En el marco de las discusiones sobre la desregulación económica y la propiedad rural en el país, la posición de las provincias mineras vuelve al centro de la escena. Ante cualquier intento de flexibilizar la normativa vigente, el Secretario de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Cristian Andino, fijó la postura territorial de San Juan: «Inversión sí, pérdida de control territorial no».
La tierra en el centro de la pelea
San Juan debate proyectos estratégicos de cobre, litio, cales, agua, infraestructura vial y zonas de frontera. Por este motivo, desregular sin límites la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros no puede interpretarse como una mera medida de atracción de inversiones, sino como una decisión que impacta de forma directa en la soberanía, la planificación y los recursos naturales de la provincia.
«Lo que cuestiono es que, bajo el argumento de atraer inversiones, el Estado renuncie a herramientas que le permiten saber quién compra, dónde compra, para qué compra y qué recursos quedan comprometidos».
Un esquema de inversiones con control del Estado
La postura planteada no busca obstaculizar la llegada de capitales, sino exigir reglas, límites y mecanismos de fiscalización. Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras no prohíbe la inversión extranjera, sino que fija un techo del 15% para la titularidad o posesión de superficie en manos de personas físicas o jurídicas de otros países.
Frente a las propuestas de desregulación, la defensa de la normativa pone el foco en la vulnerabilidad hídrica y geográfica de la región. En ese sentido, Andino remarcó las particularidades del territorio sanjuanino al señalar que “San Juan tiene recursos hídricos escasos, zonas cordilleranas, áreas productivas y yacimientos minerales de enorme valor. La provincia debe tener la capacidad de decisión sobre esos territorios”.
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El impacto de la propiedad rural en la minería sanjuanina
Esta preocupación radica en cómo el uso del suelo condiciona la logística y los proyectos de la industria extractiva. Al analizar las consecuencias de una concentración de hectáreas en áreas clave, la advertencia apunta al margen de maniobra del sector público: “Cuando una empresa controla grandes extensiones de tierra en zonas estratégicas, el Estado pierde capacidad de planificación territorial”, advirtió Andino.
Ese es el punto más sensible para una provincia minera. San Juan busca atraer capitales, pero sin quedar encerrada en una lógica donde la superficie, los accesos, las servidumbres y las decisiones logísticas queden concentrados en pocas manos.
Asimismo, la agenda de desarrollo minero no se limita a la titularidad de la tierra, sino al derrame económico que las operaciones deben generar en la comunidad local. De cara a los futuros marcos de inversión, la postura política busca garantizar condiciones concretas para la provincia: «Voy a defender una agenda muy clara para San Juan: más empleo para los sanjuaninos, más participación de proveedores locales, infraestructura financiada con la renta minera, cuidado del agua y reglas que garanticen que la riqueza que generan nuestros recursos naturales permitan el desarrollo integral de nuestra provincia”.
Ejes clave del dominio territorial en la minería sanjuanina
Autonomía sobre recursos estratégicos: San Juan posee cuencas hídricas escasas, áreas de alta montaña y yacimientos minerales de clase mundial que demandan una capacidad de decisión provincial prioritaria.
Dominio del subsuelo versus superficie: Si bien el artículo 124 de la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos minerales, la concentración de la superficie en manos privadas puede condicionar servidumbres, accesos, trazados viales e infraestructura logística.
Capacidad de planificación: La acumulación de hectáreas en áreas estratégicas reduce la capacidad del Estado para ordenar el territorio de manera sustentable y previsible.
Desarrollo de la cadena de valor: Se reclama que los regímenes de inversión contemplen compromisos verificables en materia de empleo local, desarrollo de proveedores provinciales e infraestructura pública.
Dominio territorial antes de la llegada de las inversiones
En conclusión, la protección del dominio territorial en las zonas cordilleranas no se opone al desarrollo económico, sino que busca garantizar que la llegada de inversiones mineras se traduzca en una plataforma de desarrollo integral para la provincia, con reglas claras para la preservación de los recursos naturales y la soberanía local.
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