La modificación del compre local dispuesta por el Gobierno nacional generó fuertes cruces entre las cámaras mineras sanjuaninas, que debaten entre el rechazo por falta de arraigo y la cautela por el esquema de contratistas de las operadoras.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El 16 de noviembre de 2026, referentes de las cámaras de proveedores mineros de San Juan fijaron posturas ante el Decreto 1366/2026 que redefinió al proveedor local del RIGI por domicilio fiscal, debatiendo el impacto territorial efectivo y la vigencia de la ley provincial frente a las grandes operadoras.
La reforma del régimen nacional y el nuevo criterio de proveedor
A través del Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones directas a la reglamentación de la Ley 27.742 y del Decreto 749/2024. La firma del presidente Javier Milei, junto a Diego César Santilli y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, formalizó una nueva redacción para el artículo 3°, inciso f) del Anexo I, determinando quiénes son considerados proveedores locales.
Bajo el nuevo esquema, califican como tales:
- Personas humanas: con domicilio fiscal en el país.
- Personas jurídicas: aquellas constituidas y domiciliadas en el territorio nacional, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la estructura de su capital social.
En paralelo, para el suministro de bienes, la norma dispuso respetar las directrices de origen nacional del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR. Asimismo, la normativa fijó una fecha límite unificada para constatar inversiones en los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), ordenó procedimientos de reorganización societaria con plazos de notificación de 15 días y plazos de observación de 30 días, y habilitó el cómputo de divisas liquidadas por accionistas para el acceso al mercado regulado por el Banco Central de la República Argentina.
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Calingasta en alerta: rechazo categórico y reclamo por la ley provincial
Desde Calingasta, el referente de la Cámara de Proveedores Mineros de Calingasta, entidad socia de CASEMICA, Alfredo Amín, expresó su disconformidad absoluta con la medida nacional.
La institución emitió un comunicado titulado con firmeza conceptual: «ser proveedor local no es tener un domicilio». En sus declaraciones, Amín remarcó: «no estamos para nada de acuerdo. Para nosotros que mañana venga alguien desde Buenos Aires y nos tire por el piso todo el esfuerzo que hemos hecho». El dirigente recordó que los proveedores locales salieron a respaldar el régimen oportunamente cuando el Concejo Deliberante departamental tenía dudas institucionales, entendiendo que la actividad minera es la que tracciona la economía.
El eje central del reclamo calingastino apunta a resguardar la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero, sancionada el 2 de julio. Respecto a esta norma provincial, el dirigente subrayó: «defendemos vehementemente esta ley de proveedores locales, la cual va a contramano absolutamente de lo que acaban de hacer con este decreto. Para nosotros es vergonzoso».
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«La disposición nacional es un instrumento jurídicamente frágil, porque es un decreto que mañana cualquier otro gobierno de otro color político lo puede cambiar».
Ante este escenario, el referente solicitó el respaldo de los actores políticos y reclamó que el Ejecutivo provincial reglamente de forma urgente la Ley 2827-M para consolidar su aplicación en el territorio y evitar que firmas extraprovinciales sin antecedentes mineros desplacen al empresariado local.
La mirada desde Jáchal: tercerización y el rol de los contratistas
Una posición divergente manifestó el titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal, Rodolfo Aballay, quien evaluó el alcance práctico de la disposición nacional desde la experiencia concreta de los yacimientos en producción.
Aballay consideró que la redefinición normativa no afectaría de manera automática a la cadena local comunitaria, argumentando que las operadoras canalizan sus compras mediante empresas contratistas principales. Tomando como referencia operativa al proyecto Veladero, el dirigente detalló: «Veladero terceriza todo su servicio, o sea, terceriza con el servicio de hotelería y gastronomía, terceriza con el transporte, las guías, los trabajos en la mina. Entonces, ninguna de esas cuestiones afectan de manera directa a los proveedores locales, ya sea de comunidad o sean de la provincia».

«Yo no creo verdaderamente que las operadoras vayan a empezar a comprar ellos lo que consumen en ferretería o provisión de combustible, porque no es la forma en la que se manejan».
Sin embargo, Aballay optó por mantener la cautela hacia el mediano plazo: «yo hasta acá no lo veo, pero hay que ver qué pasa en la práctica de acá a unos meses. Particularmente con la minería me parece que no va a pasar porque el esquema de relacionamiento que tienen las operadoras siempre busca que exista ese derrame dentro de la provincia, pero no lo puedo asegurar».
La postura institucional de CAPRIMSA: valor agregado y autonomía constitucional
Por su parte, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), a través de un documento institucional rubricado por su presidente Fernando Godoy, fijó posición respecto a la coexistencia de la normativa federal con las potestades de la provincia.
La entidad remarcó que existe una línea divisoria insoslayable entre la categoría jurídica de proveedor local que concibe el RIGI y el despliegue efectivo de la cadena productiva en suelo sanjuanino.

«La minería que viene puede transformar la economía y la realidad social de San Juan, pero ese desarrollo no se producirá automáticamente por el solo hecho de recibir grandes inversiones».
En su análisis legal, la cámara interdepartamental apeló a los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, recordando que las provincias conservan las competencias no delegadas a la Nación y ejercen el dominio originario sobre sus recursos naturales. Desde esa base institucional, CAPRIMSA demandó que la Ley Provincial 2827-M asegure:
- Convocatorias públicas transparentes y reglas claras de contratación.
- Oportunidades reales de inserción para el empresariado sanjuanino.
- Seguimiento riguroso de los compromisos asumidos por los proyectos mineros.
Godoy transmitió un pedido concreto a las multinacionales operadoras para establecer una relación madura cimentada en la planificación anticipada de compras, al tiempo que instó a los proveedores locales a sellar alianzas con entidades académicas y firmas de distintas escalas para elevar su competitividad técnica.
La demanda de Iglesia: arraigo en el parque industrial y compras efectivas
Desde el departamento Iglesia, epicentro de grandes operaciones metalíferas, la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (A.I.TUR.I.C.), encabezada por su presidente Víctor Alberto Grau, aportó una perspectiva enfocada en la radicación física en el territorio.

«No importa si una empresa viene de China, Corea, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Buenos Aires o la ciudad de San Juan. Lo que verdaderamente importa es dónde establece su infraestructura, dónde invierte, dónde contrata trabajadores y donde permanece parte de la riqueza que genera».
La entidad iglesiana advirtió sobre las distorsiones que produce la sola inscripción registral: «una empresa puede estar legalmente constituida en Argentina, tener domicilio en San Juan y facturar millones de dólares a un proyecto minero ubicado en Iglesia sin que un solo peso significativo de esa actividad circule por nuestros pueblos». Tras 20 años de convivencia con la minería a gran escala, la cámara empresarial lamentó que las comunidades de Tudcum, Angualasto, Rodeo, Pismanta y Bella Vista mantengan problemáticas de desocupación y baja diversificación económica.
Frente a ello, A.I.TUR.I.C. planteó que la exigencia del 20% de proveedores locales del RIGI no debe restringirse a un cómputo contable de facturación, sino medir empleo genuino, radicación efectiva en el Parque Industrial departamental, transferencia tecnológica e inversiones tangibles. Asimismo, la entidad convocó a operadoras como Barrick, Vicuña y Fortescue a establecer dependencias permanentes en los valles cordilleranos y propuso estructurar las contrataciones mediante un esquema escalonado por anillos de proximidad geográfica.

Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.