ANÁLISIS
El Código Internacional para el Manejo del Cianuro es el estándar más riguroso de la industria para evitar tragedias ambientales. Qué exige, quién lo controla y cuáles son los verdaderos resultados de las auditorías a las minas de oro y plata en Argentina.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Código Internacional para el Manejo del Cianuro es un programa voluntario de certificación trianual que regula la adquisición, transporte, uso y remediación del cianuro en la minería de oro y plata. Nacido bajo el amparo de la ONU, obliga a cumplir límites analíticos estrictos bajo auditorías públicas independientes.
El origen de una norma técnica que transformó la minería metalífera
Para entender el contexto, la minería de oro y plata a gran escala depende de procesos hidrometalúrgicos de lixiviación donde el reactivo principal exige un control de ingeniería milimétrico. Durante la década de 1990, diversos incidentes con soluciones cianuradas en Estados Unidos, Guyana y Kirguistán pusieron en jaque la credibilidad técnica de los controles operativos.
El quiebre definitivo sobrevino en enero de 2000 en Rumania. El desborde de la presa de jales de la mina aurífera Aurul vertió cerca de 100.000 m³ de pulpas y efluentes cianurados a los cursos tributarios del río Danubio. Las fuentes institucionales confirman que no hubo víctimas humanas directas, pero el episodio ocasionó una mortandad masiva de peces y precipitó una reacción institucional de escala planetaria.
A raíz de esta emergencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) convocó junto al antiguo Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente un taller de expertos en París. La consigna fue diseñar una respuesta estructural para la actividad metalífera, que se formalizó en marzo de 2002.
Para darle cuerpo operativo permanente a esta regulación, en 2003 se fundó en Washington el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI), corporación sin fines de lucro encargada de administrar y supervisar su aplicación.
El derrame en San Juan y el impacto en la certificación de Veladero
El derrame de solución cianurada en San Juan estuvo comprobado por peritajes oficiales, admisiones de la propia empresa y auditorías gubernamentales. El incidente ocurrió entre el 12 y 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero operada por la compañía canadiense Barrick Gold. En marzo de 2015 la operación obtuvo su segunda recertificación otorgada por el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI) y la última, bajo el Código Internacional para el Manejo del Cianuro, fue el 20 de octubre de 2025.
Los hechos comprobados del derrame de 2015
- La cantidad derramada: Auditorías e informes periciales revelaron que el volumen total vertido fue de 4.680.000 litros de solución cianurada con metales pesados.
- La causa técnica: Se originó por la rotura de una válvula en una cañería del valle de lixiviación y una negligencia operativa.
- Los ríos afectados: Un peritaje oficial realizado por la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó la contaminación en cinco ríos de la cuenca del Río Jáchal (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, La Palca y Las Taguas). Además del dique Cuesta del Viento. El informe demostró la violación flagrante de la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051).
Situación judicial y multas
- Sanciones económicas: El gobierno de San Juan impuso en su momento una multa administrativa a Barrick Gold por un valor superior a los 145 millones de pesos, equivalente a unos 10 millones de dólares en esa fecha, debido a las infracciones del Código de Minería.
- En mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia dividió las competencias de la investigación en dos fueros. La Justicia de San Juan y Justicia Federal (Comodoro Py). En 2018, el juez federal Sebastián Casanello procesó y posteriormente elevó a juicio oral a los siguientes exfuncionarios: Jorge Mayoral, exsecretario de Minería de la Nación; Sergio Lorusso, exsecretario de Medio Ambiente; Beatriz Domingorena, exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. A pesar de la elevación a juicio dispuesta años atrás, el debate oral y público en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, nunca llegó a concretarse. La jueza declaró la prescripción de la acción penal por haberse vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados en un «plazo razonable».
La Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso extraordinario, habilitando formalmente el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, el máximo tribunal tiene la responsabilidad de dictaminar la validez de la doctrina del «plazo razonable» aplicada en este expediente frente al deber que tiene el Estado de investigar de forma efectiva la negligencia y los delitos ambientales en la función pública.
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El propósito y la arquitectura de los nueve principios operativos
El objetivo primordial del Código consiste en perfeccionar la gestión integral del reactivo utilizado en las faenas auríferas y argentíferas. Este rubro fue incorporado de manera oficial en 2017, priorizando la preservación de la salud de los operarios y la mitigación de cualquier impacto ecosistémico. «El objetivo del Código del Cianuro es mejorar el manejo del cianuro utilizado en la minería del oro y la plata y mejorar la protección de la salud humana y la reducción de los impactos ambientales», cita el documento.
Para las operaciones mineras, el esquema se articula en torno a nueve principios medulares, respaldados por normas de práctica auditables:
- Producción y compra: Compromiso de adquirir el insumo exclusivamente a productores certificados.
- Transporte: Exigencia de contratar cadenas logísticas y transportistas habilitados bajo protocolos de seguridad química.
- Manejo y almacenamiento: Construcción y operación de instalaciones de descarga y acopio con contención secundaria estricta.
- Operaciones: Conducción segura de las soluciones de proceso, balances hídricos y monitoreo ambiental.
- Desmantelamiento: Planificación del cierre definitivo de instalaciones con respaldo de garantías financieras validadas.
- Seguridad de los trabajadores: Prevención de atmósferas peligrosas y entrega de equipamiento de protección personal.
- Respuesta a emergencias: Elaboración de planes de contingencia detallados ante fugas o intoxicaciones.
- Capacitación: Entrenamiento continuo del personal en los riesgos toxicológicos y en técnicas de reanimación.
- Diálogo y divulgación: Publicación transparente del desempeño ambiental y canalización de consultas comunitarias.
Parámetros analíticos y umbrales de seguridad en la faena
El sistema no se apoya en conceptos abstractos, sino en umbrales numéricos de ingeniería que los evaluadores contrastan en el terreno. Uno de los puntos más relevantes para las operaciones de campo se vincula con la fauna silvestre y el ganado. El protocolo fija que en aguas abiertas de presas de jales, piletas de proceso o canales de lixiviación, la concentración no debe rebasar los 50 mg/l de cianuro WAD (disociable en ácido débil). Si el fluido supera dicha concentración, la empresa debe aplicar barreras físicas como redes, mallas o esferas flotantes para impedir el acceso de las aves.
Respecto a la preservación hídrica, cuando una faena cuenta con vertidos directos autorizados a cuerpos receptores superficiales, la corriente de descarga no puede exceder 0,5 mg/l de cianuro WAD. Asimismo, el estándar internacional exige asegurar que aguas abajo de la zona de mezcla la concentración de cianuro libre no supere los 0,022 mg/l, protegiendo de forma directa la biota acuática.
En lo relativo a la protección laboral en plantas y sectores de reactivo. Los protocolos dictan que los trabajadores no deben exponerse de forma instantánea a más de 10 ppm (11 mg/m³) de cianuro de hidrógeno gaseoso o polvo de cianuro. Para una jornada laboral completa de ocho horas, el límite continuo se restringe a 4,7 ppm (5 mg/m³). Esto acorde con las recomendaciones de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).
El rigor de la certificación y las auditorías independientes
La adhesión al sistema es de carácter voluntario y no sustituye las leyes mineras y ambientales de cada jurisdicción territorial, sino que agrega una capa adicional de fiscalización estricta. Las firmas signatarias se comprometen a auditar sus instalaciones designadas dentro de un lapso de tres años desde su incorporación formal.
Las evaluaciones de campo no son realizadas por funcionarios corporativos ni por el propio instituto. Son llevadas a cabo por auditores independientes acreditados que examinan registros de laboratorio, inspeccionan la infraestructura física y entrevistan a los operadores en sus puestos de tarea. Los resultados solo admiten tres calificaciones técnicas posibles:
- Cumplimiento total: Cuando la operación satisface íntegramente las normas de práctica del protocolo.
- Cumplimiento sustancial: Cuando existen deficiencias menores que no implican riesgo inminente para la salud comunitaria o el entorno natural, y que pueden remediarse en un plazo no mayor a un año bajo un Plan de Acción Correctiva (CAP) auditado.
- Incumplimiento: Cuando se constatan desviaciones críticas no resueltas o falta de diligencia técnica, lo cual inhabilita la certificación.
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Para asegurar la transparencia pública, los reportes resumidos de auditoría se publican de forma abierta en el portal oficial del organismo. Además, las minas certificadas tienen la obligación irrevocable de reportar al instituto cualquier incidente significativo. Entre ellos descargas no autorizadas fuera del predio o intoxicaciones laborales, dentro de las 24 horas de ocurrido.
Alcance global y proyección en el escenario minero actual
Desde su primera tanda de adopción en 2005, cuando arrancó con 14 empresas, el Código del Cianuro escaló hasta consolidarse como el esquema normativo más maduro de la industria de minerales preciosos. Actualmente cuenta con más de 225 empresas signatarias que operan más de 300 instalaciones en 50 países de los seis continentes. Dentro de este universo, cerca de 140 operaciones mineras activas sostienen su certificación al día.
El mapa de la cianuración segura en la Argentina se define por la convivencia de dos estrategias de registro corporativo. Por un lado, plantas que certifican sus operaciones de manera independiente como empresas de registro local, caso de Minas Argentinas S.A. en Gualcamayo y Minera Cerro Moro en Santa Cruz, ambas con sus auditorías de cumplimiento total aprobadas, junto a Mansfield Minera S.A. con la Mina Lindero en Salta, actualmente bajo el estatus formal de «designada para certificación». Por el otro, activos de gran envergadura como Veladero (Minera Andina del Sol S.R.L.) o Cerro Negro (OroPlata S.A.) resguardan sus rigurosos protocolos bajo el sello global de sus casas matrices transnacionales, Barrick y Corporación Newmont.
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Minas Argentinas S.A. (Gualcamayo)
Estadísticas institucionales
Más del 75% de las operaciones certificadas han superado con éxito más de un ciclo de auditoría, mientras que más de 75 faenas atravesaron de manera conforme al menos 4 ciclos trianuales consecutivos. Esta regularidad demuestra que el sostenimiento de la certificación exige una disciplina operativa continua y una trazabilidad exhaustiva en la gestión química.
En yacimientos cordilleranos de alta complejidad operativa, como los que caracterizan a los valles andinos y a distritos mineros consolidados, este protocolo provee un patrón técnico verificable para demostrar ante las comunidades y los organismos de control que el uso de un insumo crítico se encuentra sometido a los máximos estándares de seguridad de la industria moderna.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.