El millonario potencial del cobre cordillerano encendió una disputa territorial histórica. La Rioja aprobó una comisión legislativa para impugnar las fronteras vigentes desde 1968, mientras Marcelo Orrego salió al cruce con dureza institucional defendiendo la soberanía sanjuanina.
La puja por el cobre enciende las alarmas interprovinciales
El mapa de la Cordillera de los Andes volvió a convertirse en una trinchera institucional. La fiebre del cobre en el norte sanjuanino, traccionada por megaestructuras de escala mundial como el proyecto minero Josemaría y el distrito Vicuña, reabrió de par en par una herida geopolítica que las provincias de San Juan y La Rioja arrastran desde hace más de medio siglo.
La escalada sumó un capítulo crítico en la Legislatura riojana. La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por mayoría, durante su sexta sesión ordinaria, un proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que reafirma los derechos de su provincia sobre territorios cordilleranos actualmente bajo administración sanjuanina.
La normativa local rechaza de cuajo el acuerdo interprovincial firmado en 1968 bajo la Ley Nacional 18.004, dictada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. El argumento riojano sostiene que aquel trazado se realizó de manera unilateral y sin la intervención del Congreso de la Nación, despojándolos ilegítimamente de áreas clave.
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Marcelo Orrego plantó bandera frente al avance riojano
La reacción del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, no se hizo esperar. Con un fuerte mensaje de unidad política y un tono tajante, salió a marcar la cancha y a disipar cualquier duda sobre la propiedad de los recursos minerales e históricos que pertenecen a su territorio. «Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014″, sentenció Marcelo Orrego.
El mandatario sanjuanino apeló a la estricta legalidad constitucional para desarmar la estrategia del Ejecutivo de la vecina provincia. Según detalló el jefe de Estado local, los límites vigentes no pueden modificarse de forma unilateral mediante una simple ley de carácter provincial. «Ninguna provincia puede cambiar un límite por su cuenta. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia», advirtió Orrego, quien además instó a la oposición y a los distintos sectores políticos a abroquelarse en una postura común frente a la ofensiva riojana. Su consigna es defender el territorio con solidez técnica: «Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones», concluyó el mandatario.
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La Rioja busca vías judiciales y legislativas para resistir
Desde la vereda de enfrente, el oficialismo riojano avanza a paso firme con el objetivo explícito de dotar a Ricardo Quintela de herramientas jurídicas e institucionales para ir a fondo. El proyecto aprobado, que contó con el respaldo político del bloque del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, frente a la abstención de La Libertad Avanza, creó la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial en el ámbito de la Legislatura.
Durante la sesión, el diputado Marcelo Del Moral fue el encargado de fundamentar la norma y detallar que este cuerpo estará integrado por siete diputados. A ellos se suman además el soporte técnico de la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y especialistas de primer nivel en historia, geografía, cartografía y minería. Asimismo, la ley instruye de forma directa a la Fiscalía riojana a solicitar medidas cautelares urgentes ante los tribunales correspondientes para resguardar con fuerza legal los recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en la zona en disputa.
El debate político por el conflicto de límites en San Juan
La argumentación en el recinto denota un clima de extrema resistencia frente al acuerdo bilateral que firmaron en marzo de 1968 los entonces interventores de facto Guillermo Iribarren (La Rioja) y Edgardo G. Gómez (San Juan) bajo la Ley Nacional 18.004. Durante el debate legislativo, la diputada Gabriela Rodríguez remarcó la necesidad de combatir lo que consideran una injusticia histórica. «Este es un histórico conflicto. Esta herida es fruto de las leyes de la dictadura; vamos a defender la causa con rigor jurídico, político y técnico».
Por su parte, el legislador Yamil Sarruf coincidió en que resulta indispensable darle respaldo absoluto al Ejecutivo provincial. «Debemos mirar para adelante y defender lo que le corresponde a La Rioja y para ello le debemos otorgar las herramientas necesarias al gobernador», exclamó el diputado en el recinto. Por el contrario, los reparos de la oposición libertaria se hicieron oír con fuerza a través de la legisladora Claudia López (LLA), quien al justificar la abstención de su espacio disparó sin rodeos: «No es el modo, la forma ni el medio para tratar este tema de los límites».
El impacto de las medidas cautelares en la cordillera
Cabe recordar que el conflicto sumó tensión práctica semanas atrás, cuando la jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito, hizo lugar a un planteo de la Fiscalía de Estado riojana y dictó una medida cautelar que suspendió por 30 días determinadas actividades logísticas y de tránsito del proyecto Vicuña en suelo riojano, bajo el fundamento de que la operadora minera no había presentado los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes ante las oficinas gubernamentales de La Rioja.
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Oro, cobre e Ischigualasto en el centro de la escena geopolítica
Detrás de las discusiones sobre la validez de los decretos de la década de 1968, lo que verdaderamente motoriza esta renovada disputa limítrofe es el fenomenal impacto económico que promete la puesta en marcha de la minería de cobre en el departamento Iglesia. Ricardo Quintela ya había exteriorizado las intenciones riojanas al señalar que pretendían discutir la soberanía en el Senado nacional y ante la Corte Suprema de Justicia. El mandatario riojano apuntó de manera directa contra las operadoras del sector y deslizó que San Juan debería mostrar otra actitud ante la riqueza compartida de la Cordillera. «El conflicto es con la empresa, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con Sergio Uñac, no con el gobernador actual», disparó Ricardo Quintela.
La embestida de La Rioja no se limita exclusivamente a las ricas formaciones metalíferas del norte. La estrategia territorial de la vecina provincia expandió sus fronteras de reclamo hacia el sur, intentando poner en duda también la pertenencia del Parque Provincial Ischigualasto (conocido mundialmente como Valle de la Luna), un emblema de enorme significación turística, patrimonial y paleontológica plenamente administrado por el Estado sanjuanino.
La defensa de la soberanía frente al conflicto de límites en San Juan
Ante un escenario internacional que demanda con urgencia minerales críticos para la transición energética mundial, la certidumbre jurídica no se negocia. San Juan no puede regalar el fruto de su seguridad jurídica ni los recursos que nuestros trabajadores defienden en la alta cordillera. Nos apoyamos sobre títulos centenarios y leyes nacionales contundentes, resueltos a cuidar cada metro de nuestro suelo frente a los manotazos de oportunidad política. En San Juan la riqueza se trabaja, no se hereda por decreto; por eso, la premisa innegociable de nuestra industria y de nuestra comunidad sigue siendo una sola: desarrollar el futuro de nuestra minería.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.