El contador Alfredo Sánchez expuso en una capacitación organizada por GEMERA los aspectos críticos de la reglamentación del régimen impositivo minero. Advirtió que un desfasaje en el orden de los comprobantes presentados ante ARCA paraliza la devolución y detalló la importancia de estructurar las solicitudes por proyecto para no descapitalizar los presupuestos de exploración.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
En presupuestos donde el IVA representa montos millonarios en pesos, las demoras administrativas licuan el capital que las compañías reinvierten en el terreno. Un descalce en el orden de las facturas cargadas en el Sistema Integrado de Recupero respecto del expediente digital archivado en Minería genera rechazos automáticos. El nuevo marco permite utilizar hasta cuatro ventanas anuales para fraccionar el volumen de comprobantes y acortar los plazos de cobro a tres o cuatro meses.
La actualización del entramado regulatorio de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras redefinió la relación entre las compañías de exploración y los organismos de fiscalización tributaria en Argentina. En un encuentro técnico convocado por el Grupo de Empresas Mineras de la República Argentina (GEMERA), especialistas del sector analizaron el impacto operativo del Decreto N° 482/2026 y las resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El eje del análisis se centró en la ingeniería contable requerida para agilizar la devolución de los créditos fiscales, en un contexto donde las fallas de procedimiento pueden sepultar el beneficio económico de las inversiones de etapa temprana.
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El costo de la demora y la pérdida de valor por inflación
Durante su exposición ante la cámara empresarial, Alfredo Sánchez, contador especialista en tributación minera y asesor fiscal internacional, explicó que el beneficio del recupero del Impuesto al Valor Agregado constituye la herramienta de liquidez más determinante para las compañías que desarrollan actividades prospectivas. A diferencia de otros esquemas de incentivo, el crédito fiscal no se actualiza por índices inflacionarios, por lo que la dilación en los trámites administrativos se traduce en una pérdida directa del capital de trabajo.
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«Si voy a invertir 4 millones de dólares, hay 800 mil dólares aproximadamente que si no hago bien los papeles, no los recupero y básicamente los pierdo. En realidad son pesos y se devalúan rápidamente.», argumentó el especialista.

«El tema de recuperar el IVA es el beneficio más importante en el que más atención tenemos que prestar y en el que más diligentes tenemos que ser, porque es dinero que encima reinvertimos en la exploración».
Eliminación de trámites innecesarios
En el régimen anterior, la acumulación de expedientes en soporte físico provocaba demoras que oscilaban entre los dos y los seis años. La nueva normativa eliminó la obligación de presentar presupuestos previos por cada campaña y fijó un esquema con plazos perentorios de 30 días hábiles para la Secretaría de Minería de la Nación y de 30 días hábiles para la ARCA. «Antes, la norma exigía presentar antes de explorar el detalle de la campaña, lo cual no tenía ningún sentido porque la mayoría se olvidaba de presentarlo, o Minería terminaba aceptando otros presupuestos. Eso se sacó porque terminaba molestando», detalló el expositor.
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El peinado informático de ARCA y la trampa del orden correlativo
Aunque la digitalización recortó los tiempos de tramitación a un horizonte estimado de 3 a 4 meses, la automatización trajo consigo un nivel de control informático inflexible. El especialista enfatizó que la causa más frecuente de denegación del trámite radica en la falta de correspondencia exacta entre el Sistema Integrado de Recupero (SIR) del fisco y el expediente electrónico ingresado vía Trámites a Distancia (TAD).
«El orden de las facturas que están en el SIR tiene que ser exactamente igual al PDF que presento en la Secretaría de Minería. Si no coinciden perfecto, se produce el rechazo. Y ya hay casos concretos de rechazo. Por eso, si son muchas facturas, es un trabajo bastante complejo», advirtió el contador durante la conferencia.
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Fraccionamiento estratégico de comprobantes
Para neutralizar ese riesgo operativo, la recomendación técnica apuntó a fraccionar el flujo documental aprovechando las cuatro ventanas anuales contempladas en la normativa. La distribución puede moldearse según los picos de gasto estacionales en la cordillera.
«Esta distribución en cuatro oportunidades al año permite agrupar los comprobantes de otra forma, según cuándo se tengan los picos de exploración. Tal vez convenga presentar enero, febrero y marzo; luego junio; y después julio, octubre y noviembre. De ese modo se distribuye el monto del IVA y se le permite al fisco mayor celeridad en la revisión de los papeles«, puntualizó el disertante.
Gases y rubros que ahora se pueden incluir:
- Arrendamientos y servicios: Contratos de leasing y alquileres operativos.
- Infraestructura operativa: Combustibles y fletes.
- Comunicaciones y tecnología: Insumos tecnológicos e interconexión.
- Logística de campo: Bienes de consumo e insumos de exploración.

La asignación por proyecto y el riesgo de la baja registral
Otro de los pilares del reordenamiento administrativo radica en la obligación de desglosar las declaraciones juradas y los registros contables según el yacimiento u área de cateo específica. Tras la entrada en vigencia del Decreto N° 482/2026, la Secretaría de Minería de la Nación desestimó el seguimiento genérico por CUIT societario y pasó a requerir la identificación individualizada de cada emprendimiento.
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«Antes el registro era solo sobre la empresa teniendo en cuenta su CUIT. Ahora tienen particular importancia los proyectos. Cada empresa tiene que informar su declaración jurada por proyecto dentro de un mismo CUIT», precisó el expositor.
Requisitos clave para la validez del beneficio
- Acreditación ambiental: Contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) provincial vigente.
- Criterio de territorialidad: Demostrar la vinculación directa del gasto con el proyecto inscripto.
- Encofre impositivo: Acreditar el cumplimiento de la Resolución General N° 5.155 y actuar como agente de retención.
- Oportunidad temporal: Inscribirse formalmente mediante TAD previo al inicio de los trabajos en el campo.

«Hay que tener en cuenta que los beneficios corren categóricamente a partir de la notificación del acto expreso emitido por TAD. Por eso es fundamental inscribirse antes de iniciar la actividad de exploración en el campo», remarcó la fuente consultada.
Finalmente, la disertación incluyó un llamado de atención respecto del mantenimiento regular de las obligaciones formales. La normativa contempla la suspensión de los derechos para aquellas firmas que omitan la presentación de sus declaraciones juradas anuales con informe de profesional independiente.
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«Si durante dos años no se presentan las declaraciones juradas o no se registra actividad de exploración, Minería puede dar de baja la inscripción. Es un papelón perder los beneficios de la ley por estar dos años sin presentar una declaración jurada justo cuando se necesita aplicar una exención», concluyó el especialista.

Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. A cargo de notas de análisis e investigación, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.