El ingeniero Pablo Fernández revela cómo el marco binacional transforma proyectos inviables en realidades productivas. Seguridad jurídica, empleo local y la letra chica de los protocolos para el desarrollo minero sanjuanino bajo un esquema de integración técnica.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
San Juan integra mesas técnicas del Tratado de Integración y Complementación Minera para aprobar Protocolos Adicionales Específicos. El objetivo es dar viabilidad a proyectos de gran escala, garantizando por la Ley 25.243 que los proveedores locales compitan en igualdad con Chile, impulsando el empleo y la infraestructura provincial.
El protocolo como herramienta de viabilidad técnica
En el complejo tablero de la minería de alta montaña, la burocracia fronteriza suele ser el principal escollo para las inversiones de gran escala. Para desandar este camino, el Ing. Pablo Fernández, quien se desempeña como Secretario Técnico del Ministerio de Minería de San Juan, explica que la herramienta fundamental es el Protocolo Adicional Específico (PAE). Según el funcionario, este instrumento es el «instrumento jurídico y operativo bilateral que aplica, de manera concreta, las disposiciones contempladas en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera a un proyecto minero que lo solicite y se encuentre ubicado en la zona de fronteras».
La operatividad de este marco no es automática ni genérica. Cada emprendimiento, como pueden ser los casos de Los Azules, Vicuña o el proyecto Los Helados, requiere un traje a medida. Fernández señala que la solicitud de este protocolo es una presentación formal y técnica que debe realizar la empresa titular ante las autoridades de aplicación, que en nuestro país están regidas por la Ley 25.243. A través de este paso, el sector privado debe demostrar de forma fehaciente la necesidad técnica y logística de operar cruzando la frontera, proveyendo la información necesaria para que las cancillerías y los organismos técnicos redacten el documento final.
«Desde el punto de vista estrictamente jurídico del tratado, el Gobierno de San Juan no tiene injerencia directa en la toma de decisiones finales, sin embargo, tiene un rol participativo clave de consulta técnica que es sumamente importante, dado nuestro carácter de dueños de los recursos naturales de la provincia».
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Un motor de desarrollo para el trabajo sanjuanino
La implementación del tratado no debe verse únicamente como un compendio de normas legales, sino como un facilitador económico directo. El secretario técnico es tajante al definir este marco como una llave para abrir puertas que anteriormente permanecían cerradas para la provincia. Muchos de los proyectos de gran escala que hoy están en carpeta requieren condiciones especiales de seguridad jurídica y reglas claras en ambos lados de la cordillera para ser financieramente viables.
«Sin este marco, varios de esos proyectos quedarían en el papel, porque los costos y las dificultades de operar en zonas de frontera serían demasiado altos». La simplificación de trámites y la armonización de normativas permiten que estas iniciativas se transformen en realidades productivas. Para el habitante de San Juan, esto tiene un impacto directo en el bolsillo y la mesa diaria: la generación de empleo. Cada mina que inicia su fase de construcción u operación demanda técnicos, profesionales y servicios asociados que dinamizan toda la economía regional. En definitiva, el tratado funciona como un motor de desarrollo e integración que asegura que el crecimiento de la industria se refleje en infraestructura y más trabajo local.
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Blindaje para proveedores locales y competencia leal
Una de las preocupaciones recurrentes en el sector empresarial local es la asimetría impositiva con Chile, país que suele otorgar exenciones a sus proveedores. Ante esta consulta, Pablo Fernández aclara que el marco binacional aprobado por la Ley 25.243 contempla mecanismos para equilibrar la cancha. La legislación argentina garantiza el trato nacional, la igualdad de oportunidades y la transparencia en las contrataciones para mitigar cualquier ventaja externa.
El funcionario destaca tres pilares legales fundamentales: el Artículo 5, que establece que los proveedores argentinos deben recibir el mismo trato que los chilenos; el Artículo 9, que regula la contratación de bienes y servicios para asegurar la participación local en igualdad de condiciones; y el Artículo 12, que obliga a que los proyectos se desarrollen bajo normas de competencia leal. Estos mecanismos exigen procesos de licitación abiertos y equitativos, lo que permite a las empresas de San Juan competir basándose en su capacidad y no verse desplazadas por diferencias tributarias del país vecino.
La estructura del mando: ¿Quién decide en el Tratado?
Para entender cómo se protege el interés de la provincia, es vital conocer la arquitectura institucional del acuerdo. La Comisión Administradora se erige como la máxima autoridad, con un carácter binacional y paritario. Está integrada por los ministerios de relaciones exteriores y minería de ambas naciones, y su función principal es aprobar los PAE y definir el Área de Operación donde regirán las condiciones especiales.
Por debajo de esta comisión operan las Secretarías Ejecutivas, que funcionan como el órgano técnico coordinador. Cada país designa su propia secretaría para actuar de forma conjunta como un canal de comunicación permanente. Estas oficinas reciben las solicitudes de las empresas, revisan la documentación y elevan los informes técnicos necesarios para la toma de decisiones. Además, tienen la potestad de convocar a grupos de trabajo especializados, integrados por organismos de control como aduanas, migraciones o la ARCA (ex AFIP), según lo requiera la especificidad de cada proyecto.
El rol estratégico del Ministerio de Minería de San Juan
Aunque el tratado es un acuerdo entre estados nacionales, el papel de la provincia es fundamental por una razón constitucional. San Juan es la dueña de sus recursos naturales. El Ministerio de Minería provincial, a través de su Secretaría Técnica, participa activamente en los grupos de trabajo convocados por las instancias nacionales.
Fernández explica que, si bien la provincia no tiene injerencia directa en la decisión final jurídica, su rol de consulta técnica es clave. La presencia de los técnicos sanjuaninos en estas mesas asegura que las decisiones no se tomen desde la abstracción de una oficina en Buenos Aires o Santiago, sino con el conocimiento pleno del terreno y las capacidades locales. «Esto garantiza que los proyectos mineros de frontera se traduzcan en empleo, infraestructura y desarrollo local, y que las reglas del tratado se apliquen de manera equitativa». El asesoramiento provincial vela por el cumplimiento de la normativa minera vigente y asegura que los beneficios del acuerdo lleguen efectivamente a la comunidad.
La consolidación de este marco normativo representa un cambio de paradigma para la minería andina. Más allá de las firmas y los protocolos, el desafío futuro reside en la capacidad de San Juan para transformar esta «llave» legal en una estructura logística que sostenga la producción por décadas. La integración técnica no solo facilita el movimiento de máquinas, sino que proyecta a la provincia como un nodo estratégico de servicios mineros para toda la región, donde la soberanía sobre el recurso se ejerce a través de la eficiencia y el control técnico compartido.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.