Ante la segunda ronda de negocios en Tecnópolis con un marcado perfil enfocado en la energía, los referentes de CAPRIMSA, CASEMICA, CAPSEMIJA y AITURIC advierten sobre los límites del régimen nacional y piden al Ejecutivo provincial reglamentar la Ley de Desarrollo Local para blindar a las empresas sanjuaninas.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
De cara al encuentro del 2 de diciembre en Tecnópolis, los proveedores mineros sanjuaninos evalúan su concurrencia ante una agenda volcada al petróleo y la energía. A su vez, exigen la inmediata reglamentación de la ley provincial de desarrollo local para evitar que el régimen nacional desplace a la industria comunitaria.
La cautela de las cámaras frente al sesgo del nuevo llamado
La oficialización de la segunda cita comercial impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación abrió un compás de análisis entre los actores productivos de San Juan. En el encuentro inicial en Rosario, la minería ocupó un rol preponderante, este nuevo capítulo fijado para el 2 de diciembre en el predio de Tecnópolis concentrará su estructura en hidrocarburos, energías renovables e infraestructura eléctrica.
Esta delimitación sectorial motivó reparos en la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA). Su presidente, Fernando Godoy, explicó que la entidad evalúa minuciosamente si participará de manera orgánica en el evento bonaerense. «La hoja de ruta que consideramos llevar a esta nueva edición es muy limitada por la parte de CAPRIMSA. Lo estamos estudiando porque está muy enfocada al Oil and Gas, o sea, petróleo, gas y energía», advirtió el dirigente. Además, aclaró que su espacio integra la mesa sectorial de hidrocarburos pero observa un escenario dispar respecto a la cumbre santafesina.
Al evaluar el primer paso del régimen en suelo santafesino, Godoy reconoció dijo que «el balance es muy positivo. Lo que más rescato es que la palabra minería esté en el vocabulario argentino, en Buenos Aires, en Rosario y en el empresariado nacional. Que un ministro de Economía tenga en su expectativa a la minería es muy bueno». Al tiempo que remarcó que las proyecciones provinciales crecen tras la exposición pública de proyectos de gran escala como Vicuña. Sin embargo, aclaró que la expectativa debe ser prudente: «Yo la mido siendo conservador; hay que limitar las expectativas frente a un empresariado con músculo económico y financiero que busca dónde invertir en la etapa post Vaca Muerta».
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Desde Jáchal, Rodolfo Aballay, referente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Jáchal (CAPSEMIJA) dijo: «Cada vez que el Estado actúa como facilitador de las rondas conectando a los grandes inversores con proveedores nacionales es bueno. Más allá de los resultados ese es el rol indicado. Respecto a las expectativas siempre es bueno lo que se puede generar para el futuro. Para los proveedores de comunidad, como Jáchal, eso no representa tener que utilizar nuevas estrategias. Pensamos que acompañando las posibilidades llegan solas«.
El reclamo por la falta de convocatoria institucional
El trayecto previo del esquema de negocios también dejó fricciones en el empresariado del interior sanjuanino. Alfredo Amín, de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA) confirmó que no concurrieron al primer cónclave debido a la ausencia de una convocatoria formal por parte de los organizadores gubernamentales.
«No hicimos balance de ronda porque nuestra cámara no fue invitada. Si bien estábamos al tanto por redes y por la información pública, esperábamos una invitación formal, lo cual tampoco descalifica la situación; cuando uno quiere ir, va. Casemica no fue invitada por ningún organismo«. Por lo tanto, y ante compromisos previos de agenda, la cámara optó por no tener presencia en esa instancia.
La urgencia de reglamentar la ley de desarrollo local
Pese a los matices sobre la conveniencia de asistir a la segunda ronda, los dirigentes empresariales coinciden de forma unánime en un punto crítico: la necesidad imperiosa de que se publique el decreto reglamentario de la Ley de Desarrollo Local. La norma, aprobada para priorizar la contratación de mano de obra y proveedores radicados en territorio provincial, permanece a la espera de sus precisiones técnicas.
Godoy enfatizó que la falta de instrumentación no invalida la vigencia de la legislación. «Seguimos a la espera y se lo hemos solicitado al gobierno. La respuesta fijaba las primeras o últimas semanas de octubre, pero aún no tenemos concretamente la salida del decreto reglamentario. No obstante, hay que decir que lo concreto es que es ley«, aseveró el representante de CAPRIMSA. Asimismo, recordó que la cámara sostiene una doctrina corporativa orientada a defender la inversión territorial.
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Desde CASEMICA coincidieron en la urgencia temporal de la reglamentación y advirtieron sobre los riesgos de paralizar su ejecución práctica. «Hace un poquito de ruido que todavía no esté la reglamentación por el tiempo transcurrido; esto no debe quedar jamás en letra muerta con todo lo que se ha dicho», señaló Amín.
En esa línea, fundamentaron la legitimidad del amparo legal hacia los prestadores de cercanía: «Si querés ganar plata en un lugar, tenés que establecerte, apostar a él y generar idiosincrasia. Una ley que ampare a los locales porque son locales, y porque sus ganancias se vuelven a reinvertir en la localía, es la base más franca que hay». Asimismo, plantearon que una reglamentación efectiva inducirá esquemas de integración comercial: «Si la ley funciona como esperamos, va a generar asociativismo, quizás condicionado, pero servirá para que a los más grandes que vengan de afuera los aprovechemos, podamos aprender de ellos y desarrollarnos juntos».
Por su parte, Aballay subrayó que «la ley viene a ordenar cuestiones que en la práctica se daban por sentadas, pero en el día a día no pasaba. La Ley es un ejemplo para otras provincias que se están iniciando en la actividad».
Represa de inversiones y desarrollo territorial en Iglesia
La perspectiva desde las zonas de influencia directa de los yacimientos sumó aportes estructurales a través de Alberto Grau, presidente de la Asociación Civil de Turismo, Industria y Comercio de Iglesia (A.I.TUR.I.C.). El dirigente diferenció la magnitud de los anuncios financieros del impacto tangible en las comunidades. «El RIGI representa un avance importante para la Argentina tras décadas de inestabilidad jurídica, tributaria y económica. Sin embargo, desde Iglesia entendemos que atraer inversiones no es lo mismo que generar desarrollo», definió Grau.
Para el titular de la cámara, el balance de las rondas de negocio debe superar las cifras de inversión bruta: «El verdadero éxito no debería medirse solamente por los millones de dólares comprometidos, sino por la cantidad de empresas locales del anillo 1 que crecen, los empleos genuinos generados y la riqueza que permanece en las comunidades».
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Frente al escenario productivo, A.I.TUR.I.C. elevó una plataforma basada en tres ejes estratégicos para evitar que los departamentos mineros queden reducidos a meros campamentos operativos:
- Régimen de Incentivos a las Micro Inversiones locales (RIMI): Un esquema normativo complementario al RIGI diseñado para que las pequeñas y medianas empresas obtengan estabilidad jurídica, financiamiento y alivio fiscal para modernizar su equipamiento.
- Desarrollo transparente de proveedores: La estructuración de licitaciones públicas y abiertas con programas de formación técnica orientados a la inserción de compañías comunitarias. «No pretendemos que las grandes operadoras contraten proveedores locales por obligación o beneficencia; pretendemos que las PyMEs tengan las condiciones necesarias para competir en calidad, precio y eficiencia».
- Infraestructura comunitaria: La canalización de las inversiones hacia bienes públicos permanentes, tales como caminos pavimentados, redes de conectividad, distribución eléctrica y centros tecnológicos.
Grau alertó también sobre las desviaciones proteccionistas que podrían distorsionar la aplicación de la normativa sanjuanina. «La ley debería garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y reglas claras. Debemos tener cuidado: el proteccionismo mal entendido puede terminar generando monopolios locales tan perjudiciales como los monopolios extranjeros».
Para concluir, el titular de A.I.TUR.I.C. graficó el momento económico mediante una analogía hídrica: «El RIGI puede ser una extraordinaria represa de inversiones, pero si no construimos los canales para que esa riqueza llegue a las PyMEs, a los trabajadores y a las comunidades, tendremos una enorme represa y un valle que continuará seco». Y sentenció sobre el porvenir de la región. «No queremos ser espectadores de la riqueza que se genera en nuestro propio territorio; queremos ser protagonistas. No queremos solamente un departamento con minería, queremos un departamento minero y ser un modelo de desarrollo sustentable para el mundo».
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.