Juan Pablo Milana, Investigador Principal del CONICET y doctor en glaciología de la UNSJ advierte que la herramienta central de protección de los recursos hídricos en estado sólido es un instrumento incompleto, manipulado metodológicamente y sin correcciones a pesar de una condena judicial.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El glaciólogo Juan Pablo Milana sostiene que el Inventario Nacional de Glaciares es incompleto porque excluye geoformas del ambiente periglacial protegidas por la Ley 26.639. Según afirma, la omisión favorece actividades mineras en áreas que deberían estar restringidas. También cuestiona la metodología aplicada por IANIGLA, la falta de correcciones tras la condena judicial al exdirector Ricardo Villalba y la ausencia de controles ambientales adecuados sobre recursos hídricos cordilleranos.
El doctor Juan Pablo Milana cuenta con un respaldo académico clave para confrontar las omisiones oficiales. Geólogo de profesión y especialista en estratigrafía física, sedimentología y sistemas glaciales de regiones áridas, el investigador principal del CONICET ha dirigido múltiples inventarios y es autor del libro central «Hielo y desierto: Los glaciares áridos de San Juan» (2010). Su experiencia en glaciología y geocriología se conjuga con un sólido conocimiento en el análisis de informes de impacto ambiental para proyectos mineros en alta montaña.
El inventario oficial omite las geoformas periglaciales protegidas por la ley nacional
Argentina no cuenta con un Inventario Nacional de Glaciares que cumpla íntegramente con los alcances establecidos por la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010.
Esa es la posición de Juan Pablo Milana, quien participó como testigo en la causa judicial que investigó la elaboración del inventario. Según sostiene, la herramienta utilizada para identificar y proteger las reservas hídricas de montaña omite parte del ambiente periglacial que la legislación obliga a relevar y preservar.
«El inventario está incompleto. Falta mapear muchas zonas todavía», afirmó Milana.
Para el especialista, el principal problema no radica únicamente en la exclusión de cuerpos de hielo menores a una hectárea, un aspecto que fue cuestionado durante el proceso judicial que involucró al exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ricardo Villalba. También apunta a la decisión metodológica de no relevar los suelos congelados y otras geoformas asociadas al ambiente periglacial, que constituye junto a los glaciares uno de los principales sistemas de reservas estratégicas de agua que la propia ley obliga a proteger.
La exclusión del ambiente periglacial libera áreas clave para la actividad minera
Como consecuencia, la omisión tiene efectos directos sobre la minería en zonas glaciares y periglaciares. Al no registrar ni delimitar estas geoformas, los proyectos mineros emplazados en la cordillera quedan habilitados para explorar y explotar territorios que la legislación prohíbe intervenir.
Para el especialista, la discusión no pasa por elementos menores o aislados, sino por estructuras fundamentales para la dinámica hídrica de las cuencas áridas. Los suelos estructurados, los protalus, los lóbulos de solifluxión y el permafrost cumplen funciones esenciales en la conservación y regulación de los recursos hídricos en ambientes de montaña. Sin embargo, esas geoformas quedaron fuera del relevamiento realizado por IANIGLA.
Asimismo, Milana sostiene que la exclusión de suelos congelados, sectores asociados al permafrost y otras geoformas periglaciales genera una diferencia importante entre los alcances previstos por la legislación y los criterios utilizados durante la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares. «No mapear los suelos congelados le da margen a que determinadas áreas no queden alcanzadas por las restricciones previstas en la ley. Al no estar mapeados le dan vía libre a la minería», señaló.
De hecho, el especialista dirigió además el inventario de glaciares de la Región de Atacama, en Chile. Según explicó, en ese trabajo se incorporaron geoformas que, a su juicio, quedaron fuera de los relevamientos realizados en Argentina.
La condena a Ricardo Villalba y las fallas metodológicas del relevamiento
En ese contexto, el juez federal Sebastián Casanello llegó a conclusiones similares en su sentencia del 27 de noviembre de 2017.
Allí determinó que Villalba elaboró un documento titulado «Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución» en contradicción con el espíritu de la Ley de Glaciares, al establecer que sólo se inventariarían geoformas superiores a una hectárea y limitadas a glaciares descubiertos, manchones de nieve y glaciares de escombros activos.
La norma nacional, por el contrario, establece la protección de toda masa de hielo perenne, independientemente de su tamaño. Como resultado, el magistrado procesó a Villalba por abuso de autoridad, le impuso un embargo de cinco millones de pesos y le prohibió salir del país.
«Ellos dicen que a Villalba lo condenaron por no mapear los elementos con hielo menores a una hectárea. Pero lo que la gente no dice es que Villalba decidió no mapear los suelos congelados«, afirmó y explicó que «esa diferencia es clave porque los elementos excluidos forman parte de la infraestructura natural que sostiene las reservas hídricas de alta montaña».
La crítica también alcanza a la manera en que IANIGLA ejecutó el mandato legislativo. Milana sostiene que el organismo aplicó criterios propios en lugar de ajustarse a las definiciones establecidas por la Ley de Glaciares. A su vez, considera que las modificaciones posteriores que otorgaron a las provincias un papel central en la administración del inventario consolidaron un esquema de menor protección.
«La ley nacional no cambió en sus definiciones, en nada. Pero como la autoridad de aplicación, la que puede clasificar y desclasificar, son las provincias, van a hacer lo que quieran con sus cuerpos de hielo. Y la diferencia fundamental es que la ley provincial no considera al ambiente periglacial.»
Las críticas a IANIGLA luego del procesamiento judicial
Sin embargo, el procesamiento de Villalba no produjo correcciones institucionales dentro del organismo. «Con sentencia judicial y todo, IANIGLA no corrigió nada», señaló y advirtió que «esa situación responde a un problema estructural vinculado a la falta de controles externos».
La operación de IANIGLA como único organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares fue cuestionada por el propio Milana desde 2008. «Cuando hay un solo instituto o una sola cabeza, no hay un control entre las partes. Yo lo que proponía era varios centros que tuvieran la posibilidad de también competir y controlarse entre ellos.»
Para el glaciólogo, las consecuencias de ese modelo son visibles. «IANIGLA ha hecho un desastre con la ley de glaciares. Y la prueba está en que salió hasta una sentencia. Creo que es el único investigador de CONICET sentenciado por no hacer su trabajo correctamente.»
En el fallo judicial también quedó asentado que Villalba reconoció haber recibido presiones durante su gestión y haber optado por excluir determinadas geoformas del inventario.
Asimismo, la sentencia incorporó fotografías del glaciar Almirante Brown dividido por el camino minero de acceso a Veladero, una situación documentada previamente por el informe técnico DGARH 51/2013 sin que las autoridades tomaran medidas.
La falta de monitoreo en tiempo real ante posibles derrames mineros
Para Milana el problema excede la discusión científica y alcanza directamente la gestión ambiental y el control de los recursos hídricos. Según indicó, el Río Blanco continúa sin contar con sistemas de monitoreo capaces de detectar derrames en tiempo real. «Llevan miles de millones de dólares sacados en oro y siguen sin instrumentalizar el Río Blanco para saber cuándo hay un derrame», señaló.
Tampoco existen programas sistemáticos de seguimiento de la calidad del agua en la cuenca. La mortandad de peces registrada en Jáchal, que calificó como un evento de anoxia sin antecedentes documentados, tampoco fue investigada por la fiscalía. «Un fiscal que no quiere investigar, no investiga y se cae el delito.»
La deuda ambiental con la comunidad de Jáchal por el recurso hídrico
Finalmente, lo que sí existe, según Milana, es una deuda pendiente con las comunidades que dependen de esos recursos hídricos. «Estamos entregando nuestro capital sin pensar. Somos los del oro por baratijas. No nos están dejando nada a cambio del agua que estamos entregando.»
Para el glaciólogo, la discusión sobre el Inventario Nacional de Glaciares no es únicamente técnica ni jurídica. También involucra la gestión de las reservas estratégicas de agua, la protección del ambiente periglacial y el control de las actividades extractivas en territorios sensibles de la cordillera argentina.
Un debate abierto sobre las reservas estratégicas de agua en la cordillera
La controversia vuelve a poner en discusión una pregunta de fondo: si los relevamientos actualmente vigentes reflejan de manera completa los alcances previstos por la Ley de Glaciares y si constituyen una base suficiente para la toma de decisiones sobre actividades productivas en ambientes cordilleranos.
Para Milana, la respuesta es negativa. El planteo reabre un debate que sigue vigente entre científicos, organismos técnicos, gobiernos provinciales y empresas sobre qué geoformas deben integrar el Inventario Nacional de Glaciares para garantizar una protección efectiva de los glaciares, el permafrost, el ambiente periglacial y las reservas estratégicas de agua de montaña.
En ese contexto, la discusión ya no se limita a criterios cartográficos o metodológicos. También involucra el alcance real de la ley, la gestión de los recursos hídricos y los límites de las actividades extractivas en ecosistemas de alta montaña.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.