Un grave derrumbe estructural en el megaproyecto hidroeléctrico Tarbela T-5 de Pakistán encendió sirenas que resuenan directamente en la cordillera sanjuanina. La contratista responsable del desastre asiático es PowerChina, la misma corporación adjudicada para construir el campamento Batidero del proyecto cuprífero Vicuña.
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Las operadoras Lundin y BHP adjudicaron esta obra por 52 millones de dólares en medio de fuertes polémicas sectoriales. En este contexto, las recientes imágenes de trabajadores huyendo de una inundación masiva ponen bajo la lupa el riesgo de priorizar ofertas económicas de bajo costo frente a un historial internacional que acumula severos cuestionamientos de ingeniería.
Desastre en Tarbela: fallas estructurales y obras suspendidas
De acuerdo con los reportes internacionales, los hechos en Pakistán son contundentes y están documentados. Durante las excavaciones de la quinta extensión de la represa de Tarbela (T-5), un muro de contención cedió tras la ruptura de una sección de roca que la empresa debía asegurar. Esto provocó la inundación repentina del Túnel 5. Aunque la rápida evacuación evitó víctimas fatales, el escape desesperado del personal entre nubes de polvo evidenció debilidades críticas en los protocolos de contención.
Frente a esta crisis, las autoridades pakistaníes ordenaron frenar indefinidamente todas las tareas en el sector para evaluar los daños. Lejos de ser un hecho aislado, medios asiáticos reportan que la justicia local investiga este proyecto por presuntos incumplimientos contractuales de PowerChina y un esquema de desvío de fondos superior a los 750 millones de dólares durante fases anteriores, apuntando a posibles irregularidades entre contratistas y supervisores estatales.
Campamento Batidero: tensión empresaria por la adjudicación en San Juan
Mientras en Asia las estructuras ceden, en San Juan los responsables del proyecto Vicuña otorgaron en junio de 2026 a un consorcio liderado por PowerChina la provisión del complejo modular Batidero. La adjudicación desató un inmediato rechazo de las cámaras y los proveedores locales.
Por su parte, instituciones como CAPRIMSA y diversos proveedores de servicios mineros advirtieron abiertamente que la propuesta asiática presentaba un precio llamativamente inferior al mercado, calificando la maniobra como un presunto esquema de dumping corporativo. Paralelamente, señalaron que este abaratamiento extremo podría lograrse en desmedro de la calidad estructural y las garantías operativas reales que exige un complejo habitacional andino.
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El historial global de sanciones y fallas de ingeniería
El riesgo de poner la infraestructura cordillerana en manos de esta contratista reaviva el debate sobre su desempeño global. Al repasar el currículum de la empresa y sus filiales, figuran sanciones de organismos multilaterales y polémicas obras en América Latina. Algunas de ellas son:
- Lista negra del Banco Mundial (2022): El organismo sancionó globalmente a Power China International Group Ltd. tras comprobar que falsificó documentos y cometió fraude masivo para ganar licitaciones energéticas en Guyana.
- Coca Codo Sinclair (Ecuador): La empresa entregó esta represa hidroeléctrica con más de 17.000 fisuras irreparables. El caso desató un escándalo internacional al comprobarse el pago de 76 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales para esconder las grietas y asegurar las adjudicaciones.
- Estragos en Bolivia: Diferentes investigaciones marcan las operaciones de la corporación por destrucción de reservas naturales, hacinamiento obrero y ausencia total de medidas de prevención laboral.
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Seguridad en la alta cordillera sanjuanina
El derrumbe asiático debilita los argumentos técnicos para sostener contrataciones cuestionadas. Si los muros de contención ceden en megaproyectos internacionales y los antecedentes reflejan sanciones formales, la integridad del futuro complejo Batidero exige mayores garantías.
Las advertencias locales por los bajos presupuestos abren serios interrogantes sobre la calidad de los materiales que se instalarán a 4.500 metros de altura. Por todo esto, el debate para las autoridades provinciales y el ecosistema minero local excede el justo reclamo por la ley de compre sanjuanino. Lo que realmente se debe auditar es la seguridad física de los miles de trabajadores que habitarán un recinto de alta montaña construido por una empresa que hoy se encuentra paralizada por la emergencia.
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