Lo que comenzó como un cruce de declaraciones aisladas escaló formalmente a un conflicto de soberanía territorial de proporciones inéditas. El detonante fue la aprobación de una ley en la Legislatura de La Rioja, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, que busca reactivar viejos reclamos limítrofes sobre áreas cordilleranas y patrimoniales controladas históricamente por San Juan.
Este hecho, lejos de ser una discusión abstracta de mapas, la disputa esconde una descarnada pelea de fondo por el control fiscal, las regalías de los proyectos mineros más valiosos del continente en pleno auge del cobre, y la soberanía sobre el mismísimo Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna).
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Frente a esta avanzada unilateral, San Juan cerró filas. El sector empresarial, el ámbito técnico de los profesionales de la mensura y la Fiscalía de Estado salieron al cruce en forma conjunta para frenar las pretensiones riojanas y resguardar la seguridad jurídica, un activo indispensable para evitar que se ahuyenten las inversiones millonarias de largo plazo destinadas a desarrollar el andamiaje minero de la región.
Junio de 2026: el gobernador Orrego plantó bandera ante la avanzada legislativa de La Rioja
Para comprender la escalada actual, es necesario remitirse a los antecedentes inmediatos de esta disputa. Marcelo Orrego, fijó la postura oficial de la provincia frente a la avanzada del oficialismo riojano, que en aquel momento aprobó la creación de una Comisión Especial legislativa en la vecina provincia para impugnar las fronteras vigentes. Con un fuerte mensaje de unidad política y un tono tajante, el mandatario provincial salió a marcar la cancha:
“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite por su cuenta. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, sentenció Orrego hace algunos días.
En esa misma oportunidad, el gobernador instó a todos los sectores políticos a abroquelarse en una postura común frente a la ofensiva del gobierno de Quintela, bajo una consigna clara: defender el territorio con solidez técnica, “con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”.
Mayo de 2026: el estallido por Lunahuasi y el cruce de los ministros
La reactivación de este conflicto fronterizo coincidió originalmente con los anuncios de la operadora NGEx Minerals (Grupo Lundin) sobre los hallazgos de concentraciones récord de oro, plata y cobre en el proyecto Lunahuasi. En el mes de mayo de 2026, el ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, lanzó una advertencia en diálogo con Canal 13 San Juan que encendió las alarmas:
“Todas las mineras instaladas en San Juan están pisando el límite con La Rioja; en realidad están adentro del territorio nuestro. La política de San Juan no entiende, pero lo va a tener que entender”.
El escudo del Digesto Jurídico invocado por Perea
En aquellas declaraciones, recolectadas por nuestro medio en el mes de mayo de 2026, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, apeló de inmediato al Digesto Jurídico para desestimar la duda: “Las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja son falsas. Lunahuasi está íntegramente en San Juan: lo establece la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada por el Digesto Jurídico Argentino”, escribió la autoridad minera local en sus redes oficiales.
La dura advertencia de las cámaras de proveedores locales
Al mismo tiempo, las cámaras de proveedores locales reaccionaron con dureza en mayo. Víctor Grau, presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC), apuntó directamente contra la contradicción de la vecina provincia:
“Ninguna empresa seria puede invertir miles de millones de dólares si no tiene certeza sobre qué provincia autoriza, qué autoridad ambiental controla y bajo qué régimen tributario operará. La Rioja no puede haber combatido la minería durante años, Famatina no se toca, y ahora pretender hacer minería dentro de San Juan justo cuando aparece uno de los mayores distritos cupríferos del continente”.
El posicionamiento corporativo de la Cámara Minera de San Juan
Por su parte, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), que en mayo de 2026 había guardado silencio para cumplir con sus procesos internos de consulta y autorizaciones corporativas, rompió el hermetismo y emitió el comunicado oficial que hoy marca su postura institucional definitiva. La entidad expresó su “preocupación” hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo.
Los empresarios subrayaron que la actividad minera “requiere reglas claras y seguridad jurídica” y para la Cámara es “primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país”.
El texto completo del comunicado institucional empresario
A continuación, transcribimos de manera íntegra el comunicado oficial emitido por la institución gremial empresarial:
“Ante los planteos limítrofes de La Rioja, la Cámara Minera de San Juan defiende la seguridad jurídica como pilar del desarrollo.
La Cámara Minera de San Juan expresa su preocupación hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo.
San Juan ha construido durante décadas una reputación basada en el respeto institucional, la previsibilidad y la continuidad de políticas de Estado que permitieron atraer inversiones, generar empleo de calidad y consolidar a la minería como uno de los principales motores de desarrollo de la provincia.
La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión.
En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país. La actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político.”
El dictamen técnico: para los agrimensores no hay grises en la montaña
El sustento técnico y cartográfico de la soberanía sanjuanina sumó un respaldo contundente del sector profesional. Tras la nueva avanzada de La Rioja sobre los límites provinciales con San Juan, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan decidió marcar su postura a favor de los intereses locales. Su presidente, Francisco Gilbert, dijo que “no hay ninguna duda y está totalmente definido el límite territorial” que conecta las jurisdicciones.
Este posicionamiento técnico surge justo después de que la administración riojana enviara una ley a la legislatura de su provincia que busca dar argumentos a reclamos sobre territorios sanjuaninos. En la normativa, que tuvo la aprobación de todos los bloques excepto los legisladores de La Libertad Avanza, que se abstuvieron, el gobierno vecino pidió “reafirmar los derechos de La Rioja sobre los territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción y fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender la soberanía provincial en el conflicto limítrofe con San Juan”.
El argumento de las coordenadas definitivas del año 2014
Para el especialista, no hay argumentos legales ni zonas con títulos en discusión que permitan poner en duda qué partes son sanjuaninas y cuáles riojanas. El ingeniero Gilbert explicó que, si bien el primer decreto es del año 1968 y es el que se pone en duda por firmarse durante un proceso militar, en el año 2014 el Congreso de la Nación otorgó validez definitiva a estos convenios, cerrando cualquier proceso de duda legal.
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Desde el punto de vista técnico, recordó que entre los años 2005 y 2006 se conformó una comisión interprovincial con el apoyo del Instituto Geográfico Militar (renombrado oficialmente como Instituto Geográfico Nacional -IGN– en el año 2009). El objetivo de dicho trabajo fue precisar físicamente los hitos mencionados en los documentos antiguos. “Por ejemplo, se identificaron cerros específicos, como el Cerro El Toro, y se les asignaron coordenadas precisas para evitar ambigüedades en el terreno”, detalló el ingeniero.
Intereses económicos sobre el Distrito Vicuña, Lunahuasi e Ischigualasto
Al ser consultado sobre los motivos detrás del reclamo riojano, Gilbert sugirió que, ante la falta de sustento técnico, la intención de la provincia vecina respondería a pretensiones económicas. En este sentido, comparó la importancia de las definiciones geográficas con el límite internacional con Chile, donde la precisión de la “divisoria de aguas” determina la propiedad de valiosos proyectos mineros.
El antecedente judicial de Josemaría y Filo del Sol
Existen antecedentes recientes y más lejanos registrados por nuestro medio. En lo que va del año, el gobierno de Quintela pidió suspender el proyecto Vicuña tras solicitar que la autoridad de su provincia evalúe ambientalmente el proyecto ubicado en San Juan. El avance contra el proyecto que conforma Josemaría y Filo del Sol se resolvió y revocaron la decisión judicial, luego de un encuentro entre las autoridades vecinas y referentes de la empresa. Pocas semanas después, tal como informó este medio en el mes de mayo de 2026, hubo un reclamo similar de funcionarios riojanos a través de redes sociales, esta vez contra el proyecto Lunahuasi, en etapa de exploración tras publicar récords de concentración de cobre, oro y plata.
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La embestida contra el patrimonio de Ischigualasto
Pero la embestida de La Rioja documentada en nuestros informes de junio de 2026 no se limita al metal cordillerano del departamento Iglesia. La estrategia territorial de la vecina provincia expandió sus fronteras de reclamo hacia el sur, intentando poner en duda también la pertenencia del Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), un emblema de enorme significación turística, patrimonial y paleontológica plenamente administrado por el Estado sanjuanino.
Frente a esto, desde el Colegio de Agrimensores aseguraron que se pondrán a disposición de las autoridades locales para defender la postura de San Juan. “Como institución estamos dispuestos a apoyarlo y hacer lo que sea necesario”, concluyó Gilbert, subrayando que la Dirección de Catastro es el organismo competente para la cartografía oficial.
La estrategia judicial y el trasfondo político del conflicto
La respuesta legal del Estado sanjuanino llegó a través del carril institucional correspondiente. El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, habló sobre el conflicto y explicó el proceso, asegurando que hasta el momento, San Juan no recibió ningún tipo de comunicación oficial por parte de la vecina provincia con respecto a toda esta problemática y reclamo.
“En este momento la situación es la misma que hace 57 años, porque ya está predeterminado el límite interprovincial con La Rioja y lo que la provincia haga, veremos si tiene resonancia en algún momento en San Juan. Por el momento no ha pasado nada y las bases son las mismas”, comentó Dávila.
Los fundamentos constitucionales de la Fiscalía de Estado
Al ser consultado sobre en qué fundamentos se basa el Gobierno de La Rioja para hacer los reclamos, el fiscal respondió: “Desconozco, creo que son antecedentes históricos que quieren hacer valer actualmente, pero en el medio de esta legislación nacional, válida y jurídicamente sostenida, que ya predeterminó los límites y nosotros tenemos esa base y ese sustento, no tenemos otros elementos. Tampoco hemos tenido ninguna comunicación, por lo menos de lo que hace a mi parte como fiscal de Estado con mi par de la vecina provincia».
Respecto a la ley provincial riojana que reclama territorios de San Juan, detalló: “No sé qué tipo de injerencia puede llegar a tener, desde el mismo momento que la atribución para fijar límites interprovinciales es del Congreso de la Nación, eso lo dice muy claramente la Constitución Nacional. No puede ser una cuestión unilateral, tiene que ser una cuestión que la fije el Congreso. Los límites están, por lo menos con La Rioja, ya están delimitados, están por leyes nacionales y no podría modificarse por voluntad de alguna provincia«. Y aclaró de forma contundente: “La voluntad unilateral de una provincia no puede modificar lo que es un atributo del Congreso de la Nación”.
Las repercusiones políticas de la interna
El conflicto también desnudó fuertes cruces políticos en nuestro archivo histórico de coberturas. El propio Ricardo Quintela dejó en evidencia el componente político en el mes de junio de 2026 al declarar a los medios que San Juan debería tener un gesto de «generosidad» y deslizar una polémica frase: «Lo he hablado antes con Sergio Uñac, no con el gobernador actual».
Estas palabras repercutieron con fuerza en San Juan. Tal como informó nuestro medio en el mes de mayo de 2026, el ministro de Producción local, Gustavo Fernández, dio a entender que ciertos sectores del kirchnerismo sanjuanino habrían intervenido en el tema, lo que derivó en una carta documento del exgobernador Sergio Uñac exigiendo una retractación pública.
En paralelo, la Cámara de Diputados de San Juan emitió en su momento un repudio formal hacia el accionar de Quintela, una votación que generó revuelo local al salir aprobada sin el acompañamiento de los votos del bloque del PJ sanjuanino. En declaraciones brindadas a nuestro medio en el mes de mayo de 2026, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, tildó esa situación política como «una pena».
Las lecturas legislativas en el Congreso de la Nación
La diputada nacional Nancy Picón dialogó con nuestro medio en el mes de mayo y encuadró el avance fronterizo dentro de una estrategia partidaria nacional:
“Esto es el kirchnerismo siendo kirchnerismo en su máxima expresión, poniendo palos en la rueda e intentando trabar el crecimiento del país. Está clarísima la Ley 18.004. Además, en el Digesto Jurídico ningún diputado de La Rioja se opuso”.
A su vez, el senador nacional Bruno Olivera aportó también su lectura política a nuestro medio en mayo de 2026: “La situación económica de La Rioja está muy mal y Quintela necesita ruido mediático para desviar la atención. Cometieron el error de no permitir la minería y, en vez de empezar a trabajar, buscan este conflicto”.
Mientras la legislatura de La Rioja avanza con normativas internas, el fiscal Dávila concluyó remarcando que la posición sanjuanina no se altera por decisiones unilaterales pero mantiene las puertas abiertas: “Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. La base limítrofe es sólida, o sea que si hay alguna inquietud tendría que partir de la voluntad de ellos, y, hasta el momento, no la ha habido, entonces veremos qué sucede a futuro”.
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