El plenario de comisiones de Minería y Ambiente comenzó el análisis de dos proyectos para reformar el Código de Minería. Buscan fijar garantías ambientales, seguridad jurídica y evitar que el Estado financie los pasivos del sector.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Senado de la Nación inició el debate de una ley nacional de cierre de minas para establecer presupuestos mínimos de remediación ambiental en Argentina. La iniciativa busca dar previsibilidad jurídica a proyectos maduros e inversiones del RIGI, exigiendo garantías financieras para proteger las comunidades y el entorno.
Consenso legislativo para actualizar el Código de Minería
El plenario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidido por la senadora Flavia Royón, junto a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conducida por la senadora Edith Terenzi, retomó la discusión legislativa para regular de forma integral el cierre de minas en el país. La reunión plenaria tuvo como objetivo central coordinar el tratamiento de dos proyectos de ley que proponen incorporar un capítulo específico al Código de Minería de la Nación.
“En los próximos años se van a dar cierres de mina en la Argentina, de minas que ya están en sus estadios finales. Necesitamos tratar esta temática para que haya una línea uniforme en nuestro país sobre el cierre de minas para dar certidumbre también jurídica a los proyectos que hoy están comenzando y que están en marcha”
“El primer artículo que se incorpora a partir de este proyecto al Código de Minería habla del objeto de este proyecto y dice que es establecer un régimen de procedimientos, métodos y estándares requeridos para asegurar física y financieramente el adecuado cierre y postcierre de minas, con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, remarcó Terenzi.
El impacto inminente en proyectos maduros e inversiones del RIGI
Según expuso el senador Flavio Fama, autor de uno de los proyectos junto con Edith Terenzi, basado en la propuesta del Consejo Federal de Minería, la Argentina cuenta actualmente con 6 a 7 proyectos mineros maduros previstos para finalizar sus operaciones productivas en los próximos 2 a 3 años. Esta situación se evidencia principalmente en provincias con histórica trayectoria extractiva como Santa Cruz, Jujuy y Catamarca.
A la par del declive de estos depósitos, el marco legal busca dar respuesta a la masa de capitales que ingresará a la actividad. La articulación con herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) proyecta desembolsos cercanos a los 50.000 millones de dólares en el sector minero. Al desarrollarse iniciativas proyectadas a 20 o 30 años, los senadores coincidieron en que la exigencia de garantías financieras y la planificación de la remediación deben constituirse desde el inicio de las operaciones.
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Actualmente, el panorama regulatorio muestra una clara asimetría territorial, ya que solo algunas provincias poseen legislación provincial específica sobre el cierre de sus faenas. Por este motivo, la propuesta parlamentaria busca estructurar una ley nacional de presupuestos mínimos que otorgue un piso homogéneo de control sin avasallar las competencias provinciales ni el poder de policía de cada jurisdicción.
Santa Cruz es la única provincia que tiene una legislación específica para el cierre de minas. Catamarca utiliza resoluciones locales y antecedentes de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.585 de protección ambiental para regular el cese de labores. San Juan se rige por los códigos de procedimientos locales y normativas nacionales, mientras persisten proyectos legislativos en debate.
Pasivos ambientales y las lecciones del proyecto Pramu
En el marco del plenario, Flavio Fama presentó las conclusiones de un informe elaborado por el auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN), Luis Naidenoff, centrado en el examen del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (Pramu). Dicho documento expone las consecuencias derivadas del vacío normativo histórico en la remediación de pasivos ambientales en el país.
El relevamiento oficial determinó que de un total de 26 minas de uranio inactivas registradas en la Argentina, únicamente la mina ubicada en Guaymallén (provincia de Mendoza) logró completar su proceso de remediación. La totalidad de las erogaciones financieras requeridas para sanear dicho pasivo debió ser afrontada por el Estado Provincial y el Estado Nacional.
“Si nosotros somos laxos en ese control, quien termina pagando el cierre de mina es el Estado. Es el Estado el que tiene que estar presente para resolver los problemas que no se resolvieron en su debido momento”, advirtió Fama. El legislador citó las falencias observadas por la AGN en la planta de Mendoza, entre las que sobresalen la ausencia de planificación desde el comienzo de la actividad, la falta de fondos específicos y la escasa participación ciudadana.
Debate por las garantías financieras y la participación ciudadana
La discusión de comisiones permitió contrastar los dos proyectos de ley presentados en la Cámara Alta. La segunda iniciativa, impulsada por la senadora Lucía Corpacci junto a Alicia Kirchner y Jorge Capitanich, introduce diferencias sustanciales en materia de penalidades, fiscalización contable y audiencias públicas.
Corpacci recordó la experiencia pionera de Catamarca en 2016 con el cierre del yacimiento Minera Alumbrera. “Nos encontramos con que no había proyecto de cierre de mina, no porque no se quisiera, sino porque este tema del cuidado del medio ambiente es de los últimos 40 o 50 años”. La senadora cuestionó la supresión del artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras planteada en el dictamen previo, norma que permite a las firmas deducir de ganancias hasta un 5% de los costos operativos para constituir previsiones ambientales. Fama aclaró al respecto que dicha derogación buscaba evitar duplicaciones normativas, manifestando la predisposición de su bloque a revisar ese punto.
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En materia de resguardos económicos, Corpacci demandó diferenciar los niveles de exigencia según la escala del proyecto. Solicitó esquemas flexibles para canteras locales frente a los requerimientos aplicados a las grandes explotaciones. Además, defendió la necesidad de implementar simultáneamente la previsión contable mensual y las garantías financieras ejecutables. Estas por medio de herramientas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores o la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En relación con el régimen sancionatorio, el proyecto de Corpacci tipifica la ejecución de un cierre físico no autorizado como un delito penal y civil, mientras que la propuesta de la Unión Cívica Radical lo encuadra en faltas administrativas dentro del Código de Minería. Respecto a los incumplimientos en la presentación de planes técnicos y presupuestarios planteó la facultad del Estado Provincial de aplicar una retención de hasta el 20% adicional como fondo de reserva. Finalmente, la legisladora exigió que las audiencias públicas posean un carácter formativo e instructivo para las comunidades locales y no se limiten a meros trámites informativos.
Por su parte, el senador por San Juan, Bruno Olivera Lucero, valoró la consolidación productiva del sector y abogó por actuar con cautela al modificar un código de fondo. Lucero cuestionó la figura del fideicomiso obligatorio, advirtiendo sobre la inmovilización de fondos prolongada durante décadas y las dificultades para designar un administrador ajeno a las partes. “La minería dejó de ser una ilusión para transformarse en una realidad”, afirmó, ratificando su disposición a lograr un proyecto equilibrado que garantice las inversiones.
Hoja de ruta parlamentaria y próximos pasos
Al cierre del plenario, las comisiones acordaron un esquema de trabajo para alcanzar un proyecto unificado. A propuesta de Edith Terenzi y Jorge Capitanich, se decidió distribuir a todos los integrantes el dictamen emitido el año anterior para utilizarlo como base de discusión.
Flavia Royón confirmó que en un lapso de 15 días se convocará a una nueva reunión de comisiones con la participación de especialistas técnicos, autoridades provinciales, miembros del COFEMIN y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo final será consensuar un texto que otorgue certidumbre operativa a la industria y asegure estándares ambientales de primer nivel internacional.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.