La tensión minera entre provincias sumó un nuevo capítulo judicial que sacude al sector. La Justicia riojana dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata, por un plazo de 30 días, de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña (operado por Vicuña S.A.), el gigante metalífero que se desarrolla en territorio sanjuanino pero que utiliza infraestructura riojana para su logística.
La decisión fue tomada por la jueza María Greta Decker, en el marco del expediente N° 45.863, tras un reclamo presentado por la Secretaría de Ambiente de La Rioja. El nudo del conflicto radica en la falta de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades de dicha provincia, una exigencia que el Gobierno riojano considera innegociable dado que el proyecto afecta de manera directa su territorio.
El impacto transfronterizo: el ambiente no reconoce límites políticos
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, fue tajante al explicar los motivos de la presentación judicial. Según el funcionario, el emprendimiento —que integra el desarrollo minero de cobre más grande de la historia argentina con una inversión estimada de 16.000 millones de dólares— se encuentra a menos de mil metros del límite provincial.
«El ambiente no reconoce fronteras políticas. Los impactos, tanto positivos como negativos, también van a sentirse en nuestra provincia», advirtió Azulay. De hecho, el reclamo principal surge porque la empresa utiliza un camino de 140 kilómetros que atraviesa suelo riojano y cruza una reserva provincial para abastecer la logística del proyecto en San Juan. Para las autoridades locales, el informe presentado por la firma se limitó únicamente al tramo vial, lo cual fue calificado como «insuficiente» por el Ejecutivo riojano.
Preocupación en las comunidades locales por el tránsito pesado
La medida busca prevenir daños potenciales antes de que se materialicen. Entre las principales preocupaciones citadas por la Secretaría de Ambiente se encuentran la dispersión de partículas en el aire (polvo constante), los ruidos y las complicaciones generadas por el flujo incesante de tránsito pesado.
Efectivamente, localidades como Guandacol, Villa Unión, Jagüé, Zapata y Las Cuevas son las que hoy perciben el impacto del movimiento logístico. «No puede ser que el único impacto para nuestras comunidades sea el polvo constante y las complicaciones del tránsito», cuestionó el funcionario, remarcando que la empresa debe adecuarse a la normativa ambiental de la jurisdicción por la que circula.
Cierre del camino y presencia policial en Guandacol
La resolución judicial no solo suspende las actividades, sino que ordena el cierre del camino logístico por el periodo de un mes. Desde las primeras horas de este jueves 16 de abril, la Policía de la provincia de La Rioja mantiene una fuerte presencia en la ruta que conecta Guandacol con la zona minera para garantizar el cumplimiento del fallo.
La jueza Decker fue clara en su dictamen: sin estudio de impacto ambiental, no hay actividad. No obstante, la suspensión tiene un carácter condicional. Si la empresa presenta la documentación requerida y se somete al análisis técnico de las autoridades riojanas, la medida podría levantarse automáticamente para avanzar en las instancias de mitigación necesarias.
El futuro del proyecto y la posibilidad de llegar a la Corte
Desde el Gobierno de La Rioja aclararon que esta medida se tomó tras una serie de pedidos administrativos que no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte de la operadora. Azulay destacó que se está actuando bajo el principio preventivo para resguardar el derecho a un ambiente sano.
Sin embargo, el conflicto podría no terminar aquí. El secretario de Ambiente advirtió que, de no lograrse un equilibrio entre los beneficios para las comunidades y los impactos ambientales, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ahora, el gigante del cobre deberá frenar sus motores en la frontera riojana mientras el reloj de los 30 días empieza a correr.
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