El exsecretario de Minería de la Nación analiza las grietas legales y tributarias del acuerdo con Vicuña. Un llamado urgente a defender el compre local, el empleo sanjuanino y la supremacía de la Declaración de Impacto Ambiental ante tribunales extranjeros.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El exsecretario de Minería Alberto Hensel advirtió en San Juan que el acuerdo con Vicuña, aprobado con 27 votos, cede soberanía tributaria y ambiental a tribunales extranjeros. Alertó que postergar a las pymes locales y resignar el control estatal destruye la licencia social indispensable para el futuro de la industria.
El riesgo inminente de perder la licencia social en la provincia
El abogado Alberto Hensel, exsecretario de Minería de la Nación y exministro de Minería de San Juan, además de exministro de Gobierno de la provincia, encendió las alarmas sobre el rumbo de la política minera local. El debate central gira en torno a la ratificación por parte de la Cámara de Diputados de San Juan, obtenida con 27 votos de los legisladores, del convenio con la empresa Vicuña para un adelanto de inversión de 250 millones de dólares. Hensel, con una mirada crítica pero constructiva, destaca que la viabilidad de los proyectos de gran envergadura no se agota con el ingreso de divisas. La verdadera clave del éxito reside en resguardar la relación armónica con las comunidades del territorio.
El exfuncionario fue categórico al describir el peligro de descuidar los consensos locales: “Yo creo que si seguimos así, pero también depende de lo que hagamos todos nosotros, vamos a perder algo que es muy importante, que es la licencia social. Cuando pasan los años y ves que tus aspiraciones y todas las expectativas puestas en la actividad no satisface tus expectativas empezás a tener una visión” (negativa de la actividad). Desde su perspectiva, el desarrollo territorial requiere una articulación activa donde los trabajadores y las comunidades mantengan un rol central. No basta con la llegada de capitales internacionales si estos no interactúan directamente con la estructura productiva interna.
«Necesitamos el crecimiento de los proveedores locales, con ley o sin ley. Los proveedores locanes necesitan un acuerdo, un plan, una estrategia que permita que todo este expertise que tienen las empresas se pueda volcar en la transferencia de conocimiento”.
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El compre local y la experiencia transfronteriza como debate central
El ingreso de operadores con experiencia transfronteriza, como las compañías provenientes de Chile, reaviva el debate sobre la prioridad de la mano de obra y los proveedores locales. El exministro sostiene que la incorporación de firmas internacionales no debe implicar el desplazamiento de los actores históricos de la industria extractiva local. La defensa de los intereses locales exige una postura firme en las mesas de negociación corporativa, pues no se trata de un hecho intrascendente donde los inversores llegan, invierten y luego se retiran dejando vacíos productivos y la insatisfacción de no haber logrado el desarrollo local, según el análisis del abogado.
“No podés salir a hacer declaraciones diciendo que necesitas trabajar con la gente que más experiencia tiene, que son los chilenos, cosa que es ciertas. Está bien, pero que pareciera que van a tener prioridad por encima de nuestros proveedores. El recurso es nuestro. Esto es una negociación y en toda negociación cada uno debe defender lo que cree que tiene que defender y nosotros tenemos que defender el futuro de San Juan”, enfatizó Hensel. Para el exfuncionario, el desarrollo minero requiere decisión política y gestión política para sentar a las partes a discutir lo que verdaderamente le interesa a la gente local.
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Para graficar cómo se resuelven estas tensiones en el territorio, Hensel recordó una experiencia concreta de su gestión en el departamento de Iglesia: “Habían pasado doce años de la existencia de Veladero y un día recibí una carta, año 2016, de la gente de Iglesia planteando, que ellos veían pasar la minería. Entonces a las partes involucradas porque creo en el diálogo. No había un solo contrato directo con la gente del primer anillo y eso no está bien”. Aquella situación se resolvió demostrando que la sustentabilidad sectorial se logra mediante la inclusión real de los habitantes en la cadena de valor, generando una transferencia legítima de capacidades y conocimientos hacia las pymes de la zona.
Desequilibrios tributarios y la transferencia de beneficios
Otro de los puntos críticos señalados por el abogado es la asimetría tributaria global y el riesgo de que San Juan resigne recursos fiscales en beneficio de arcas extranjeras. El análisis técnico del experto advierte sobre la paradoja de otorgar exenciones impositivas extremas para atraer inversiones, solo para que esos beneficios sean absorbidos por legislaciones fiscales de otros países, como los mecanismos de alcance equivalente al 15% del precio aplicables en Estados Unidos o por corporaciones de China.
Hensel cuestiona duramente este traspaso de renta fiscal: “¿Aceptamos complacientemente la transferencia de beneficios de regímenes especiales a otras jurisdicciones? Si nosotros hacemos un enorme esfuerzo resignando tributos, bajando tributos, mejorando la competitividad para que esto sea atractivo a los inversores y después deciden establecer un mecanismo de alcance equivalente al 15% del precio«. El exsecretario enfatiza que el esfuerzo fiscal de los sanjuaninos debe verse reflejado en el crecimiento provincial y no en un subsidio indirecto a potencias extranjeras que construyen campamentos enteros con ventajas desproporcionadas, destruyendo la equidad local.
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Las falencias jurídicas de los tribunales arbitrales frente al control ambiental
El aspecto legal más preocupante para Hensel radica en la pérdida de soberanía administrativa y judicial asociada a los contratos recientes y a las normativas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Al permitir que las empresas eludan los tribunales locales e impugnen resoluciones del Estado ante tribunales arbitrales internacionales, se debilita la capacidad de control ambiental de la provincia. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que constituye la herramienta jurídica y técnica más potente de la provincia para exigir el cumplimiento de pautas ambientales, sociales y productivas, corre el riesgo de quedar devaluada como un mero pliego de buenas intenciones.
Hensel detalló la vulnerabilidad institucional de este esquema: “No necesita la empresa impugnar el acto administrativo dictado por el Estado, sino que puede a su elección recurrir a un tribunal arbitral. Eso es una aberración jurídica porque ahí se pone en peligro la herramienta de gestión de la minería que se llama Declaración de Impacto Ambiental. Se va a llevar de cruces con esto que es antijurídico e inconstitucional”. El exministro aclara que, si bien el convenio estipula formalmente que la provincia no resigna atribuciones, la letra chica exime a la empresa de la obligatoriedad de someterse a la jurisdicción administrativa local ante cualquier observación ambiental, social o productiva que haga el Estado, habilitando el arbitraje internacional como vía de escape a su sola elección.
El futuro industrial de la región
La preservación del modelo productivo minero exige un equilibrio estricto entre la atracción de capitales intensivos y el resguardo de la soberanía legal y económica de la provincia. Renunciar a las potestades de fiscalización o conceder exenciones desmedidas bajo la premisa de acelerar inversiones compromete la sustentabilidad de la industria a largo plazo. La experiencia demuestra que cuando los marcos regulatorios descuidan el desarrollo de la cadena de valor local y debilitan las facultades del Estado, el costo final lo paga la estabilidad del propio sector. La verdadera competitividad minera no surge de la entrega de competencias institucionales, sino de la consolidación de un entorno transparente, técnicamente sólido y socialmente integrado. La defensa de los recursos naturales y la firmeza en las negociaciones corporativas representan el único camino viable para garantizar que la riqueza mineral se traduzca en desarrollo humano y equidad territorial para el pueblo sanjuanino.
Periodista especializada en minería y desarrollo productivo, enfocada en la cobertura de la industria, la innovación tecnológica y la formación de talento en San Juan y la región. Genero contenidos que conectan el ámbito académico, empresarial y social, con una mirada técnica, territorial y estratégica.