ANÁLISIS
Para la economista Fernanda Vallejos, el desafío minero no termina en cumplir estándares. Agua, relaves, control estatal, financiamiento, proveedores y valor local deben poder medirse y sostenerse durante toda la vida de los proyectos.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Fernanda Vallejos, economista especialista en gestión, innovación y sustentabilidad en la industria minera, sostiene que la minería debe demostrar sustentabilidad con datos, control estatal y participación comunitaria. Para San Juan propone balances hídricos públicos, gestión verificable de relaves, desarrollo de proveedores, capacitación local y reglas claras para los recursos que genera la actividad.
La minería puede cumplir estándares internacionales, presentar reportes y superar auditorías y, aun así, no resolver por completo la discusión sobre confianza social. “Uno de los desafíos importantes es que la sustentabilidad se vuelva verificable y exigible en el territorio, y no solo demostrable ante el mercado”, señaló a ACERO Y ROCA, Fernanda Vallejos, economista especializada en gestión, innovación y sustentabilidad en la industria minera, Economista Jefa de Fundación Proyecto Económico, Subdirectora de Vinculación Institucional y Sustentabilidad del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (CEEGEM) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
“Hoy existen incentivos fuertes que vienen de afuera y se cristalizan en el alineamiento de la industria con marcos como IRMA, ICMM o Copper Mark, y reportes con aseguramiento que van más allá de la exigencia formal o una preocupación reputacional, porque impactan en el acceso a financiamiento y a mercados”.
Pero Vallejos coloca otra condición: “Eso funciona y tiene valor, pero aun con buenos reportes y una auditoría razonable, la comunidad podría sentirse más protegida en un contexto de fortalecimiento de las capacidades públicas de control”. La definición que resume su posición es directa: “Crecer sin vaciar la sustentabilidad implica que las reglas se cumplan aunque nadie de afuera esté mirando”.
Agua, relaves y cierre: lo que debe poder auditarse
En una provincia árida como San Juan, Vallejos ubica al agua entre los primeros puntos que deberían contar con información pública y seguimiento. “Hay que apuntar a tener balances hídricos por cuenca publicados, con línea de base previa, y con la prioridad de reducir el consumo de agua dulce y recircular, y sustituir fuentes cuando sea viable”. A eso suma “monitoreo comunitario y datos abiertos. En materia de relaves, un estándar verificable, como GISTM, con auditorías independientes y plan de emergencia.
«En cuestiones como agua, relaves y cierre se juega la confianza”.
El cierre también debería comenzar a planificarse antes del final de la explotación: “Hay que planificar el cierre y construir garantías financieras para los pasivos. Es clave poner el foco en la eficiencia y los circuitos cerrados con tecnologías de máximo reciclaje y recirculación hídrica y reducción al mínimo de la evapotranspiración”.
Vallejos también propone: “modelos hidrológicos dinámicos de cuenca completa que contemplen la oferta y demanda global de agua para todos los usos bajo escenarios de cambio climático y variabilidad hídrica a largo plazo. La transparencia, agrega, puede incorporar “comités de monitoreo hídrico, con participación de autoridades, universidades, municipios y comunidades y redes de sensores con telemetría en tiempo real que midan caudal, calidad de agua y nivel de acuíferos. El agua tiene que gestionarse como un bien público estratégico intergeneracional. Y para la industria, será necesario demostrar, con evidencia científica transparente y participación comunitaria efectiva, que su operación es compatible con la preservación del recurso hídrico”, explicitó.
El control estatal también forma parte de la sustentabilidad
Para Vallejos, los estándares internacionales no reemplazan la capacidad del Estado. “La comunidad podría sentirse más protegida en un contexto de fortalecimiento de las capacidades públicas de control acompañando el crecimiento de la industria con equipos técnicos cada vez más profesionalizados, presupuesto y datos propios”, añadió.
Ese esquema exige capacidad para fiscalizar y también para generar información independiente. En el plano institucional, plantea tres prioridades:
- Fortalecer las capacidades estatales de control.
- Sostener la licencia social involucrando a la comunidad, con gestión de reclamos, transparencia y participación comunitaria en la planificación social minera.
- Fortalecer la coordinación Nación-provincia.
“Hay que trabajar en los tres ejes, porque si el foco está solo en lo ambiental el proyecto puede ser técnicamente correcto, pero quedar desarticulado de lo económico. Si todo se centra en lo económico, aparece el riesgo de conflicto, se debilita la licencia. Y si falla lo institucional, lo ambiental y lo económico no pueden sostenerse en el tiempo”, relata.
Los criterios ESG ya condicionan el acceso al capital
La discusión también llegó al financiamiento. “Los criterios ESG dejaron de ser un componente accesorio de responsabilidad social corporativa y ya son un filtro que condiciona la asignación de capital internacional para proyectos mineros de gran escala”, sostuvo Vallejos.
Según explica, los bancos multilaterales, agencias de crédito y entidades comerciales internacionales incorporan criterios socioambientales dentro de la evaluación de proyectos. “Además, está el diferencial de costo de capital, donde existe una prima de riesgo para activos sin estándares de sostenibilidad demostrados”.
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Los mecanismos también pueden funcionar en sentido contrario. “Los fondos de inversión estructuran financiamiento verde, bonos vinculados a la sostenibilidad y préstamos sindicados donde el cupón o la tasa de interés se reduce en la medida en que el proyecto alcanza metas ESG cuantificables”.
Vallejos vincula esta tendencia con la demanda de minerales críticos. Las cadenas de suministro internacionales, señala, están incorporando requisitos sobre “trazabilidad completa de la huella de carbono y debida diligencia en derechos humanos en la mina. Tenemos el potencial geológico que ya nadie discute y con criterios ESG podemos asegurar la bankability de los proyectos, integrando métricas de gobernanza transparente, diálogo intercultural, protección de la cuenca hídrica y descarbonización desde las fases iniciales de factibilidad. Eso puede facilitar acceso prioritario a capital global de bajo costo y a acuerdos de offtake de largo plazo”, expone.
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El cobre no alcanza si el valor no queda en San Juan
La sustentabilidad económica aparece en otro interrogante: cuánto de la inversión minera permanece dentro de la provincia. “Importa tanto lo que se invierte como el valor que queda en la provincia”, señaló Vallejos.
La respuesta pasa, según explica, por “poner mucho esfuerzo y articulación público-privada en construir un encadenamiento local real, que requiere certificación, escala y financiamiento de pymes. Hay que profundizar las políticas de reglas claras para el destino de los fondos que genera la minería”.
En empleo, Vallejos plantea: “poner mucho esfuerzo también en la capacitación y la empleabilidad local, con programas de formación donde tanto el sistema universitario como la educación técnica tienen mucho para aportar. No dejar de previsionar la etapa posminera desarrollando otras actividades y capacidades locales, porque aunque hoy nos cueste pensarlo la vida útil de una mina es larga, pero finita”.
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De proveedores básicos a soluciones tecnológicas
La economista plantea una estrategia específica para la cadena de proveedores para evitar que Argentina quede solo como exportadora de recursos. “El foco debe estar en desarrollar programas de desarrollo de proveedores mineros, con esquemas de homologación y transferencia tecnológica que permitan a las pymes locales pasar de proveer servicios básicos a soluciones tecnológicas de mayor complejidad”.
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Entre las áreas menciona metalmecánica, química industrial, biotecnología ambiental, automatización, IoT y software. El salto podría llevar a producir “sensores, monitoreo remoto, reactivos y mantenimiento predictivo. Las compras locales deben ser estratégicas y tiene que haber metas progresivas, con incentivos ajustados a las distintas etapas de exploración, construcción y operación».
El financiamiento vuelve a aparecer como condición. “Hay que desarrollar opciones viables para nuestras pymes, como fondos fiduciarios de desarrollo industrial alimentados por una porción de la renta minera o esquemas de garantías, que permitan a los proveedores equiparse y cumplir con certificaciones internacionales”.
Valor agregado también es conocimiento
Vallejos cuestiona la idea de que agregar valor signifique únicamente fabricar un producto terminado. “El valor agregado no se agota en la industrialización aguas abajo, el conocimiento técnico y la innovación aplicada se pueden poner en juego en distintas etapas”.
En ese esquema, universidades y centros de investigación pueden vincularse con las operaciones para desarrollar soluciones locales. La economista menciona tecnologías vinculadas con “tratamiento de efluentes, recirculación masiva de agua y manejo de relaves secos, además de biolixiviación para minerales complejos de cobre”.
También incorpora formación de capital humano en “Minería 4.0, seguridad operativa, estándares ESG o gobernanza socioambiental. Los objetivos no tienen que recortarse a etapas de fabricación final que requieren escalas y mercados lejanos. Argentina podría capturar el valor del conocimiento y la densidad de insumos y posicionarse no solo como un exportador de materias primas, sino como un nodo de soluciones tecnológicas, servicios complejos de ingeniería ambiental o minerales sostenibles trazables”.
El desafío que plantea excede así el cumplimiento de una norma ambiental. Involucra capacidad estatal, datos públicos, financiamiento, proveedores, empleo, innovación y planificación del período posterior al cierre. En esa combinación se jugará cuánto del nuevo ciclo minero puede transformarse en capacidades que permanezcan en San Juan más allá de la vida útil de cada proyecto.
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Periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en el impacto social, educativo y laboral de la minería en San Juan, con foco en oficios técnicos, proveedores locales y desarrollo en comunidades y una mirada inclusiva del sector.