanco (3 m³/s con salinidad de 3,5 g/l). Sumado a 2 m³/s del río La Palca, lo que equivale a procesar el 33 % del volumen de este último afluente.
El especialista sostuvo que “el balance de masas se hizo con modelación matemática”. Los cálculos hídricos determinan que el permeado obtenido (0,5 g/l de salinidad) se recombina con los 4 m³/s restantes sin tratar del río La Palca. Esta operación permite volcar al cauce principal del río Jáchal un caudal de 9 m³/s con una concentración salina final de 1,4 g/l. Lo mismo reduce ostensiblemente los niveles históricos que fluctúan entre 2,5 g/l y 3,5 g/l antes de ingresar al embalse Cuesta del Viento.
Dicho de otra manera, el río Blanco y el río La Palca traen agua naturalmente muy salada y dura de la cordillera. El proyecto toma esa agua, pasa una parte importante por filtros de alta presión (ósmosis inversa) para sacarle casi toda la sal y luego vuelve a mezclar esa corriente ultralimpia con el caudal natural del río. El resultado funciona como un diluyente natural. El río Jáchal recibiría agua con menos de la mitad de sal que la que arrastra históricamente, haciéndola apta para el consumo y la producción.
Desafíos en la remoción de boro y costos de tratamiento
El boro constituye el factor crítico para la aptitud agronómica de la región. La Etapa 1 del proceso se enfoca en el río Blanco (que ingresa con 3,9 mg/l de boro). Aplicando ósmosis inversa pulida con lechos de resina selectiva N-metil-D-glucamina (NMDG) y un ajuste de pH en segunda pasada a valores de 9–10. Este tratamiento alcanza un rechazo de boro del 82–87 %, reduciendo su presencia a niveles de 0,5–0,7 mg/l en el permeado.
«La reducción del boro utilizando la técnica de ósmosis inversa pulida en 2 etapas con ajuste de pH, no presenta desafíos tecnológicos sino aumento de costos”, resaltó el ingeniero
En términos de inversión, la Etapa 2 de desalinización requiere un capital de 518,4 M USD para una capacidad de 432.000 m³/día, con un costo operativo de 0,30 USD/m³. Al combinar ambas fases, el costo anual total del sistema se sitúa entre 160–179 M USD/año (equivalente a 1,01–1,13 USD/m³ desalinizado). Considerado frente a la escala macroeconómica del Proyecto Vicuña, cuya inversión total oscila entre US$ 9.737 M y US$ 18.000 M, el costo del sistema hídrico representa entre el 2,9 % y 5,3 % del desembolso de capital de la minera.
Para entenderlo fácilmente, el boro resulta tóxico para cultivos sensibles como los frutales, la vid o los olivos. Las membranas comunes no logran filtrarlo con facilidad, por lo que el agua debe someterse a un tratamiento químico especial en dos pasos y pasar por resinas de captura selectiva. La tecnología para quitarlo ya existe y funciona, pero encarece la planta. Aun así, el gasto global representa apenas una pequeña fracción del presupuesto multimillonario previsto para el proyecto minero.
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Gestión ambiental de la salmuera en cuenca cerrada
Operando a una tasa de recuperación del 80 %, la planta genera 1,0 m³/s de salmuera de rechazo (31,5 hm³/año), concentrando una salinidad de 13,5 g/l y extrayendo 426.000 t/año de sales del sistema fluvial.
“El impacto ambiental de la salmuera resultante, tiene un capítulo aparte no desarrollado en la propuesta. En general existen 2 posibles soluciones: Una es evaporar la salmuera en superficies adecuadas y comercializar el producto seco para su posterior industrialización. Otra es acumular salmuera para alcanzar los niveles de concentración de boro que justifiquen la instalación de una planta secundaria de producción de BÓRAX, producto de alto valor de mercado. Esta variante es de alto costo de inversión y debería estudiarse como proyecto separado”, remarcó Jiménez
Esquema de gobernanza y financiamiento compartido
El mejoramiento de la calidad del agua beneficia de forma directa a Huaco, Iglesia y Jáchal, posibilitando optimizar el riego agrícola. Actualmente, de las 12.000 ha con derecho de agua, solo se cultivan aproximadamente 3.500 ha debido a la severa salinización. La reducción de sales disminuye la fracción de lavado de los suelos del 0,42 al 0,17 (un ahorro del 30 % en el volumen de riego bruto) y permitiría incorporar entre 6.000 ha y 12.000 ha productivas, creando entre 540 y 3.640 empleos adicionales.
En otras palabras, cuando el agua de riego contiene exceso de sales, los chacareros se ven obligados a inundar los campos con mucha más agua de la que las plantas necesitan sólo para empujar la sal hacia el fondo del suelo y evitar que queme las raíces (fracción de lavado). Al recibir agua limpia, el productor ahorra un tercio del agua por hectárea, recupera tierras degradadas que hoy son improductivas y puede sembrar el triple de superficie.
“Respecto a la Gobernanza se plantea estudiar un esquema compartido entre las mineras, los gobiernos provincial y municipal y los usuarios de agua potable y de riego agrícola. Se propone una descentralización de la administración de aguas por cuenca con participación de las mineras, hidráulica, los usuarios y el municipio, para planificar y compartir las decisiones anuales de presupuesto del sistema de gestión de aguas para todos los usos y los balances hídricos anuales correspondientes”, resaltó el autor.
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En esta estructura participativa intervenirían el Departamento de Hidráulica, los municipios cordilleranos, las cámaras de comercio y producción, y los regantes de la zona, canalizando aportes mediante fideicomisos mineros e instrumentos de contribución gradual.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.