La licencia social en minería se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo de proyectos en Argentina. Referentes comunitarios, especialistas en sostenibilidad y auditores ambientales analizaron las dificultades para transformar estándares internacionales, controles ambientales y mecanismos de participación en herramientas efectivas dentro de los territorios donde opera la actividad minera.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Referentes comunitarios, especialistas en sostenibilidad y auditores ambientales analizaron los obstáculos para construir licencia social minera en Argentina. Durante un webinar organizado por Velasco Group, cuestionaron la falta de consulta previa efectiva, las debilidades en los controles ambientales y la escasa transparencia de los resultados. También advirtieron sobre la ausencia de seguimiento de líneas de base y coincidieron en que la principal brecha está entre las normas vigentes y su aplicación real.
Comunidades y auditores exponen falencias de la minería
El Ciclo de Encuentros para el Desarrollo Territorial organizado por Velasco Group reunió el viernes 19 de junio a referentes comunitarios, especialistas en sostenibilidad y auditores ambientales para debatir cómo convertir las promesas corporativas en procesos auditables con participación real de las comunidades.
El webinar «Comunidades Sostenibles, Estándares Globales y Diálogo de Saberes en el Territorio» se realizó en formato virtual, con expositores conectados desde La Rioja, Catamarca y la Puna salteña. La jornada, coordinada por Sonia Torres y moderada por Juan Carlos Criado, director ejecutivo de Asesoramiento Comunitario e Interculturalidad Social, se estructuró en dos bloques temáticos: uno comunitario y ancestral, y otro técnico-metodológico.
El encuentro permitió contrastar experiencias comunitarias con herramientas de gestión utilizadas por la industria. El resultado fue una radiografía de los vacíos que separan el marco normativo vigente de lo que ocurre en los territorios mineros argentinos.
Comunidades indígenas y minería: el reclamo que surge desde la Puna
Desde San Antonio de los Cobres, la cacica Reina Ferril, de la comunidad Kolla Coya del Desierto, fue la primera en tomar la palabra. Su comunidad, organizada con personería jurídica desde 2002 y estructurada en siete secciones, toma decisiones colectivas mediante asamblea. En ese contexto, Ferril cuestionó la forma en que muchas compañías establecen sus vínculos institucionales.
«Lo que hacen hoy las empresas es hacer acuerdos con los gobiernos, tanto provinciales y municipales, y se olvidan de las comunidades que viven en el territorio. Nosotros llevamos un censo poblacional e identificamos a cada uno de nuestros comuneros y sabemos que podrían brindar servicios, podrían trabajar dentro de las empresas, pero que sean los primeros y protagonistas».
Consulta previa y participación comunitaria en proyectos mineros
Para la cacica, la consulta libre, previa e informada no es una formalidad, sino el instrumento mediante el cual la comunidad identifica dónde está el agua, qué espacios pueden cederse y quiénes podrían incorporarse a la actividad.
La cacica también ilustró el problema con casos concretos. La mina Concordia, cerrada hace más de 20 años en las inmediaciones de San Antonio de los Cobres, sigue contaminando por escurrimiento hacia Salinas Grandes. Fue una explotación de plomo y zinc operada a pala y pico, y su huella persiste décadas después del cierre.
«Más del 60% de la población de San Antonio de los Cobres toma agua del río todavía», advirtió, al describir cómo cada lluvia o golpe de viento arrastra ese legado tóxico sobre una población que no cuenta con otra fuente disponible.
Consecuencias sociales y sanitarias en San Antonio de los Cobres
El impacto social que describió fue igualmente contundente. San Antonio de los Cobres registra la tasa más alta de suicidio de la República Argentina. Las enfermedades de transmisión sexual se incrementaron y jóvenes de entre 25 y 40 años regresan al pueblo con cáncer de pleura, una patología asociada al contacto directo con las piletas de concentración minera.
«Hay mucho abuso infantil, porque las mamás y los papás se van a las mineras, y eso no está planificado«, señaló. La conclusión fue directa. «La minería va a seguir siendo de paso, no solo para los salteños, sino para los argentinos, y después nos va a dejar las enfermedades.»
Ferril no planteó una posición antiminera, sino una serie de condiciones concretas. Entre ellas, la firma de convenios marco con las comunidades y no con los gobiernos, una reglamentación sobre el uso de caminos y el tratamiento de residuos. Además de un régimen de cierre de minas que Argentina todavía no tiene normado.
«No es que nos opongamos… queremos un progreso, pero que se haga el convenio marco».
Normas ISO y sostenibilidad: por qué la confianza comunitaria se volvió un requisito para la minería
Frente a estos cuestionamientos, la discusión se trasladó al papel que pueden desempeñar los estándares internacionales. La doctora Mora Scarpino, especialista en sistemas de gestión de calidad y sostenibilidad, magíster en Ingeniería de Calidad y especialista en agenda de Diversidad, Equidad e Inclusión – DEI (conjunto de políticas y estrategias corporativas diseñadas para fomentar espacios laborales justos. En Argentina, busca eliminar sesgos vinculados al género, orientación sexual, edad, discapacidad y origen socioeconómico, garantizando la igualdad de oportunidades y un entorno libre de violencias), explicó por qué las normas ISO dejan de ser burocracia corporativa cuando se aplican al relacionamiento comunitario.
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Scarpino situó el análisis en una transformación de paradigma global. Las nuevas versiones de las normas 9001 y 1400 incorporan criterios cada vez más vinculados con la sostenibilidad, la gobernanza y el impacto social, ya no solamente como instrumentos internos de gestión de procesos. «Las empresas hoy no están siendo evaluadas en el comercio internacional ni por los organismos internacionales financieros sólo sobre la calidad de sus productos, sino por el impacto que tiene el hacer de estas empresas respecto al ambiente, respecto a las comunidades y en su propia gobernanza interna», explicó.
«El nuevo modelo de negocios es la ´innovación sostenible regenerativa’, y exige evidencia objetiva y no relatos. Las empresas deben demostrar cómo gestionan la restauración ambiental, la preservación de ecosistemas y su relacionamiento con las comunidades. «No basta con cumplir o decir que uno cumple con los estándares internacionales. Hoy hay que demostrarlo».
La confianza social como nuevo activo estratégico
La especialista fue enfática al referirse a la confianza como una variable estratégica. «Las empresas pueden cumplir todos los índices productivos que haya, pero si no recuperan la confianza de la comunidad, no va a haber posibilidad de este nuevo modelo de negocios», sostuvo. En ese contexto, el relacionamiento comunitario deja de ser una actividad aislada para convertirse en un proceso transformador. «Calidad, ambiente, gobernanza, relacionamiento comunitario forman parte de un mismo sistema de gestión», sintetizó.
Scarpino también advirtió sobre los límites de la tecnología. La inteligencia artificial, señaló, no resuelve por sí sola la discriminación ni la brecha de acceso. «Los algoritmos no solucionan la discriminación ni la brecha. Todas las comunidades deben tener acceso al desarrollo y a la educación sobre las nuevas pautas tecnológicas», afirmó.
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Auditorías ambientales en minería: los controles que existen pero no se aplican
El ingeniero Carlos Regalado, auditor de riesgo laboral y ambiental con 20 años de trayectoria, exdirector provincial de Transporte de Catamarca e integrante de comités de gestión de riesgo, aportó el diagnóstico más técnico y también el más incómodo.
«La mayoría de los proyectos mineros no cumple con los controles que la propia ley exige».
Regalado señaló que la normativa de higiene y seguridad laboral vigente en Argentina, desde su versión de 1972 hasta la última modificación de 2023, contempla todas las variables laborales relevantes. La ley ambiental también establece obligaciones claras. El problema, afirmó, está en la ejecución.
En sus dos décadas midiendo proyectos mineros, el ingeniero calculó que gran parte de las mediciones arroja resultados fuera de los parámetros exigidos. Sin embargo, aclaró que un resultado negativo no constituye en sí mismo el problema, sino el insumo para un proceso de mejora continua que, en la práctica, no ocurre.
La importancia de la línea de base ambiental
El ingeniero identificó una falla de origen estructural en la ausencia de una línea de base ambiental.
«Los proyectos se inician sin un relevamiento exhaustivo del estado previo del territorio, lo que impide determinar posteriormente qué impacto generó realmente la actividad. Si uno tuvo en cuenta el punto cero de dónde está, para establecer qué voy a afectar, de qué manera y cómo lo voy a controlar, ese compromiso tiene que estar basado, sin lugar a dudas, en lo que originalmente estaba».
Puso un ejemplo concreto. Si un informe de impacto ambiental inicial declara un consumo de 18.000 litros de agua dulce y la empresa consume 22.000, existe un desvío que debe informarse y corregirse. Ese mecanismo no funciona porque los informes ambientales bianuales que exige la normativa no reciben el seguimiento requerido.
Según Regalado, de acuerdo con el tipo de proyecto debería existir un informe ambiental mensual. La trazabilidad de residuos peligrosos constituye otro flanco abierto. La solución pasa por auditorías condicionantes, indispensables y de público conocimiento, con resultados publicados y accesibles.
Las enfermedades profesionales, advirtió, seguirán el mismo patrón diferido que la contaminación ambiental. La silicosis, los problemas toxicológicos ocupacionales y los trastornos ergonómicos pueden manifestarse 15 años después de la exposición, cuando el daño ya es irreversible, debido a que las mediciones semestrales que exige la ley directamente no se realizan.
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Los tres bloques del webinar convergieron en un mismo diagnóstico. La brecha entre el marco normativo disponible y su aplicación real en los territorios mineros argentinos es amplia, sostenida y tiene consecuencias humanas concretas. Las herramientas existen, los estándares internacionales avanzan y las comunidades tienen voz. Lo que falta, según los expositores, es la voluntad política y corporativa de integrar esos tres elementos en un proceso auditable, transparente y sostenido en el tiempo.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.