Una investigación de la UNSJ advierte sobre baja participación en el sistema hídrico, normas desactualizadas y debilidad estatal para controlar el uso del agua subterránea y la contaminación. El debate vuelve a poner en tensión agro y gobernanza en una provincia atravesada por la sequía.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Una investigación de la UNSJ advierte sobre el deterioro del sistema hídrico en San Juan, marcado por más de una década de sequía, sobreexplotación de agua subterránea y debilidad institucional. El estudio cuestiona la baja participación en la gobernanza del agua, el peso político de grandes productores agrícolas y los riesgos ambientales asociados a la minería. También señala normas desactualizadas, falta de transparencia pública y ausencia de un plan estratégico frente a la crisis hídrica provincial.
¿Quiénes deciden realmente sobre el agua en la provincia?
Margarita Moscheni, directora del proyecto «Gobernanza del Agua en San Juan: Características, Dinámicas y Percepciones» del IISE-FACSO-UNSJ, investiga desde hace años cómo se toman las decisiones sobre el agua en la provincia. El proyecto actual, financiado por el programa provincial Sembrar Ciencias, se encuentra en su primer mes de ejecución y tiene como antecedente directo al proyecto «Agua, Poder y Disputa San Juan», financiado por la UNSJ, que arrojó conclusiones que tensionan el relato oficial sobre la democratización del recurso.
El gobierno del agua de riego superficial en San Juan tiene tres instancias de representación. En la primera, los regantes eligen directamente a delegados de comisiones de canal. Esos delegados eligen, con voto delegado, a los presidentes y miembros de las juntas de riego departamentales. Finalmente, los presidentes de junta eligen, también con voto delegado, a los tres miembros honorarios del Consejo de Hidráulica, que es el órgano máximo de decisión sobre cómo, cuándo y a quién se distribuye el agua de riego superficial.
Los otros tres miembros del Consejo son designados políticamente por el gobierno provincial. Sin embargo, la estructura formal no se traduce en participación efectiva. Según Moscheni, la asistencia a las elecciones del sistema hídrico es extremadamente baja. «No llegan ni a un 13% de lo que están en el padrón de regantes«, firma.
A ese dato se suma que no todos los productores tienen derecho de riego, ya que esos derechos dejaron de otorgarse en 1978 con la sanción del Código de Aguas. «Quien hoy quiera acceder a agua superficial debe comprar una parcela que ya cuente con derecho original. Quien no pueda hacerlo, extrae agua del subsuelo», explica Moscheni.
Leyes de otra época: El Código de 1978 frente al nuevo paisaje de sequía
El sistema hídrico sanjuanino todavía se sostiene sobre dos normas centrales: la ley de creación de Hidráulica de 1942 y el Código de Aguas de 1978, sancionado durante la última dictadura militar. “Las normas son muy viejas y el paisaje hídrico en los últimos años ha cambiado un montón”, sostiene la investigadora.
En ese contexto, los intentos de actualización normativa han sido resistidos sistemáticamente por sectores organizados del campo regante, mientras la mayoría de los productores permanece al margen del debate.
Uno de los principales hallazgos del proyecto es que el universo de regantes no funciona como un bloque homogéneo. Hay actores que multiplican su presencia en juntas de riego, cámaras y federaciones, generando una capacidad de lobby que incide directamente sobre las decisiones del Consejo de Hidráulica.
«Hay algunos regantes que tienen la capacidad de replicar sus discursos en distintos espacios, generando así un lobby capaz de influir en las decisiones sobre el agua de riego», explica. En contraste, pequeños productores y actores periféricos quedan prácticamente fuera de los espacios donde se definen prioridades, caudales y tiempos de distribución.
La vitivinicultura, como actividad dominante en superficie cultivada y volumen productivo, mantiene históricamente el mayor peso político dentro del esquema de distribución del agua superficial.
Sequía, sobreexplotación de napas y extracción sin control
Desde 2012, la provincia atraviesa un ciclo sostenido de sequía que redujo progresivamente el caudal del río San Juan. Ante esa contracción, productores que ya tenían derechos de agua superficial comenzaron a instalar bombas para extraer agua subterránea. El resultado es una sobreexplotación de las napas freáticas que se profundiza sin controles suficientes ni regulación efectiva. «Todo el mundo está extrayendo agua y por lo tanto las napas freáticas se han bajado cada vez más», describe Moscheni.
El fenómeno que los regantes llaman coloquialmente «me colgó el pozo», es decir, cuando la profundidad del pozo ya no alcanza el nivel freático, obliga a perforaciones cada vez más profundas. Quienes tienen capacidad de afrontar esa inversión en dólares son las empresas pistacheras, emprendimientos vitivinícolas y olivícolas de escala.
Por otro lado, el Instituto Nacional del Agua (INA) ya documentó no solo el retroceso de las napas, sino también procesos de contaminación del agua subterránea. «La única reserva como sanjuaninos que tenemos de agua segura es el agua subterránea. Esa agua está siendo cada vez más consumida, está siendo cada vez más contaminada y se nos está acabando el agua, básicamente», advierte la investigadora.
Estructura insuficiente: El debate por la creación de un Ministerio del Agua
El organismo encargado de controlar todo ese sistema es la Dirección de Hidráulica, una repartición que en la estructura del Estado provincial ocupa un nivel jerárquico por debajo de una secretaría o subsecretaría. «Tenemos una dirección que tiene recursos escasos», señala Moscheni.
La investigadora plantea una contradicción estructural: una provincia desértica y atravesada por una crisis hídrica histórica nunca creó un ministerio específico para gestionar el recurso. “Nosotros vivimos en una zona desértica, sin embargo, el agua nunca ha sido parte de un ministerio. Deberíamos tener un ministerio de agua”, sostiene.
A esa limitación estructural se suma el contexto de reducción del gasto público nacional, que recorta el financiamiento de organismos técnicos de control. El resultado es una brecha pronunciada entre la magnitud del problema hídrico y la capacidad institucional para gestionarlo.
Minería y nacientes: El riesgo de contaminación frente a la falta de información pública
Moscheni considera que el principal problema de la minería no está en el volumen de agua que consume, sino en el riesgo de contaminación sobre las nacientes de los ríos.
Según datos difundidos por Hidráulica, la minería representa menos del 5% del consumo total de agua en la provincia, mientras que la agricultura supera el 80%. Sin embargo, el debate se concentra en las consecuencias potenciales de un incidente ambiental en zonas de alta montaña. “Una sola contaminación de una naciente te contamina el río entero, te deja un pueblo entero sin poder consumir agua”, afirma.
El proyecto minero Veladero acumula al menos cuatro derrames denunciados formalmente. El Código de Aguas establece que tres incidentes de ese tipo deberían derivar en el cierre de la unidad productiva. Sin embargo, una resolución judicial permitió reducir la contabilización de eventos y mantener la continuidad operativa.
La investigadora también advierte sobre otro problema estructural: la falta de transparencia de la información pública en San Juan.
La provincia no cuenta con una ley específica de acceso a la información. Según explica, incluso datos básicos vinculados a empleo minero, producción o distribución hídrica aparecen fragmentados, desactualizados o agrupados de manera que impide analizarlos por proyecto. “La información es poder”, resume.
Escenario crítico: La ausencia de un plan estratégico de emergencia hídrica
Los diagnósticos elaborados por el INA proyectan un escenario crítico para los próximos años. Algunos estudios advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, San Juan podría enfrentar un escenario extremo de escasez hídrica.
Frente a ese escenario, Moscheni asegura que no observa un plan integral de emergencia hídrica en marcha. “No veo ningún plan estratégico de emergencia hídrica diciendo que vamos a frenar más proyectos, o vamos a desarrollar desalinización”, señala.
La combinación entre sequía prolongada, sobreexplotación del agua subterránea, debilidad institucional y conflictos sectoriales profundiza la presión sobre un sistema hídrico que ya muestra señales de agotamiento.
El rol de las ciencias sociales en el debate por el agua
El equipo del IISE-FaCSo concentra su investigación en el Valle de Tulum y analiza específicamente cómo se distribuye el poder dentro de la gobernanza del agua. El enfoque no apunta a resolver aspectos técnicos hidráulicos, sino a estudiar quién decide, quién participa y quién queda excluido del sistema.
“Las decisiones de si se va a hacer un embalse o no, de si se le va a dar agua a los más chicos y no a los más grandes, las toman funcionarios políticos”, explica Moscheni. Por eso, el proyecto se enfoca en los procesos de toma de decisiones y en las relaciones de poder que atraviesan la gestión del recurso hídrico.
En un debate históricamente dominado por ingenierías y ciencias exactas, la investigación busca incorporar una dimensión política y social a una discusión que, en San Juan, ya dejó de ser únicamente técnica para convertirse en un problema estructural de gobernanza, desarrollo y control del territorio.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.