Andrea Lorena Romero, CEO de Emprendimiento María, cuestionó la etapa legal de los proyectos mineros, las condiciones para las pequeñas empresas y la relación entre los gobiernos provinciales y los grandes inversores internacionales. Según su relato, este esquema se repite en Salta, Jujuy y Catamarca.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La empresaria Andrea Lorena Romero sostiene que la fase legal es el principal obstáculo para el desarrollo minero y energético. Denuncia designaciones políticas, uso de prestanombres, controles ambientales condicionados y promesas de empleo que no se concretan. También advierte sobre el impacto de la automatización y reclama una ley específica para pequeños productores mineros, con requisitos diferenciados frente a las grandes inversiones internacionales.
La designación política como origen del problema
Andrea sostiene que el principal obstáculo para el desarrollo de la minería y la energía en las provincias del norte argentino no es la falta de capital ni de interesados extranjeros, sino un entramado de corrupción instalado desde el inicio de cada proyecto, en la llamada fase legal minera.
Según su relato, ese esquema se repite en Salta, Jujuy y Catamarca, y explica por qué numerosas iniciativas con inversión, ingeniería y financiamiento ya garantizados, terminan cajoneadas o directamente descartadas.
Romero ubica el núcleo del conflicto en la forma en que se cubren los cargos que controlan la actividad minera en la provincia de Salta. Señala que el Consejo de la Magistratura realiza un proceso de selección y conforma una nómina de candidatos aptos para el cargo de juez minero, tras lo cual el Poder Ejecutivo provincial elige entre los postulantes seleccionados y la designación requiere acuerdo del Senado. A su entender, esa estructura administrativa deja a la fase legal más expuesta a influencias políticas que a criterios estrictamente técnicos.
«Los proyectos que logran avanzar con rapidez suelen ser aquellos vinculados a personas cercanas al poder provincial, mientras que el resto queda expuesto a demoras de años. Suelen repartirse la torta y muchas veces te pasa que te quitan áreas inclusive. Existen mecanismos legales para desplazar a un productor de un área que descubrió, con el objetivo de reasignarla al mejor postor, al mejor estilo negocio inmobiliario de áreas”.
El entramado de prestanombres y la subordinación de los controles ambientales
Uno de los ejes centrales de su testimonio es la utilización de personas locales como fachada de empresas internacionales en licitaciones y adjudicaciones. Romero ejemplifica el mecanismo con un caso hipotético, en el que una compañía extranjera contacta a un referente local para presentarse como ganadora de un proceso. “Ganó la empresa internacional con la que arregló Juancito”, ilustra, describiendo cómo la comunidad celebra el triunfo de un nombre conocido sin saber que detrás opera un capital extranjero.
Este patrón, según su descripción, también alcanza a los controles ambientales. Las compañías contratan estudios de pasivo ambiental a firmas locales que terminan condicionadas por el volumen de dinero involucrado. “Billetera mata galán”, resume, al referirse a la distorsión de esos informes.
La brecha entre los anuncios de empleo local y la contratación extranjera
Romero también cuestiona con dureza los anuncios de creación masiva de puestos de trabajo que acompañan el lanzamiento de proyectos mineros y energéticos. Según su experiencia como postulante y como empresaria del sector, las convocatorias suelen exigir perfiles con requisitos difíciles de cubrir en el país, lo que en la práctica habilita la contratación de profesionales extranjeros.
La empresaria comenta haber enviado postulaciones a bases de datos de empresas grandes sin obtener respuesta, lo que interpreta como una simulación de proceso de selección. Añade que la incorporación efectiva de mano de obra local queda limitada, en general, a la etapa de construcción de campamentos, cuando intervienen gremios como la UOCRA, y a tareas de limpieza o albañilería.
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El impacto de la automatización en el rendimiento de los puestos de trabajo
Otro de los puntos que la empresaria plantea como preocupación es la reducción de personal asociada a la automatización. Cita el caso de Vaca Muerta, donde según sus datos la cantidad de trabajadores necesarios para producir un millón de toneladas de petróleo bajó de 189 a 122 personas en los últimos años.
La empresaria compara esa evolución con Estados Unidos, donde el mismo indicador habría pasado de 77 a 22 trabajadores tras la incorporación de inteligencia artificial. «¿Qué va a suceder si eso lo trasladamos aquí a la Argentina'», plantea al proyectar el mismo proceso sobre la actividad local. Romero remarca, no obstante, que la tecnología requiere supervisión humana constante y que las fallas son parte del funcionamiento de cualquier sistema automatizado.
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El quiebre de la licencia social ante los antecedentes de pasivos ambientales
Como consecuencia, la empresaria vincula la falta de transparencia con el rechazo social que enfrentan distintos proyectos. Menciona el caso de Bajo La Alumbrera, en Catamarca, como antecedente de contaminación que explica la resistencia actual de la comunidad frente a nuevas iniciativas, entre ellas Agua Rica.
Sobre este último proyecto, señala que los informes de impacto ambiental fueron observados en más de cien puntos y cuestiona que esas correcciones puedan resolverse dentro del plazo de treinta días que establece la normativa. Romero también hace referencia a los hechos ocurridos en Andalgalá, donde hubo represión y detenciones de mujeres durante manifestaciones contra la actividad minera.
«La falta de licencia social responde a una comunicación deficiente por parte de las empresas, que priorizan el acuerdo con el gobierno de turno por sobre el diálogo con las comunidades del área de influencia del proyecto«, afirma.
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Frente a este panorama, Romero plantea una demanda concreta dirigida a los legisladores provinciales con competencia en materia minera.
“Los legisladores deberían proponer un proyecto que contemple a los pequeños productores mineros, porque muchos no podemos acceder al RIGI ni afrontar inversiones de millones de dólares”, plantea y remarca que “de ninguna manera nos pueden poner al mismo nivel y altura ni en cuanto a los cánones ni en cuanto a las exigencias”.
Un sistema atravesado por decisiones políticas
El testimonio de Romero describe un sistema donde el cuello de botella no está en la disponibilidad de recursos naturales ni en la falta de interés de inversores, sino en una fase administrativa atravesada por decisiones políticas. Su reclamo final, dirigido a los cuerpos legislativos provinciales, busca abrir una vía formal para que los productores locales de menor escala puedan participar de una actividad de la que hoy, según su relato, quedan sistemáticamente excluidos.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.