Desde las inspecciones en terreno hasta el seguimiento de los cierres, Policía Minera controla el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada proyecto. La transición hacia el cobre suma nuevas tecnologías y procesos que requieren capacitación específica de los fiscalizadores.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Policía Minera planifica controles según la actividad, la temporada y los recursos disponibles, mientras verifica los compromisos asumidos por cada empresa en su Declaración de Impacto Ambiental. Roberto Luna sostiene que el inspector en terreno sigue siendo indispensable y plantea que el avance del cobre obligará al organismo a incorporar conocimientos sobre procesos y tecnologías diferentes a los utilizados en la minería aurífera.
El control no termina en los expedientes
La expansión de los proyectos mineros obliga a mirar también la capacidad que tendrá el Estado para fiscalizarlos. Para el Licenciado Roberto Luna Director de Fiscalización y Control Ambiental Minero, una parte central del trabajo consiste en verificar que aquello que una empresa comprometió ante la provincia efectivamente ocurra en el terreno.
El punto de partida es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las obligaciones particulares establecidas para cada proyecto. Allí pueden quedar comprendidos requerimientos técnicos, ambientales y sociales que luego forman parte del seguimiento. “Cuando volvemos es a verificar que lo que estableció la empresa con el Gobierno se lleve a cabo. Son requerimientos puntuales que la empresa se comprometió a cumplir”, explicó Luna.
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El crecimiento de una operación puede modificar las condiciones bajo las cuales fueron planificadas determinadas tareas. Según el funcionario, cuando las obras avanzan, se amplían o aparecen nuevas necesidades, algunos requerimientos inicialmente previstos pueden requerir mayor atención durante la fiscalización.
La documentación, sin embargo, constituye solamente una parte del control. Luna coloca a la inspección presencial como la herramienta central para determinar qué ocurre efectivamente en cada emprendimiento. “Podemos tener más técnicos, más tecnología, drones, un montón de cosas. Pero es fundamental el ojo del inspector con su experiencia controlando todo”, sostuvo el funcionario.
Un calendario condicionado por la cordillera y los recursos disponibles
La Policía Minera organiza las inspecciones mediante una planificación anual, otra estacional y una tercera semanal. La frecuencia se establece según las características y dimensiones de cada emprendimiento. Luna señaló que «el Código de Minería obliga a concurrir al menos una vez por año a cada emprendimiento y es el organismo el que establece su propio esquema de fiscalización de acuerdo con las características de la actividad«.
La temporada cordillerana introduce otra variable. “Si en los meses de verano trabajan los proyectos de altura, que son aproximadamente 50, tenemos una planificación estacional y también una planificación semanal”, detalló. Ese esquema semanal queda sujeto a la disponibilidad de personal, vehículos y otros recursos materiales para realizar las salidas.
La fiscalización también requiere comprobar obligaciones vinculadas con otras reparticiones provinciales. Luna mencionó permisos sectoriales correspondientes, entre otras áreas, a Hidráulica y la Secretaría de Ambiente. “Sería muy fácil acoplarnos a nuestra área y nada más, o simplemente llamar a ver qué están haciendo los otros pero no es correcto. Nosotros tenemos que comprobarlo en el lugar”, afirmó.
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El cierre empieza durante la vida útil de la mina
El cierre de una mina no comienza cuando termina la producción. Según explicó Luna, «debe formar parte de la planificación desde el inicio porque la explotación trabaja sobre un recurso finito y las condiciones de una operación pueden cambiar considerablemente durante su vida útil».
Un proyecto inicialmente pensado para varias décadas puede ampliar sus recursos, extender su operación o incorporar nuevas áreas. Por esa razón, el esquema de cierre también necesita actualizarse durante la vida de la mina. “Generalmente, las minas a nivel mundial siempre se amplían, porque se encuentran más recursos y se aprovechan más. Por lo tanto, el cierre se va extendiendo”, por esa razón, el esquema de cierre también necesita actualizarse durante la vida de la mina.
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Frente a esa dinámica, Luna describió la aplicación en San Juan de cierres parciales progresivos sobre sectores que ya no serán utilizados. Esas intervenciones se ejecutan mientras otras partes de la mina continúan activas. “Sectores que nosotros y la empresa ya comprobamos que no se van a usar nunca más, se les tiene que dar el cierre, arreglar lo que ya no va a entrar ni a utilizarse más”, explicó.
El procedimiento permite distribuir las tareas antes del cierre definitivo. Luna indicó que esto reduce posteriormente los recursos, el tiempo y los costos necesarios para completar el proceso. Las intervenciones dependen de las condiciones de cada sitio y pueden incluir trabajos de recuperación ambiental o modificaciones físicas sobre áreas que dejaron de utilizarse.
Cuando Policía Minera detecta un incumplimiento, realiza un seguimiento para que la empresa ejecute las correcciones correspondientes. “A mí no me sirve penalizar, colocar una infracción y que algún día la paguen. Nosotros queremos que arreglen”, afirmó y explicó que «ese procedimiento puede continuar mediante visitas periódicas y acompañamiento técnico para comprobar que las tareas previstas en el cierre se ejecuten».
La línea base permite distinguir cambios ambientales
Dentro de la Secretaría de Gestión Ambiental se realizan monitoreos específicos sobre variables como cursos de agua superficial y material particulado. Los resultados se comparan con las condiciones registradas antes del desarrollo de cada proyecto. Esa referencia corresponde a la línea base ambiental, elaborada durante las etapas iniciales para registrar las características existentes en el área antes de la operación minera.
“Podemos medir en el agua algo anómalo, que quizás es anómalo para otro lugar, pero ahí siempre estuvo. Esa línea base tiene que estar muy completa para después ir midiendo y comparando”, explicó Luna y remarcó que «los plazos de monitoreo posteriores dependen de las características de cada proyecto, del impacto registrado y de las condiciones en las que haya quedado el sitio».
El cobre incorpora nuevas exigencias para la fiscalización
El avance tecnológico de las empresas también modifica las herramientas que Policía Minera necesita dominar para fiscalizar. Luna mencionó como ejemplo el uso de drones e imágenes georreferenciadas, información que los inspectores deben estar en condiciones de interpretar durante los controles.
Esa actualización también alcanza a los procesos mineros. San Juan avanza hacia proyectos cupríferos que incorporan tecnologías y requerimientos diferentes de los que los equipos de fiscalización conocen por su experiencia en operaciones auríferas. “Estamos cambiando de un modelo oro a cobre. Son recursos distintos, exigencias diferentes, tecnologías distintas; entonces hay que estar en forma permanente capacitándose y aprendiendo”, explicó Luna.
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En ese proceso, Policía Minera tiene planificado impulsar intercambios regionales entre organismos fiscalizadores para conocer cómo trabajan otras provincias con minerales y procesos que todavía no forman parte de la experiencia habitual de los inspectores sanjuaninos. Según explicó Luna, la intención es trasladar y adaptar esos conocimientos a San Juan para avanzar hacia procedimientos de fiscalización similares entre las provincias, con criterios y exigencias comunes a nivel nacional.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.