El Poder Ejecutivo Nacional oficializó modificaciones clave en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026.
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La normativa, rubricada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía Luis Caputo y el ministro Diego Santilli, introduce adecuaciones directas sobre el Decreto 749/2024 reglamentario del Título VII de la Ley de Bases N° 27.742. Según los considerandos oficiales, las reformas responden a la experiencia acumulada durante la puesta en marcha del régimen y buscan brindar precisiones operativas para la estructuración corporativa, el financiamiento y la cadena de suministro de los grandes emprendimientos de capital intensivo.
Apertura en proveedores locales: el origen del capital ya no es limitante
Uno de los puntos de mayor repercusión para la industria minera y su cadena de valor radica en la sustitución del artículo 3°, inciso f) del Anexo I del Decreto 749/2024. A partir de este cambio, la condición de proveedor local para personas jurídicas se define estrictamente en función de su constitución y domicilio legal en Argentina. En consecuencia, la normativa descarta de manera expresa cualquier restricción ligada a la nacionalidad, residencia de los accionistas o conformación del capital social de las firmas. Por su parte, para las personas humanas se ratifica la exigencia de contar con domicilio fiscal en el país.
En cuanto a los requisitos operativos, los proveedores locales deben suministrar bienes o prestar servicios destinados de manera directa a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) incorporados al régimen. Respecto de la provisión de bienes, el decreto establece que deberán cumplir con los criterios fijados en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales para certificar origen nacional. La Autoridad de Aplicación será la encargada de fijar la metodología técnica para constatar dicha condición.
De este modo, las compañías de servicios mineros, metalmecánica, ingeniería, construcción, mantenimiento y logística radicadas en el país que cuentan con participación de capitales externos quedan plenamente habilitadas para integrarse en la cadena de contrataciones de los proyectos mineros adheridos.
Anexo I del ACE N° 18 establece el Régimen de Origen del MERCOSUR
El Anexo I del ACE N° 18 establece el Régimen de Origen del MERCOSUR (actualizado mediante el Texto Ordenado del ROM), el cual fija las reglas técnicas y documentales para demostrar que una mercancía fue obtenida o transformada sustancialmente dentro del bloque. Su objetivo es asegurar que únicamente los productos genuinamente regionales accedan al comercio intrazona con arancel cero, evitando la triangulación de bienes de terceros países mediante certificados o declaraciones de origen.
Impacto en el sector minero
- Calificación automática en minerales en bruto: Los minerales extraídos del suelo o subsuelo de los Estados Partes califican como «totalmente obtenidos» en la región, por lo que acceden directamente al libre comercio intrabloque sin pagar aranceles.
- Insumos y bienes de capital importados: Si una minera procesa minerales utilizando maquinaria o insumos químicos importados de extrazona, debe cumplir con los topes de valor agregado regional o salto arancelario para que el producto refinado conserve el beneficio arancelario.
- Trazabilidad y control documental: Las exportadoras mineras deben respaldar la trazabilidad de la extracción y los procesos de refinación mediante pruebas de origen vigentes (como el certificado tradicional o la declaración de origen autodeclarada) y conservar registros contables por cinco años ante posibles verificaciones aduaneras.
- Integración regional de cadenas de valor: Permite acumular origen con materiales provenientes de socios con acuerdos vigentes (como Bolivia, Perú o Colombia) bajo ciertas condiciones, facilitando el abastecimiento de insumos mineros o el procesamiento conjunto en la región.
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Proyectos de exportación estratégica: fecha límite unificada de inversión
En el ámbito de las iniciativas de gran envergadura, el artículo 2° del Decreto 1366/2026 sustituyó el artículo 47, inciso i) de la reglamentación para precisar el alcance del concepto de «fecha límite» en los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), contemplados en el artículo 172 de la Ley 27.742.
La disposición define a este hito temporal como la fecha formal en la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables. Asimismo, el texto normativo subraya textualmente que: «La fecha límite no debe resultar ajena a las prácticas del Sector de que se trate para el razonable desarrollo del Proyecto Único».
Por consiguiente, la reglamentación separa con claridad la exigencia del monto global de inversión correspondiente a la totalidad del proyecto respecto de los compromisos escalonados y montos mínimos asignados a cada una de sus etapas particulares. Esta fecha límite unificada deberá quedar formalmente asentada tanto en el plan de inversión inicial como en el acto administrativo de aprobación del proyecto. En sectores como la minería de cobre y litio, donde los desembolsos se ejecutan de manera progresiva a lo largo de varios años, la medida otorga certeza sobre los parámetros temporales de fiscalización sin alterar las obligaciones específicas fijadas para cada fase.
Reorganizaciones, adquisiciones y transferencias en vehículos de inversión
A través del artículo 3° del Decreto 1366/2026, el Poder Ejecutivo reemplazó en su totalidad el artículo 62 de la reglamentación, pautando las reglas para operaciones societarias de los VPU.

Regla de exclusividad y fusiones entre proyectos
El principio de Proyecto Único se mantiene como directriz central: se prohíbe taxativamente que un VPU titular de un proyecto realice fusiones o adquisiciones de emprendimientos ajenos, a menos que se trate de ampliaciones reglamentadas. Si la operación contempla la fusión de dos o más proyectos ya adheridos al RIGI, se requerirá la aprobación expresa de la Autoridad de Aplicación. De concederse la autorización, al nuevo conjunto resultante se le aplicarán los derechos y obligaciones del proyecto que registre la fecha de adhesión más antigua.
Compraventa de participaciones accionarias
En concordancia con el artículo 207 de la Ley 27.742, cualquier tercero puede adquirir acciones, cuotas o participaciones de un VPU sin alterar los derechos reconocidos al emprendimiento. No obstante, la norma aclara que las adquisiciones de participaciones sociales concretadas con posterioridad a la solicitud de ingreso al RIGI no podrán ser contabilizadas como inversiones en activos computables para alcanzar el monto mínimo de capital exigido por el régimen.
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Modificaciones en uniones transitorias y contratos asociativos
En relación con los VPU organizados como uniones transitorias (UT) u otras figuras asociativas, el decreto autoriza la cesión parcial o total de participaciones y el ingreso de nuevos socios. Para formalizar el cambio, los integrantes deberán notificar a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a la inscripción en el Registro Público.
La presentación exige cumplir con cuatro condiciones documentales:
- Acreditar el consentimiento formal de los demás socios, salvo dispensa contractual expresa.
- Constatar que el nuevo miembro no esté incurso en causales de exclusión.
- Transferir al nuevo integrante o afectar al fondo común operativo los bienes vinculados al proyecto.
- Garantizar la asunción legal de los compromisos de inversión y las garantías vigentes.
La Autoridad de Aplicación dispondrá de 30 días corridos para formular observaciones; de no mediar objeciones en ese plazo, la reorganización quedará conformada. El socio cedente conservará la responsabilidad solidaria por las obligaciones devengadas hasta la registración, y dichas transferencias tampoco computarán como inversión directa en activos.
Transformación de sucursales dedicadas en sociedades anónimas
Las sucursales dedicadas adheridas al RIGI quedaron facultadas para reorganizarse mediante la transferencia integral de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) creada específicamente a tal efecto. Esta gestión demanda autorización previa de la Autoridad de Aplicación y la nueva firma deberá acreditar la condición de VPU desde su inscripción.
El traspaso podrá instrumentarse por escisión según el artículo 88 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (si la matriz es nacional) o mediante aporte en especie o transferencia de fondo de comercio bajo la Ley 11.867. La nueva entidad reemplazará a la sucursal conservando la fecha de adhesión inicial, los plazos y los compromisos del plan de inversión aprobado, mientras que la matriz original mantendrá responsabilidad solidaria por las contingencias previas. Por su parte, la autorización administrativa no reemplaza la conformidad de terceros requerida para traspasar permisos o concesiones mineras vinculadas.
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Financiamiento exterior y computabilidad de divisas ante el Banco Central
El artículo 4° del decreto sustituyó el artículo 100, inciso c) de la reglamentación, flexibilizando los mecanismos de computabilidad de divisas para el acceso al mercado de cambios cuando rijan obligaciones de liquidación de exportaciones.
En aquellos proyectos que hayan contemplado el régimen de incentivos cambiarios para exportaciones del artículo 198 de la Ley 27.742, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puede limitar el acceso al mercado de cambios general a que las divisas ingresadas y liquidadas sean iguales o superiores a las divisas demandadas a esa fecha. Sin embargo, quedan a salvo de cualquier traba cambiaria los pagos de endeudamientos financieros externos y dividendos legalmente habilitados.
A partir de la nueva redacción, el cómputo de divisas ingresadas y liquidadas ya no se restringe únicamente al VPU de manera directa. Ahora se permite computar fondos provenientes de aportes de no residentes o créditos externos (incluyendo emisión de obligaciones y valores negociables) liquidados en el mercado oficial por:
- Miembros o partes de uniones transitorias y contratos asociativos que conformen el VPU.
- Accionistas directos o indirectos de los integrantes de dichas uniones transitorias.
- Accionistas o socios directos e indirectos del propio VPU.
- La sociedad matriz titular de una sucursal dedicada.
Para que estos capitales resulten computables ante el BCRA, las empresas deberán demostrar su destino efectivo al Proyecto Único y asentar la trazabilidad contable de los fondos según los procedimientos que determine la autoridad monetaria.

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