Argentina y Chile reactivarán a fines de agosto el Tratado Minero para destrabar proyectos cordilleranos. El acuerdo binacional busca movilizar más de USD 20.700 millones en inversiones y sumar 540.000 toneladas anuales de cobre.

Las administraciones de la Argentina y Chile se alistan para concretar a fines de agosto una reunión clave de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera.
El acuerdo binacional, firmado originalmente en 1997, es la pieza operativa indispensable para viabilizar una cartera de megaproyectos cordilleranos estimada en más de 20.700 millones de dólares. Según proyecciones del gobierno trasandino, la reactivación del instrumento normativo permitirá incorporar al mercado internacional unas 540.000 toneladas anuales de cobre refinado.
La reactivación de una agenda estratégica en la alta cordillera
Tras un primer encuentro celebrado durante el mes de julio en Buenos Aires, ambas naciones confirmaron que a fines de agosto sesionará nuevamente. El objetivo central de este nuevo encuentro binacional será destrabar protocolos adicionales y normativas específicas para una serie de proyectos de gran escala que llevan años atrapados en tramitaciones administrativas, barreras aduaneras y vacíos de coordinación fronteriza.
El ministro de Minería de Chile, Daniel Mas, fundamentó la urgencia de revitalizar este acuerdo. En este marco, el funcionario intervino en un seminario académico de Clapes UC. Allí, detalló el impacto económico del pacto: «Esta reactivación nos permitirá materializar más de 20.700 millones de dólares en inversiones proyectadas». Además, remarcó que el volumen productivo sumará 540.000 toneladas anuales de cobre al mercado.
Ciertamente, el tratado nació para poder asegurar la continuidad de los grandes depósitos de pórfidos de cobre y oro en la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. «Una parte muy importante de la cartera de proyectos mineros cordilleranos directamente no existiría sin este pacto. Es elemental para el camino al nuevo boom de producción, y no podemos perder la oportunidad», enfatizó el funcionario chileno.
A su vez, es el único instrumento jurídico de su clase en el mundo. Su función primordial es otorgar un marco de facilidades operativas a empresas que desarrollan yacimientos transfronterizos o que requieren infraestructura compartida.

Integración logística y operatividad sin fronteras
Entre los aspectos neurálgicos que regula la normativa destacan:
- Facilitación fronteriza: Tránsito simplificado de personal, maquinarias e insumos entre ambos lados de la frontera.
- Uso de recursos hídricos e infraestructura: Compartición de caminos de cordillera, líneas de alta tensión, acueductos y logística portuaria (fundamental para los proyectos argentinos que buscan salir al Océano Pacífico).
- Compatibilidad tributaria y aduanera: Definición del tratamiento fiscal para evitar la doble imposición sobre el mineral extraído o los bienes importados para la construcción de los yacimientos.
Para San Juan, el avance en la letra chica del tratado resulta determinante. Complejos de escala mundial dentro del distrito Vicuña o megaproyectos como El Pachón dependen de protocolos adicionales de integración para garantizar la factibilidad de sus obras y acortar los plazos de construcción hacia 2027 y 2028.
La meta chilena de los 6 millones de toneladas y las reformas de mercado
La aceleración de las conversaciones con la Argentina se enmarca dentro de una estrategia integral del gobierno chileno para recuperar dinamismo productivo. Actualmente, la producción de cobre del vecino país se encuentra estancada en una banda de entre 5 y 5,5 millones de toneladas anuales, y la meta oficial busca elevar esa cifra de forma sostenida hasta alcanzar el techo de los 6 millones de toneladas.
Para viabilizar este salto en el volumen físico y atraer a los grandes fondos de inversión, la administración trasandina acompaña la reactivación del tratado binacional con un paquete de reformas estructurales internas:
- Rebaja de la presión fiscal: Reducción gradual del impuesto corporativo a las empresas del 27% al 23%. Sumado a la restitución de la invariabilidad tributaria por plazos de hasta 25 años para proyectos mineros estratégicos.
- Celeridad en permisología (Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales): Un esquema normativo orientado a acortar entre un 30% y un 70% los tiempos administrativos de aprobación ambiental y de construcción.
- Optimización reglamentaria: Ajustes técnicos a las normativas de Seguridad Minera, Ley de Cierre de Faenas y depósitos de relaves.
- Impulso a la exploración junior: Creación de una mesa técnico-privada para simplificar el régimen de patentes mineras y facilitar el acceso a capital de riesgo a empresas exploradoras.
Cobre estratégico para la transición energética global

La urgencia de ambos gobiernos por aceitar los mecanismos institucionales responde a las proyecciones del mercado internacional. En este sentido, la demanda global de cobre se encamina a un ciclo de déficit estructural, empujado por la electrificación de las economías. A su vez, este fenómeno se acelera a causa del crecimiento de la electromovilidad, sumado a la expansión de parques de energía renovable y la construcción masiva de centros de datos (data centers) para sostener la inteligencia artificial.
Asimismo, la franja andina compartido entre la Argentina y Chile alberga una de las reservas no desarrolladas de cobre más grandes del planeta. De esta forma, la reunión de la Comisión Administradora a fines de agosto marcará el ritmo con el que los dos países transformarán esa riqueza geológica en la cordillera en divisas, proveedores locales y empleo industrial calificado para la región.
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Libro del Tratado Binacional de 1997

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