La tensión entre la Nación y las provincias por el compre local expone la urgencia de escala en las PyMEs industrias. Frente al tope legal del RIGI, las alianzas estratégicas emergen como la llave para capturar valor territorial sostenible.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La puja normativa por los proveedores mineros en Argentina enfrenta la visión de mercado unificado con las demandas territoriales. La salida productiva no reside en exigir porcentajes rígidos, sino en asociar PyMEs locales con firmas nacionales mediante contratos de red para ganar escala, calidad y certificaciones globales.
La encrucijada del compre local entre la eficiencia nacional y las exigencias provinciales
El Lic. Leonardo Olivieri examina la confrontación entre el Gobierno nacional y los distritos mineros en torno al contenido local. La promulgación del RIGI, ratificado mediante la Ley 27.742, fijó en su artículo 176 un piso obligatorio del 20% del monto total de contrataciones para proveedores locales. Este régimen, que otorga previsibilidad por treinta años, permitió la aprobación de proyectos por más de USD 7.500 millones a mayo de 2026, sobre solicitudes totales por USD 33.876 millones.
En contraste, en San Juan, la Legislatura provincial sancionó el 2 de julio de 2026 la Ley de Desarrollo Local Minero (2827-M) (publicada el 16 de julio), que fija un 80% de empleo local y un 60% de compras provinciales, contemplando sanciones de hasta 200.000 unidades tributarias. Esquemas parecidos rigen en Santa Cruz (con un 90% de mano de obra provincial y 50% de compras), mientras que Catamarca, Salta y Jujuy aplican exigencias en torno al 70%.
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El secretario de Secretaría de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que los pisos elevados constituyen una aduana interior inconstitucional que encarece las operaciones. Asimismo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó en septiembre de 2026 a las restricciones distritales como barreras comerciales contrarias a la libre circulación de bienes.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras solicitó unificar los criterios normativos para abaratar costos. En tanto, la Unión Industrial Argentina remarcó ante el Senado de la Nación que la prioridad productiva no exige sancionar leyes de compre local, sino resolver los cuellos de botella de escala, infraestructura y certificación de la industria. Como advierte Olivieri en su diagnóstico, «la cuestión no es solamente cuánto mineral puede producir Argentina, sino cuánto conocimiento, tecnología, empleo, empresas y capacidades productivas puede generar alrededor de esa producción«.
Del porcentaje normativo a la espalda económica del asociativismo PyME
El país contabiliza 18,6 millones de toneladas de reservas de litio y 17,1 millones de toneladas de reservas de cobre, sobre recursos identificados por 197,9 millones de toneladas y 118 millones de toneladas respectivamente. No obstante, el mapa operativo solo registra 24 proyectos en producción y 7 en construcción.
La construcción de una planta de litio requiere 35.000 metros cúbicos de hormigón y 8.000 toneladas de acero estructural. Las compras industriales se concentran en metales y metalmecánica (38%) y productos químicos (21%). Si bien existe oferta nacional en 73 de 91 categorías relevadas en 16 provincias, la mayoría de las PyMEs carece de la escala necesaria para competir aisladamente frente a proveedores multinacionales.
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Para cerrar la brecha de volumen, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (CAPRIMSA) articuló en San Juan una estrategia asociativa. Su presidente, Fernando Godoy, afirmó que la coordinación entre PyMEs permite consolidar «espalda económica» frente a las exigencias financieras de los grandes proyectos. La entidad fomenta una «política económica de centro» que otorga prioridad a las firmas sanjuaninas, luego a la industria nacional y finalmente a contratistas externos, incorporando talleres de Chile bajo el compromiso de formar uniones transitorias con PyMEs locales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca, Manuel Gómez Bello, propuso redefinir la condición de proveedor local mediante alianzas verticales entre grandes empresas nacionales y socios provinciales.
El titular de la cámara departamental de Calingasta, Adolfo Ibaceta, advirtió que incrementos en las tasas municipales de hasta el 6.000% le quitan competitividad de precio a las empresas provinciales frente a competidores externos. Sobre este aspecto, Olivieri concluye que «el desarrollo de proveedores debe ser una política de construcción de capacidades empresariales, no solamente una obligación normativa de radicación geográfica».
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Infraestructura y logística para un entramado productivo de escala global
La infraestructura de transporte y energía constituye el segundo gran condicionante del desarrollo minero. Mandatarios de las provincias cordilleranas y patagónicas remarcaron que el déficit logístico representa el principal obstáculo para volcar en el territorio un volumen de inversión superior a los USD 50.000 millones.
Entre los proyectos viales estratégicos resalta el Corredor Bioceánico Agua Negra en San Juan, diseñado para conectar la producción con los puertos del Pacífico en Chile. Se suman la optimización del Paso de Jama en Jujuy, la modernización del Ferrocarril Belgrano Cargas y la ampliación eléctrica NOA-Cuyo. En relación con estas obras de uso múltiple, el estudio de Olivieri destaca que «la infraestructura minera no debe pensarse exclusivamente como infraestructura para la mina; puede convertirse en infraestructura para el desarrollo territorial».
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Las proyecciones oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación estiman alcanzarse una producción anual de 650.000 toneladas de litio y de entre 1,5 y 1,6 millones de toneladas de cobre hacia 2035. En declaraciones brindadas a Forbes Argentina y La Nación, el secretario Luis Lucero aseguró que el sector puede generar exportaciones de USD 50.000 a 60.000 millones anuales , remarcando que «sería imperdonable que la Argentina no aproveche esta oportunidad» No obstante, como advierte Leonardo Olivieri en sus conclusiones, «la existencia de una mina no convierte automáticamente a un territorio en un territorio desarrollado».
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.