La sede central de la CNEA en Núñez fue escenario de una violenta intervención de la Gendarmería. Entre notificaciones de despido y reclamos por el vaciamiento del sector, la soberanía tecnológica argentina enfrenta una encrucijada política irreversible.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Gobierno Nacional oficializó la desvinculación de hasta 170 empleados de la CNEA este 1 de julio de 2026. La protesta gremial en la sede de Avenida del Libertador terminó con la intervención de 90 gendarmes, forcejeos y denuncias de vaciamiento en proyectos estratégicos como el reactor CAREM
El despliegue de Gendarmería en el corazón atómico de Núñez
En el barrio porteño de Núñez, lo que inició como una ocupación pacífica de los trabajadores por los despidos, terminó con un despliegue de fuerzas federales que no se veía hace décadas en el sector científico. Cerca de 90 efectivos de la Gendarmería Nacional, bajo órdenes directas del Ministerio de Seguridad, irrumpieron en el edificio de Avenida del Libertador 8250 para garantizar la salida del actual titular del organismo, el ingeniero Martín Porro.
Rodolfo Kempf, integrante de la institución y dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no anduvo con vueltas al describir la situación: “Nunca en la historia nos habían desalojado a palazos”. El dirigente denunció que, mientras los trabajadores pedían diálogo, la respuesta fue la fuerza bruta y los empujones en los pasillos de una entidad que debería ser orgullo nacional.
Desde el gremio, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó las desvinculaciones como una «canallada» y advirtió que lo que se busca es el vaciamiento liso y llano para una futura privatización. “Esto no es solo un tema de contratos; están rompiendo el acervo intelectual de 76 años de inversión soberana”, señalaron desde los pasillos del centro atómico.
El vaciamiento técnico detrás de los números oficiales
El discurso oficial, bajado por el vocero presidencial Adrián Ravier, intentó bajarle el precio al conflicto diciendo que no hubo despidos, sino «la no renovación de 61 contratos temporarios». Sin embargo, la realidad que se palpa en los laboratorios es otra. Los gremios y ex autoridades confirman que el número real de afectados asciende a 170 trabajadores con contratos precarios que vencían el 30 de junio.
La gestión libertaria asegura que el 100% de los desvinculados ingresaron en 2023 y que «no hubo despidos de ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado». Pero los nombres propios cuentan otra historia. Entre los despedidos figuran profesionales como Paula Alderete, técnica del laboratorio de microscopía en el Centro Atómico Constituyentes, y los ingenieros Lucas Di Donatis y Alejandro Valentín Coria, ambos miembros en la Gerencia de Área CAREM.
Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA, graficó la desprolijidad absoluta: muchos se enteraron de que perdían su puesto con apenas un día de anticipación a través de una simple notificación en el sistema de gestión estatal. ¿Cómo se puede pretender liderar el mercado de reactores modulares si echás a los que saben operar el instrumental? Es una contradicción que se lee entrelíneas como una maniobra para dejarle el campo libre a los intereses de afuera.
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El futuro del CAREM y el RA-10 en medio del ajuste
El Proyecto CAREM, ese reactor modular pequeño que iba a ser la envidia del mundo, hoy está prácticamente paralizado. Adriana Serquis, ex presidenta de la CNEA y actual diputada, fue tajante: «Esto no se puede llevar a cabo deteriorando aún más la institución y expulsando a los profesionales que tanto invertimos en formar. Dejen de mentir».
El presupuesto de la CNEA acumula una caída real del 32,9% respecto de 2023, mientras que la inversión en bienes de capital se desplomó un 53,4%. Estamos hablando de que la estructura del organismo se redujo un 57,83%, pasando de 645 a solo 272 cargos en la planta jerárquica.
Expertos advierten que el reactor RA-10, fundamental para producir radioisótopos contra el cáncer, también está en la cuerda floja por la falta de recursos para su puesta en marcha. Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche, explicó que estos despidos golpean directamente a la salud pública: “La mayoría de los proyectos que hacemos van destinados a tratamientos oncológicos”. Al final del día, si no tenemos quién opere estos reactores, vamos a terminar comprando medicina nuclear a precio dólar a los mismos que hoy festejan nuestro achicamiento.
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Una maniobra política de alcance nacional y subordinación externa
La sombra de Estados Unidos y el interés por los recursos uraníferos de Chubut y Mendoza sobrevuelan cada telegrama de despido. El propio Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, preparó el terreno tildando al organismo de «aguantadero de la política» antes de habilitar que empresas privadas recorran las instalaciones para ver qué activos les interesan.
El Gobierno apuesta a un cambio de modelo hacia las exportaciones de materia prima sin valor agregado. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, ya lo blanqueó: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”. Mientras tanto, en Zárate crece la preocupación por la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse, y que es superavitaria por más de 90.000 millones de pesos.
Ajuste fiscal
El desmantelamiento de la CNEA no debe leerse como un simple ajuste fiscal, sino como el abandono deliberado de una política de Estado que posicionó a la Argentina en el club exclusivo de las naciones con dominio tecnológico nuclear completo. Al expulsar al capital humano formado por décadas y paralizar proyectos como el CAREM, el país renuncia a su autonomía energética y se reposiciona como un mero proveedor de uranio para potencias extranjeras. La proyección a futuro es alarmante: la pérdida de estos cuadros técnicos es irreversible y condena a la industria nacional a una dependencia tecnológica que compromete no solo la generación eléctrica, sino también la soberanía sanitaria y el desarrollo científico de las próximas generaciones.
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