El ex presidente de CAPMIN pone la lupa sobre los criterios de adjudicación en San Juan. En plena ebullición por la nueva Ley de Desarrollo Local, advierte sobre los riesgos de priorizar solo el precio en obras críticas. El empresario apunta a los indicadores de lo que implica ofrecer el mejor contrato.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Ante inversiones por USD 31.200 millones, Juan Carmona insta a operadoras y al Gobierno de San Juan a evaluar capacidad técnica y solvencia, no solo costos bajos, para evitar retrasos en proyectos estratégicos, garantizando que el desarrollo minero beneficie realmente a las pymes locales y sus familias.
El fin de la dictadura del presupuesto más bajo en la cordillera
La minería en San Juan ya no es una promesa; es un gigante que se despereza con inversiones bajo el RIGI que superan los USD 31.200 millones. Sin embargo, el «clima de negocios» se ha visto enturbiado por una práctica que, para Juan Carmona, expresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) y actual Presidente del Grupo IES, está poniendo en jaque la eficiencia de los proyectos: la adjudicación al postor más barato.
«¿Debe prevalecer exclusivamente el criterio de menor precio al momento de adjudicar obras críticas para el desarrollo minero de San Juan?», dispara Carmona en un documento que ya circula por los despachos del Ministerio de Minería. Para el referente, la respuesta es un «no» rotundo.
La experiencia en la alta montaña sanjuanina demuestra que una oferta económicamente baja suele esconder carencias en seguridad, técnica o solvencia financiera que terminan inflando el costo final del proyecto por encima de cualquier previsión original.
El espejo retrovisor: lecciones de caminos y acueductos
No se trata de una advertencia teórica. El sector viene masticando bronca por situaciones recientes en las que contratistas seleccionados por su «bajo costo» debieron ser reemplazados o auxiliados ante la imposibilidad de avanzar. Se han visto demoras significativas en proyectos de acueductos y rutas de acceso, lo que obliga a las operadoras a buscar asistencia técnica de emergencia para no frenar el cronograma general.
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Este escenario ha dejado la puerta abierta a desembarcos cuestionados. El caso de PowerChina en el proyecto Vicuña es el ejemplo que recorre los pasillos de las cámaras. Con la licencia social en riesgo y sindicatos en alerta, la aparición de «ciudades importadas» o modelos modulares extranjeros choca de frente con la capacidad técnica demostrable de las empresas locales que vienen trabajando en la cordillera desde hace décadas.
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«Los atrasos, modificaciones contractuales y re-licitaciones suelen generar impactos económicos mucho mayores que las diferencias de precio existentes entre las ofertas originales», afirma Carmona. El riesgo es doble: no solo se encarece la obra, sino que el fracaso de un contratista mal evaluado termina «perjudicando injustamente la imagen del conjunto de las empresas sanjuaninas».
Una ley para blindar el desarrollo de cada familia sanjuanina
Justo en este punto de tensión, el Gobernador Marcelo Orrego movió las piezas en el tablero legislativo enviando el proyecto de Ley para el Desarrollo Local Minero. No es solo un papel con buenas intenciones; busca establecer reglas claras y medibles para que el crecimiento llegue a Calingasta, Iglesia y Jáchal.
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El Ministro de Minería, Juan Pablo Perea, lo dejó claro: «La riqueza mineral se tiene que quedar y multiplicar». La ley propone metas ambiciosas: un 80% de empleo local y que el 60% del monto anual de contrataciones se destine a empresas de la provincia. Pero aquí es donde el reclamo de Juan Carmona cobra una dimensión estratégica. Para que las pymes sanjuaninas lleguen a ese 60%, el proceso de selección debe ser transparente y basado en la calidad.
Los 8 pilares de la adjudicación estratégica
Para Carmona, la discusión no es «locales versus externos», sino «capacidad versus improvisación». El llamado a la reflexión a las autoridades y operadoras propone un esquema de evaluación integral que contemple ocho puntos innegociables antes de firmar cualquier contrato estratégico:
- Capacidad técnica demostrable.
- Experiencia específica en proyectos similares.
- Solvencia económica y financiera.
- Recursos humanos calificados.
- Equipamiento disponible.
- Sistemas de gestión y control.
- Historial de cumplimiento contractual.
- Gestión de riesgos del proyecto.
Este enfoque busca que el REPROMIN (Registro de Proveedores Mineros), creado por la nueva ley, no sea solo una lista de nombres, sino un sello de calidad. El Estado sanjuanino se posiciona ahora como un árbitro que auditará la trazabilidad de los planes de desarrollo y el valor agregado local real, con sanciones que pueden llegar a las 60.000 Unidades Tributarias (equivalente a $6.000.000 para impuestos provinciales generales, y a $5.700.000 para tasas o servicios del Poder Judicial) para quienes incumplan o mientan en sus declaraciones.
El desafío de estar a la altura de los estándares globales
La minería metalífera no es una actividad cualquiera; es una concesión de un recurso que pertenece a todos los sanjuaninos.
Por eso, el planteo de Juan Carmona resuena con fuerza: el «compre local» debe ir de la mano de una competitividad feroz. Las empresas de San Juan han demostrado profesionalismo en obras eléctricas, industriales y civiles de alta complejidad tanto dentro como fuera del país. No piden favores, piden que se evalúe el éxito final del contrato.
«El mejor contrato no es necesariamente el más barato. Es aquel que tiene mayores probabilidades de ser ejecutado exitosamente, en tiempo, forma, calidad y costo. En un San Juan que se prepara para ser el corazón del cobre en el mundo, ignorar esta premisa podría convertir la oportunidad histórica en un dolor de cabeza logístico y financiero«, concluye Carmona.
La encrucijada que plantea Juan Carmona obliga a la industria a madurar. Si San Juan pretende liderar la transición energética global con su cobre, no puede permitirse el lujo de contratar por el «precio de hoy» ignorando los «costos del mañana». La nueva Ley de Desarrollo Local es la herramienta legal, pero el cambio de mentalidad en las mesas de compras de las operadoras será el verdadero termómetro del éxito. El desarrollo no se mide en dólares ahorrados en un Excel de licitación, sino en kilómetros de acueductos terminados y en pymes locales que crecen a la par de la mina, transformando una concesión temporal en un legado permanente para la provincia.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.