El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó un grueso de capitales mineros, pero le bajó el pulgar a un desarrollo clave de litio de u$s 273 millones. El trasfondo del rechazo, los números reales del sector y la línea que divide los desembolsos futuros de la producción en marcha.
La consolidación del RIGI en el sector extractivo argentino comenzó a mostrar sus primeros límites técnicos y operativos. En su último informe sectorial, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) reveló que, de 19 desarrollos mineros postulados ante las autoridades nacionales, uno solo fue formalmente desestimado por el Comité Evaluador.
Se trata del proyecto salteño Mariana, controlado por la corporación de origen chino Ganfeng Lithium, que preveía una inyección de u$s 273 millones.
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A pesar de que el sector minero representa casi la mitad de las carpetas totales presentadas ante el régimen (19 sobre 40 iniciativas globales), la desestimación de esta obra activó alarmas entre las empresas del sector. Sin embargo, la decisión oficial no responde a un freno generalizado para el mineral clave de la Puna, sino a una estricta incompatibilidad con la normativa legal que rige el tramo de los desembolsos de capital.
Los motivos técnicos detrás del rechazo de Ganfeng
La negativa gubernamental no se tradujo en una sorpresa de procedimiento burocrático para la mesa ejecutiva de la minera minera en Argentina. Cuando el Comité Evaluador lo comunicó, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en su cuenta de X que el yacimiento había arrancado en 2022 y se inauguró a comienzos de 2025, casi en simultáneo con la presentación al régimen. Por eso, según el funcionario, no reunía una condición de admisión: el compromiso de inversiones mínimas para los dos años siguientes.
Consecuentemente, el proyecto Mariana fue rechazado al no cumplir con el requisito de inversiones futuras exigido por la Ley de Bases, ya que la planta industrial estaba montada al momento de la solicitud.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aclaró que el RIGI busca incentivar nuevos proyectos, no otorgar beneficios fiscales retroactivos a obras ya ejecutadas. El Comité Evaluador basa sus revisiones en montos mínimos (u$s 200 millones), plazos de auditoría de 45 días y la prohibición de incluir proyectos ya productivos.
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El rechazo a Ganfeng Lithium fue una medida específica para el caso Mariana y no una sanción corporativa, ya que la empresa cuenta con otros proyectos aprobados. En términos generales, el RIGI avanza con 11 proyectos aprobados y 7 más en evaluación, concentrándose mayormente en el sector cuprífero, destacando inversiones de Glencore.
Para potenciar estas inversiones, el Ejecutivo prorrogó la adhesión al régimen hasta mediados de 2027. Paralelamente, el caso ha impulsado el debate sobre un denominado «Súper RIGI», una iniciativa legislativa que busca elevar los estándares de inversión mínima a u$s 1.000 millones y limitar los beneficios para ampliaciones de plantas existentes.
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