Emilio Pósleman, especialista en economía industrial, advierte que la canasta básica tradicional no refleja el costo de vida real en zonas como Iglesia o Calingasta. Un análisis técnico sobre la brecha que pone en riesgo la licencia social.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La medición de pobreza en departamentos mineros de San Juan exige mirar más allá del ingreso mensual. Los indicadores tradicionales ignoran el costo logístico y las carencias estructurales (NBI del 8,08%), afectando a docentes y comerciantes que sostienen el territorio frente a una inflación local que no da tregua.
La trampa de las estadísticas nacionales en la alta montaña
En el Gran San Juan, como en el resto del país, el INDEC marcó para abril de 2026 una Canasta Básica Total (CBT) de $475.653. Si bien hay una desaceleración en la variación mensual, la realidad en las comunidades que rodean proyectos como Los Azules o Veladero es otra historia. «Viven en provincias que generan riqueza extraordinaria, pero con un costo de vida estructuralmente más alto», señala el Lic. Emilio Pósleman, docente de la Universidad Católica de Cuyo.
La trampa estadística radica en que los datos oficiales se centran en el Gran Buenos Aires, ignorando que en la cordillera el transporte no es urbano sino rural, y que los alimentos recorren cientos de kilómetros antes de llegar a la góndola de un almacén en Rodeo o Barreal. En estas localidades, la línea de pobreza real es, por pura lógica de mercado, mucho más elevada que la cifra que se publica en las noticias nacionales.
Diferencias entre indicadores de flujo y estructurales
Para entender por qué una familia con un buen sueldo puede seguir siendo, técnicamente, pobre, hay que darle una vuelta de tuerca a los conceptos. Pósleman distingue entre indicadores de flujo y estructurales. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la CBT son termómetros del bolsillo: miden si lo que ganaste este mes te permite comprar la comida y pagar los servicios.
«Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) revelan lo que falta en la casa y en el barrio. Según el Censo 2022, San Juan presenta una tasa de hogares con al menos un NBI del 8,08%. Una persona puede conseguir un trabajo formal, pero tener letrina en su hogar entonces es un hogar con NBI. Este tipo de privaciones no se resuelven con un aumento salarial de un mes para el otro; requieren infraestructura y una visión de largo plazo que la industria minera debe integrar en sus diagnósticos».
Lic. Emilio Posleman, Consultor Superior Independiente en Impacto Socioeconómico de Proyectos Mineros y de Energías Renovables
El impacto logístico del último kilómetro en los comercios de cercanía
«El problema no es solo lo que falta, sino lo que cuesta lo que hay«.
En comunidades de influencia directa como Villa Calingasta, Las Flores o Tudcum, no existen los grandes supermercados mayoristas. La escala de comercio es pequeña y cada eslabón de la cadena suma un margen por el flete, el riesgo climático y la baja rotación de la mercadería.
Este «costo logístico incorporado» hace que un kilo de azúcar o un litro de leche sea sensiblemente más caro en la montaña que en la capital provincial. Para una familia que vive en Iglesia o Jáchal, la paradoja es total: el Salario Mínimo Vital y Móvil de $357.800 apenas alcanza para no ser indigente, pero queda muy lejos de cubrir una CBT que en el territorio está «inflada» por la distancia.
Los actores postergados: La presión sobre el tejido social externo
No todos en la mina ganan sueldos de seis cifras. La brecha económica genera una presión insoportable sobre tres actores clave que suelen quedar fuera de los informes de RSE:
- El empleado público: El maestro de Rodeo o la enfermera de Calingasta cobran salarios fijados en paritarias que miran el índice de precios del Gran San Juan. Cuando la actividad minera genera un a suba en los alquileres, por ejemplo, estos trabajadores, que sostienen la salud y la educación del pueblo, pierden poder adquisitivo real frente al operador de planta que vive a pocos kilómetros.
- El comerciante local: Debe comprar a proveedores mayoristas asumiendo el flete, pero no puede fijar precios solo para el minero porque perdería a la mitad de su clientela, que vive del agro o del empleo público.
- El contratista de segunda línea: Trabajadores de gastronomía o mantenimiento que, aunque trabajan en el entorno minero, están bajo convenios de su actividad original, ganando varios escalones por debajo del sueldo minero directo.
Como bien apunta Pósleman, «la licencia social no la otorgan los que están adentro del proyecto. La otorgan, o la retiran, los que están afuera».
Nuevas herramientas métricas para una distribución real de la renta
Para que la minería sea realmente un motor de desarrollo, hay que cambiar la forma de medir el bienestar. El análisis sugiere ir más allá del PBI o las exportaciones y utilizar herramientas como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la Universidad de Oxford o el Índice de Progreso Social (IPS) de Michael Porter.
Informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia realizado por el INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025 en Argentina.
El Coeficiente de Gini es lapidario para analizar zonas mineras: muestra cómo la coexistencia de salarios muy altos con ingresos muy bajos genera una desigualdad que se siente en la calle. Una zona con alto crecimiento pero con un Gini elevado es una zona donde la riqueza se genera pero no se distribuye, el escenario perfecto para el conflicto social.
¿Qué es el Coeficiente de Gini? (Tocá acá para leer la definición)
El coeficiente de Gini se trata de una medida estadística que se utiliza para calcular y cuantificar el nivel de desigualdad dentro de un territorio, generalmente en la distribución de ingresos o la riqueza de su población. Se representa como un número decimal entre 0 y 1 ó entre 0 y 100 si es un índice, donde el 1 es desigualdad máxima (una sola persona concentra todos los ingresos y el resto no percibe nada) y el 0 es la igualdad perfecta (todos los habitantes de la región reciben exactamente los mismos ingresos).
El modelo de tres capas propuesto por Emilio Pósleman
Para meterle ficha a una solución real en San Juan, se propone un sistema de medición de tres capas que no requiere crear nuevas leyes, sino usar mejor los datos que ya existen:
- Primera capa: Un diagnóstico estructural mediante el IPM, identificando privaciones en salud, educación y vivienda a nivel departamental.
- Segunda capa: Un diagnóstico dinámico que cruce el NBI con la CBT, permitiendo identificar la «pobreza inercial»: trabajadores con sueldos formales que siguen viviendo en condiciones precarias.
- Tercera capa: Un seguimiento riguroso del empleo local con encuestas focalizadas.
Este enfoque permite a las empresas y al Estado saber exactamente qué le falta al territorio desde hace décadas, y no solo qué le falta esta semana.
Sostenibilidad y el verdadero sentido de la integración territorial
La industria minera en San Juan se encuentra en una encrucijada donde la eficiencia técnica ya no es suficiente si no se traduce en una mejora tangible del tejido social. Ignorar que el costo de vida en la cordillera es una anomalía estadística frente a los promedios nacionales es, en el mejor de los casos, una negligencia diagnóstica y, en el peor, una semilla de conflictividad futura. La licencia social no es una foto con una donación; es la capacidad de integrar a quienes sostienen el territorio, maestros, enfermeros y pequeños comerciantes, en el círculo de bienestar que la minería promete.
El desafío para empresas como McEwen Copper en Los Azules o Barrick en Veladero es liderar esta transición hacia una métrica humana y auditable que transforme la riqueza del subsuelo en dignidad en la superficie.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.