El tablero minero transandino vuelve a moverse al ritmo de los tribunales. En esta oportunidad, la justicia chilena dictó un fallo de alto impacto que golpea directamente a las operaciones de Minera Caserones, controlada por la canadiense Lundin Mining, obligándola a desembolsar una indemnización millonaria.
millones de dólares, el caso revive un capítulo espinoso y estratégico para la industria de la cordillera: el ambicioso y trunco plan de abastecer de recursos hídricos a un yacimiento chileno utilizando cuencas del lado argentino.
Para entender la magnitud de este revés corporativo, resulta clave desmenuzar los hilos invisibles que conectan los grandes contratos de ingeniería, los tratados internacionales y los costos de litigar en la alta montaña.
El quiebre con Sitac y el origen del conflicto
El conflicto se remonta a 2012, cuando ambas compañías firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) no vinculante para que Lumina comprara agua del «Proyecto Binacional de Suministro de Agua Industrial Río Salado», desarrollado por Sitac. Dos años más tarde, la decisión de Lumina de retirarse del acuerdo desató una demanda judicial por responsabilidad extracontractual. Sitac le reclamó USD 5,6 millones tras alegar que la minera abandonó el proyecto sin justificación, luego de que la proveedora ejecutara inversiones sobre la expectativa del contrato.
A fines del 2024 el tribunal condenó a Lumina a pagar 2 millones de dólares, por considerar que la firma había generado «expectativas injustificadas» en Sitac al no cumplir con su deber de informar adecuadamente sobre su decisión de abandonar las negociaciones. La minera apeló la sentencia y rechazó la acusación.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó esta sentencia en primera instancia, y Lundin tendrá que pagarle a Sitac una indemnización de US$ 2 millones.
Tras años de litigio, los tribunales dieron la razón a la consultora de ingeniería. La justicia determinó que la minera faltó a los compromisos estipulados en los contratos del proyecto, sentando un precedente lapidario sobre la responsabilidad que deben asumir las grandes operadoras frente a sus proveedores y contratistas locales.
La sombra del agua transfronteriza y el Tratado Minero
Si bien el litigio resuelto en los estrados chilenos posee un carácter estrictamente civil y comercial derivado de la ruptura contractual, el trasfondo del caso reabre un debate histórico. En su momento, la idea de captar recursos hídricos desde el otro lado de la cordillera se amparaba formalmente en el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.
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Los desafíos de operar en la alta cordillera
- Resistencia social y política: La extracción de recursos naturales limítrofes suele chocar con fuertes reparos comunitarios a ambos lados de la cordillera.
- Complejidad técnica: Mover agua a grandes alturas y a través de barreras geográficas monumentales multiplica los riesgos financieros.
- Garantías contractuales: Los contratos de ingeniería temprana requieren una precisión milimétrica para evitar quiebres comerciales cuando los proyectos se vuelven inviables.
En la actualidad, Caserones dejó atrás aquel anhelo transandino y sostiene su operación mediante fuentes subterráneas locales y una intensa recirculación que bordea el 80% del recurso hídrico en sus procesos. Sin embargo, el coletazo judicial demuestra que los errores del pasado cuestan caro, cobrándose ahora en los tribunales chilenos por la vía del incumplimiento de acuerdos.
Un llamado de atención para los gigantes mineros
Para Lundin Mining, este fallo representa un recordatorio inoportuno. Mientras la compañía consolida su presencia en suelo argentino, donde opera de la mano de BHP en el codiciado distrito cuprífero Vicuña, abarcando proyectos de la magnitud de Josemaría en San Juan y Filo del Sol, los fantasmas legales en Chile demuestran que la gestión corporativa no admite flancos abiertos en materia de contratos.
La industria mira de cerca este veredicto. Los contratos de ingeniería ya no son simples trámites burocráticos previos a la construcción, sino compromisos financieros pesados donde un traspié se paga con millonarias indemnizaciones. Al final del día, la cordillera no perdona los acuerdos rotos, y la justicia chilena se encargó de dejarlo por escrito.
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