Una operación paralizada puede costar hasta US$ 300.000 mensuales en firmas pequeñas. El geólogo y consultor Marcelo Ferrero analiza los errores frecuentes en los expedientes ambientales, el valor de la comunicación anticipada y la urgencia de profesionalizar los controles provinciales.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Frente al debate legislativo y los plazos de proyectos estratégicos en provincias como San Juan, el geólogo y consultor Marcelo Ferrero advierte que la improvisación en los expedientes ambientales genera costos críticos. La solución demanda rigor técnico, diálogo previo con superficiarios y capacitación estatal.
El costo real de una faena detenida: números detrás de la parálisis
«Una operación parada puede costar entre US$200.000 y US$300.000 mensuales. No es que eso sea pérdida directa, sino que dejas de facturar». Dicho cálculo surge de tomar como parámetro una producción de 2.000 toneladas mensuales comercializadas a un promedio estimado de US$ 100 por tonelada, ecuación a la cual deben sumarse los costos fijos ineludibles que el operador debe solventar sin ingresos corrientes. «A esa falta de facturación le tenés que asociar todos los gastos obviamente que tenés que pagar. En una mina que esté produciendo oro y cobre, los montos son muy superiores».
Ferrero remarcó además que la producción no comercializada durante la detención no se recupera automáticamente en el período inmediato posterior. La capacidad de absorción de los clientes y los programas de suministro imponen límites estrictos.
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Expedientes incompletos y el laberinto burocrático provincial
Uno de los principales motivos que dilatan el arranque productivo radica en la confección deficiente de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Según el especialista, muchas compañías incurren en la equivocación de preparar la documentación con el único fin de cumplir formalmente con un requerimiento burocrático. Esto podría dejar vacíos de información que activan un circuito administrativo perjudicial.

«Cuando te quedas corto en la información, siempre vas a recibir un requerimiento de la autoridad ambiental que te va a preguntar por tal o cual punto (…) Lo ven los técnicos, lo pasan al aspecto legal, el legal dice que falta un papel, se lo devuelve a los técnicos, los técnicos te preguntan, vos le preguntás a la empresa, la empresa te responde, vos mandás los papeles y ya pasó un mes».
Ferrero propuso diseñar un esquema de trabajo estructurado por jurisdicción. «Las autoridades provinciales son distintas en cada provincia. Entonces, hay que hacer como un ‘checklist’ para cada provincia y de esa forma evitás los problemas de ida y vuelta». Esta precisión documental resulta prioritaria para no trabar etapas en las que la inversión está lista para ejecutarse pero carece de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o del número de productor minero correspondiente.
Licencia social y diálogo previo: la regla del cincuenta por ciento
El abordaje comunitario representa otro de los pilares críticos donde la minería suele fallar si no actúa con anticipación. Para el geólogo, la falta de información oportuna hacia el propietario superficiario o las poblaciones colindantes genera rispideces que luego resultan complejas de subsanar. «Cuando vos explicás bien, ya tenés un 50% a favor de ambas partes», resumió.
La estrategia sugerida se asienta en la transparencia sobre los ciclos de inversión y la integración de beneficios locales. Durante las etapas preliminares, cuando no existen excedentes para abonar montos abultados por servidumbres de paso, la empresa puede aportar mejoras en la infraestructura vial y planificar la incorporación de vecinos como futuros proveedores de servicios. Asimismo, la apertura directa hacia la sociedad mediante visitas a yacimientos, incluyendo a instituciones educativas, desarma temores infundados.
«La minería no es el cuco que se pretende hacer ver; por supuesto que tiene su impacto, ¿quién lo va a negar?, pero se puede hacer con los cuidados necesarios».
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Desmitificación técnica y la herencia de la Secretaría de Minería
La resistencia social se nutre con frecuencia del desconocimiento de los procesos químicos y operativos empleados en los yacimientos. Ferrero citó confusiones recurrentes en el debate público respecto al uso de reactivos: «Ayer estaba escuchando una conferencia de un conocidísimo geólogo, especialista en agua, y dijo que en Bajo de la Alumbrera se utiliza cianuro, y en La Alumbrera no se utilizó cianuro».

Pensar desde el cierre de mina: el método «de la cuna a la cuna«
Un cambio de paradigma en la confección de los estudios ambientales implica abandonar la mirada puramente administrativa para adoptar criterios de ingeniería preventiva. El especialista propuso incorporar los principios de la economía circular y el diseño industrial contenidos en la obra Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna).
«En minería tenés que pensar desde el final, que es el cierre de mina: ¿cómo voy a dejar esta mina?». Esta metodología, similar a la lógica del ajedrez donde se visualiza el remate de la partida antes de efectuar la primera jugada, redunda en beneficios económicos tangibles para la compañía. Permite optimizar el consumo de combustible, delimitar áreas de intervención y sistematizar tareas desde el día inicial.
Bajo este enfoque, los departamentos internos de medio ambiente dejan de ser vistos como un obstáculo para la productividad. Las grandes empresas tienen gerencias ambientales internas. Aveces parece que está el enemigo adentro de la empresa, y no. Es el mejor amigo porque da pautas de dónde mejorar y cómo evitar problemas a futuro».
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El desafío en San Juan y el fortalecimiento de los cuadros técnicos
El escenario minero actual enfrenta un momento de definiciones legislativas que abarca desde normativas de desarrollo local hasta discusiones sobre la ley de protección de glaciares. En provincias con fuerte impronta minera como San Juan, donde el proyecto cuprífero El Pachón prevé la tramitación de su DIA en 2027, la solidez metodológica de los expedientes resulta determinante.
Al momento de ponderar los modelos provinciales, Ferrero contrastó la claridad procedimental cordobesa con la disparidad entre otras jurisdicciones patagónicas. En Chubut, donde la minería a cielo abierto permanece prohibida, los organismos de contralor cuentan con dotaciones reducidas que dificultan inspeccionar faenas en territorio. En cambio, en Río Negro, donde la actividad registra mayor dinamismo, se posibilita una ampliación de cuadros técnicos.

El geólogo concluyó que la agilidad regulatoria no debe alcanzarse a costa de rebajar estándares, sino incorporando perfiles profesionales especializados por materia en los organismos evaluadores. «Necesitás gente especialista. Uno para la parte social, otro para la parte técnica, otro para el plan de gestión ambiental y otro para el cierre y la parte legal. Cuando tenés gente con oficio y experiencia, en un golpe de vista le empezás a tomar el tiempo al expediente».

Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.