El director de Fiscalización y Control Ambiental Minero de San Juan, Roberto Luna, afirmó que la inteligencia artificial y el monitoreo remoto serán herramientas clave para la fiscalización ambiental minera. Además, advirtió que las exigencias sociales ganan cada vez más peso en la evaluación de los proyectos mineros.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El director de Fiscalización y Control Ambiental Minero de San Juan, Roberto Luna, afirmó que la inteligencia artificial y el monitoreo remoto serán claves para fortalecer los controles sobre proyectos mineros. Durante una exposición sobre legislación y procedimientos, destacó la importancia de la Declaración de Impacto Ambiental, el papel histórico de la fiscalización minera y el crecimiento de las exigencias sociales, que adquieren una influencia cada vez mayor en la evaluación de proyectos.
La evolución de la fiscalización ambiental minera en San Juan
Durante una charla realizada el 16 de junio en San Juan, el director de Fiscalización y Control Ambiental Minero, Roberto Luna, analizó la evolución de la fiscalización ambiental minera y explicó cómo la inteligencia artificial comienza a transformar los sistemas de control ambiental en la actividad.
La exposición, titulada “Fiscalización ambiental minera en San Juan. Legislación y procedimientos”, abordó la evolución normativa de la actividad, el funcionamiento de los organismos de control y los desafíos que plantea el crecimiento de los proyectos mineros en zonas cada vez más alejadas y complejas.
En este contexto, Luna contextualizó la importancia de la minería dentro de la geografía provincial y recordó que el 83% de la superficie de San Juan está ocupada por sistemas montañosos, mientras que apenas un 3% corresponde a tierras aptas para cultivos. “Tenemos poco margen de dedicarnos a otro tipo de cosas que no sean las montañas. Hemos sido bendecidos en que esas montañas tienen recursos minerales”, afirmó.
Además, el funcionario destacó que el potencial minero sanjuanino no se limita al oro, la plata o el cobre. También reivindicó el aporte económico de los minerales industriales, especialmente de la industria de la cal, que durante 2025 registró exportaciones superiores al millón de toneladas de cal cálcica, además de 500 mil toneladas de cal hidratada y 130 mil toneladas de cal magnesiana.
El marco regulatorio y el rol de la Declaración de Impacto Ambiental
Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado a la evolución del marco regulatorio minero. Luna destacó la vigencia del Código de Minería de 1887 y señaló que la incorporación de la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, sancionada en 1994, marcó un punto de inflexión al establecer mecanismos específicos de evaluación y control ambiental.
Asimismo, explicó que la existencia de recursos geológicos no garantiza por sí sola el desarrollo de la actividad. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con reglas claras y previsibilidad institucional para proyectos que requieren inversiones de largo plazo. “Los recursos están, siempre estuvieron. La pérdida de tiempo en el medio ha sido justamente eso, no tener el país, las provincias, el marco jurídico que acompañaran esa confianza de inversión a largo plazo”, sostuvo.
Luna también recordó que San Juan posee una larga tradición en materia de control minero. Según indicó, ya en 1862, durante la gestión de Domingo Faustino Sarmiento, existían figuras vinculadas a la inspección y fiscalización de la actividad extractiva, antecedentes que incluso precedieron al Código de Minería nacional.
Cómo funciona el sistema de control ambiental minero en San Juan
En la actualidad, explicó que la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero estructura su trabajo sobre tres pilares fundamentales: la evaluación de proyectos, la fiscalización y el monitoreo ambiental.
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Dentro de ese esquema, la tarea de los inspectores se apoya en tres funciones operativas: verificar el cumplimiento de la legislación vigente, controlar los compromisos asumidos por las empresas en sus declaraciones de impacto ambiental y realizar inspecciones periódicas sobre las operaciones.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ocupa un lugar central dentro de ese sistema. Una vez aprobada, se transforma en un compromiso formal que debe ser verificado durante toda la vida útil del proyecto. El director de Fiscalización defendió además un modelo de control ambiental minero orientado a corregir desvíos y mejorar el desempeño de las operaciones antes que a sancionar automáticamente a las empresas.
Inteligencia artificial y monitoreo remoto: el futuro del control minero
No obstante, advirtió que la expansión de la minería cordillerana obliga a replantear los mecanismos tradicionales de control. Según explicó, proyectos ubicados en zonas remotas como Josemaría o Filo del Sol presentan desafíos logísticos que dificultan sostener esquemas de fiscalización minera basados exclusivamente en la presencia física de inspectores. “Los proyectos van a estar tan lejos que no vamos a poder ir todo el tiempo. No tenemos los recursos, no tenemos los profesionales. Entonces vamos a tener que confiar en esa tecnología”, afirmó.
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En consecuencia, Luna anticipó una mayor incorporación de herramientas digitales, monitoreo remoto e inteligencia artificial en minería dentro de los sistemas de control ambiental. Como referencia, mencionó experiencias desarrolladas en Chile para procesar millones de páginas de documentación ambiental mediante algoritmos capaces de identificar patrones de riesgo y anticipar potenciales incidentes.
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Crecen las demandas sociales en la evaluación de proyectos mineros
Otro de los puntos destacados de la presentación fue la evolución de los requerimientos incluidos dentro de las evaluaciones ambientales. Al comparar distintas versiones de las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto Josemaría, Luna observó una disminución relativa de las exigencias técnicas y un crecimiento sostenido de los aspectos vinculados a la dimensión social.
Según explicó, la comparación entre la documentación presentada en 2022 y la aprobada en 2026 refleja una tendencia cada vez más visible en la actividad: las demandas vinculadas con la participación comunitaria y el impacto social ganan espacio dentro de los procesos de evaluación ambiental.
Para el funcionario, ese cambio forma parte de una transformación más amplia que atraviesa actualmente la fiscalización ambiental minera. Según planteó, el crecimiento de proyectos cada vez más alejados, la incorporación de inteligencia artificial y el aumento de las demandas sociales están modificando la forma en que se evalúan y controlan las operaciones mineras.
En ese contexto, sostuvo que los organismos de control deberán adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas capaces de mejorar el monitoreo ambiental, anticipar riesgos y procesar volúmenes de información que hoy resultan difíciles de gestionar mediante los mecanismos tradicionales de fiscalización.
Como cierre de su exposición, citó al poeta Antonio Machado: “Hoy es siempre todavía”. Con esa frase sintetizó su visión sobre una actividad que enfrenta nuevos desafíos tecnológicos y sociales, pero que al mismo tiempo se apoya en una tradición de control ambiental minero que, según recordó, en San Juan posee antecedentes propios anteriores incluso a las primeras normas nacionales que regularon la actividad.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.