La tensión minera entre provincias sumó un nuevo capítulo judicial que sacude al sector. La Justicia riojana dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata, por un plazo de 30 días, de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña (operado por Vicuña S.A.), el gigante metalífero que se desarrolla en territorio sanjuanino pero que utiliza infraestructura riojana para su logística. Hasta las 15, Vicuña no había sido notificada.
La decisión fue tomada por la jueza María Greta Decker, en el marco del expediente N° 45.863, tras un reclamo presentado por la Secretaría de Ambiente de La Rioja. El nudo del conflicto radica en la falta de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades de dicha provincia, una exigencia que el Gobierno riojano considera innegociable dado que el proyecto afecta de manera directa su territorio.
Según pudo saber Acero y Roca, la empresa Vicuña aún no recibió la notificación oficial del fallo (por lo menos hasta las 15 hs de este jueves). El campamento sigue operando con normalidad y el personal ingresa por el Corredor Norte, el camino sanjuanino que la propia empresa construye pero que todavía no termina.
La versión de la empresa: “La provincia tiene trabada la DIA desde diciembre”
El conflicto no es de hoy. Viene de lejos. Y la empresa tiene su propia lectura de por qué la Justicia riojana terminó interviniendo.
Según puso averiguar Acero y Roca, el camino de acceso por La Rioja es la ruta provincial N° 506. En 2023, la empresa firmó un convenio con la provincia para hacerse cargo del mantenimiento, porque La Rioja no le daba prioridad a esa ruta y Vicuña era el principal usuario. Ese convenio incluyó la presentación de un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que fue aprobado en su momento, permitiendo dos años de mantenimiento.
El problema surgió cuando, entre noviembre y diciembre de 2025, la empresa presentó la actualización de ese informe, un trámite de rutina exigido por la normativa ambiental. La provincia no solo no lo aprobó, sino que lo rechazó.
Desde entonces, el expediente está paralizado. La empresa presentó un recurso jerárquico en febrero, pero aún no obtuvo respuesta.
No es solo un camino: el otro frente de conflicto es Las Pailas
Gentileza: Nicolás Miranda, periodista de La Rioja
La suspensión de la DIA del camino no es un hecho aislado. Es una de las dos patas de una estrategia de presión institucional, según pudo reconstruir este medio a partir de documentación y fuentes del sector.
La otra es la rescisión unilateral del contrato de exploración sobre el área Las Pailas, que la Empresa Minera del Estado (EMSE) le notificó a Vicuña en diciembre de 2024, transfiriendo la titularidad a una firma privada local. La compañía rechazó formalmente la rescisión y la judicializó. Hasta ahora, las instancias provinciales le fueron adversas. El caso podría escalar al fuero federal o incluso a tribunales internacionales de arbitraje de inversiones.
Qué esperar en los próximos días
La pelota está en varios tejados. Por un lado, la empresa espera la notificación formal del fallo de la jueza Decker para analizar los pasos a seguir. Por otro, el recurso jerárquico por la DIA del camino sigue sin respuesta. Y el conflicto por Las Pailas, judicializado, podría escalar.
Mientras tanto, el Corredor Norte sigue operativo. Y la empresa, al menos por ahora, sigue moviendo su gente. La pregunta que queda flotando es política, no técnica: ¿La Rioja está dispuesta a llevar este conflicto hasta la Corte Suprema? Y si lo hace, ¿qué mensaje le está mandando al mundo de las inversiones?
El impacto transfronterizo: el ambiente no reconoce límites políticos
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, fue tajante al explicar los motivos de la presentación judicial. Según el funcionario, el emprendimiento —que integra el desarrollo minero de cobre más grande de la historia argentina con una inversión estimada de 16.000 millones de dólares— se encuentra a menos de mil metros del límite provincial.
«El ambiente no reconoce fronteras políticas. Los impactos, tanto positivos como negativos, también van a sentirse en nuestra provincia», advirtió Azulay. De hecho, el reclamo principal surge porque la empresa utiliza un camino de 140 kilómetros que atraviesa suelo riojano y cruza una reserva provincial para abastecer la logística del proyecto en San Juan. Para las autoridades locales, el informe presentado por la firma se limitó únicamente al tramo vial, lo cual fue calificado como «insuficiente» por el Ejecutivo riojano.
Preocupación en las comunidades locales por el tránsito pesado
La medida busca prevenir daños potenciales antes de que se materialicen. Entre las principales preocupaciones citadas por la Secretaría de Ambiente se encuentran la dispersión de partículas en el aire (polvo constante), los ruidos y las complicaciones generadas por el flujo incesante de tránsito pesado.
Efectivamente, localidades como Guandacol, Villa Unión, Jagüé, Zapata y Las Cuevas son las que hoy perciben el impacto del movimiento logístico. «No puede ser que el único impacto para nuestras comunidades sea el polvo constante y las complicaciones del tránsito», cuestionó el funcionario, remarcando que la empresa debe adecuarse a la normativa ambiental de la jurisdicción por la que circula.
Cierre del camino y presencia policial en Guandacol
La resolución judicial no solo suspende las actividades, sino que ordena el cierre del camino logístico por el periodo de un mes. Desde las primeras horas de este jueves 16 de abril, la Policía de la provincia de La Rioja mantiene una fuerte presencia en la ruta que conecta Guandacol con la zona minera para garantizar el cumplimiento del fallo.
La jueza Decker fue clara en su dictamen: sin estudio de impacto ambiental, no hay actividad. No obstante, la suspensión tiene un carácter condicional. Si la empresa presenta la documentación requerida y se somete al análisis técnico de las autoridades riojanas, la medida podría levantarse automáticamente para avanzar en las instancias de mitigación necesarias.
El futuro del proyecto y la posibilidad de llegar a la Corte
Desde el Gobierno de La Rioja aclararon que esta medida se tomó tras una serie de pedidos administrativos que no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte de la operadora. Azulay destacó que se está actuando bajo el principio preventivo para resguardar el derecho a un ambiente sano.
Sin embargo, el conflicto podría no terminar aquí. El secretario de Ambiente advirtió que, de no lograrse un equilibrio entre los beneficios para las comunidades y los impactos ambientales, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ahora, el gigante del cobre deberá frenar sus motores en la frontera riojana mientras el reloj de los 30 días empieza a correr.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.