Las cámaras CAPRIMSA y CASEMICA advierten que, sin la reglamentación de la Ley de Proveedores, las pymes locales quedarán fuera de los contratos millonarios cuando inicie la etapa de construcción de los grandes proyectos mineros en San Juan.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, y José Adolfo Ibaceta, presidente de CASEMICA, reclaman definiciones sobre la Ley de Proveedores Mineros. Godoy asegura que no reciben información; Ibaceta advierte que, cuando aumente la escala de los contratos, los proveedores locales pueden quedar relegados.
La preocupación de los proveedores mineros de San Juan ya no pasa solamente por conseguir más contratos. Las cámaras empiezan a mirar el salto que implicarán las próximas etapas de los proyectos y preguntan con qué reglas llegarán las empresas locales cuando las licitaciones sean mayores y aparezcan competidores con más estructura.
“No tenemos información, nada de nada”, resumió Fernando Godoy. Según el referente de CAPRIMSA, la cámara viene solicitando precisiones sobre la reglamentación y esperaba novedades desde octubre. “Se comprometieron a 60 días y no tenemos información de nada”, afirmó.
En Calingasta, José Adolfo Ibaceta plantea una inquietud similar, pero con una advertencia adicional: la participación que hoy tienen algunos proveedores puede no mantenerse automáticamente cuando comiencen obras y contratos de mayor dimensión. “Hasta acá no tenemos problemas con las operadoras, nos están dando participación, pero estamos preocupados para lo que se viene. La etapa que sigue es de otra envergadura”.
La ley cambia el peso del reclamo empresario
CAPRIMSA ya trabaja internamente con criterios que buscan priorizar contratación, inversión y utilización de bienes y servicios dentro de San Juan. Godoy explica que las empresas que ingresan a la cámara asumen compromisos vinculados con el compre local, la inversión provincial y la economía circular.
Sin embargo, distingue ese acuerdo empresarial de una norma reglamentada. “Nos sirve mucho más la ley. Deja de ser un pedido de cámara”, sostuvo. Aunque asegura que las compañías suelen acompañar sus planteos, considera que una legislación operativa cambia el peso de la exigencia porque deja de depender exclusivamente de acuerdos voluntarios. Godoy agrega que la regulación tampoco interesa únicamente a los proveedores.
“Las mismas empresas que tenemos y las que quieren entrar te consultan sobre eso, porque es la forma de decidir en qué situación y en qué ecosistema entran a trabajar e invertir en San Juan”.
CASEMICA: “La etapa que sigue es de otra envergadura”
En Calingasta, la preocupación tiene una dimensión concreta. Ibaceta señala que hoy existen algunos servicios activos, principalmente relacionados con limpieza y mantenimiento de caminos, pero que otras contrataciones todavía son reducidas.
El problema aparece cuando proyecta la construcción de obras de mayor escala. “Si empieza Los Azules a construir la mina o el camino, las empresas que van a venir con los contratos son empresas de otra dimensión”, explicó. Ahí aparece la pregunta que CASEMICA pone en el centro: “¿Dónde vamos a quedar nosotros con los servicios de Calingasta si no tenemos la ley que pueda dar participación?”.
El problema no es sólo tener una ley, sino llegar preparados
Ibaceta reconoce que una norma por sí sola tampoco garantiza que una empresa pueda asumir un contrato de gran escala, y admite que los proveedores del departamento necesitan elevar su propia capacidad técnica para competir. “Nosotros estamos ahora en un procedimiento de optimizar los servicios, llevarlos a estándar internacional”, explicó. El objetivo es que las firmas lleguen con mejores condiciones cuando la demanda crezca, aunque reconoce una limitación estructural. “Sabemos que con la estructura no vamos a llegar, pero teniendo condiciones queremos que alguien nos lleve puestos para poder participar”.
Ese planteo abre la puerta a consorcios, asociaciones o participación como subcontratistas de empresas de mayor tamaño. Para los proveedores pequeños, la discusión entonces tiene dos caras. Contar con una regla que garantice oportunidades de participación y, al mismo tiempo, alcanzar las exigencias de calidad y escala de la nueva minería.
“Están obviando a los locales”
Ibaceta también cuestiona la falta de información institucional. CASEMICA, asegura, no fue convocada a determinados espacios donde se discutieron temas vinculados con proveedores y actividad minera.
“Es que no puede ser, porque se está obviando a los locales”, expresó. Y llevó el planteo un paso más cerca del territorio: “Se está obviando a los proveedores de la provincia, que son los locales del país. ¿Y qué queda para nosotros, que somos de la comunidad?”.
Esta falta de información, sostiene, también dificulta la posición pública de las propias cámaras. “Nosotros nos manejamos desinformadamente y podemos meter la pata por hablar sin tener información”. Godoy plantea una situación parecida desde CAPRIMSA. Dice haber realizado pedidos personales y evalúa avanzar con una solicitud institucional de audiencia para conocer el estado de la reglamentación.
La reglamentación corre contra el crecimiento de los proyectos
Ibaceta lo resume desde Calingasta: hoy las operadoras les dan espacio, pero “la etapa que sigue es de otra envergadura”. Godoy, desde CAPRIMSA, insiste en que la ley permite transformar un reclamo empresarial en una regla conocida también por quienes evalúan invertir en San Juan.
La reglamentación aparece así como una carrera contra el propio crecimiento de los proyectos. Cuanto mayor sea la escala contractual antes de que las reglas estén definidas, mayor será el desafío para que proveedores provinciales y departamentales puedan participar sin quedar relegados por compañías con más capital, experiencia y estructura.
Periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en el impacto social, educativo y laboral de la minería en San Juan, con foco en oficios técnicos, proveedores locales y desarrollo en comunidades y una mirada inclusiva del sector.