En una jugada clave para el mercado regional del oro, el Poder Ejecutivo de Perú decidió desmantelar el sistema que amparaba a las mafias extractivas. A partir de 2027, el Estado endurecerá las auditorías ambientales, cortará la protección penal a los actores ilícitos y exigirá trazabilidad en las plantas de procesamiento para asegurar el control de las concesiones.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El ministro Guillermo Shinno presentó en Lima, Perú, ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley MAPE. La norma elimina la protección legal del REINFO desde el 1 de enero de 2027 para combatir la minería ilegal y formalizar a los pequeños productores.
Sustitución del Reinfo y retiro de la cobertura legal
En una jugada que impacta directamente en el mercado regional de metales preciosos y en la seguridad jurídica de las empresas de exploración, Perú decidió cortar de raíz la cobertura normativa que protegía a las mafias del oro. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ratificó ante el Congreso que el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el sistema utilizado por actores ilícitos como fachada operativa, concluirá de manera definitiva el 31 de diciembre de 2026.
En este contexto, el ministro Guillermo Shinno presentó el nuevo proyecto de Ley MAPE ante la Comisión de Energía y Minas: “Hoy día, tal como está el Reinfo, protege a la minería ilegal. Por eso no podemos permitir que se siga ampliando”. La autoridad detalló que existe un universo aproximado de 30.000 mineros artesanales pendientes de regularización, pero a raíz de esto, trazó una línea dura contra quienes utilizan el registro para cometer delitos graves o invadir concesiones otorgadas.
Para evitar la paralización de las actividades legítimas, el MAPE establece la vigencia del régimen de consolidación entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028. Este esquema transitorio de 18 meses estará cerrado a nuevas incorporaciones y aplicará únicamente a las personas naturales o jurídicas inscritas al cierre de 2026.
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Creación del FORMAPE y simplificación de trámites
El pilar institucional de la propuesta radica en la fundación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), la cual asumirá las competencias operativas de autorización, evaluación ambiental y supervisión por un periodo inicial de 5 años.
Asimismo, la Ley MAPE encomienda la simplificación de requisitos técnicos. Los procedimientos administrativos diferenciarán las particularidades operativas entre la minería aluvial y la extracción filoneana o de socavón habitual en las zonas andinas. Shinno enfatizó que “Hoy día lo que tenemos es súper engorroso, por eso es difícil que los mineros artesanales puedan cumplir con su formalización por todos los requisitos que se les pide. Con un proceso mucho más simplificado sí podemos lograr que en 18 meses se acabe la formalización”.
Fiscalización en plantas y alianzas contractuales
Para garantizar la trazabilidad del mineral y los insumos, el Estado concentrará las inspecciones directamente en las plantas de procesamiento. Las instalaciones con capacidad superior a 25 toneladas diarias quedarán bajo estricta auditoría ambiental, laboral y de seguridad a cargo de entidades nacionales durante los próximos cinco años.
Al respecto, el ministro Shinno subrayó que focalizar el control en las plantas «es la forma más inteligente de hacer la supervisión» de toda la cadena productiva.
Para destrabar los conflictos territoriales, la normativa premia a los titulares de concesiones que integren a los pequeños productores. Quienes suscriban contratos de explotación de al menos tres años serán eximidos de penalidades y pagarán cánones más bajos.
Sin embargo, la protección a la inversión formal es innegociable. El ministro Shinno garantizó que no se avalarán formalizaciones sobre proyectos vigentes con estudios ambientales aprobados. “Hay que diferenciar a los buenos y malos actores de ambos lados; el Estado da las concesiones para que se trabajen, no para especular”, sentenció.
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Censo minero e inclusión financiera bancaria
Para tener un mapa real del sector, el Gobierno ejecutará en los próximos 12 meses un Censo Nacional de la Pequeña Minería. A la par, el Banco de la Nación abrirá cuentas bancarias para los operadores en vías de formalización, una medida clave para blanquear el flujo de dinero y condicionar la actividad a la erradicación progresiva del mercurio.
Con el respaldo unánime del gabinete y la firma de la presidenta Keiko Fujimori, el proyecto de Ley MAPE ya ingresó al Congreso con carácter de urgencia para forzar su tratamiento exprés.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.