El panorama minero regional enfrenta un escenario de alta tensión tras la sentencia del juzgado de Chilecito que ordenó la paralización total del Proyecto Vicuña. Lo que se proyectaba como el emprendimiento de cobre más ambicioso del país hoy se encuentra en un impasse operativo, exponiendo las consecuencias de una estrategia que subestimó las exigencias institucionales de la provincia de La Rioja.
El fallo de la Dra. Decker: un freno basado en el principio precautorio
La Dra. María Greta Decker, Jueza de Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, dictó una medida cautelar que suspende de forma inmediata las actividades logísticas. La magistrada fundamentó su decisión en la protección ambiental y la soberanía provincial, invocando el principio precautorio ante la ausencia de documentación técnica clave.
El punto crítico es el bloqueo en Guandacol. Esta ruta es la arteria principal para abastecer el yacimiento ubicado en San Juan. Al no haberse completado la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades riojanas, la justicia determinó que el riesgo de daño irreparable al ecosistema local justifica la interrupción del tránsito de maquinaria y suministros.
30 días en suspenso
La magistrada riojana, a través de una ‘medida autosatisfactiva’, ordenó la suspensión de todas las actividades vinculadas al proyecto por un plazo de 30 días. En efecto, este es el tiempo que tiene la operadora para presentar los estudios de impacto ambiental pendientes. Asimismo, la resolución subraya que la prioridad absoluta es evitar daños irreparables al ecosistema local, especialmente ante la incertidumbre sobre el impacto real de las tareas de transporte.
El golpe más duro para la operatividad del proyecto es el bloqueo logístico ordenado en la localidad de Guandacol.
Cabe destacar que la misma funciona como la arteria principal que la empresa utiliza para abastecer el yacimiento, el cual se encuentra ubicado geográficamente en la provincia de San Juan. Por lo tanto, con esta medida, el acceso logístico al corazón del proyecto queda virtualmente interrumpido.
Más allá de lo técnico, el fallo de la Dra. Decker establece un precedente histórico. La justicia riojana envía un mensaje claro: las provincias tienen competencia plena para regular. Asimismo deja claro que si es necesario, puede frenar la logística minera que atraviesa sus fronteras, independientemente de dónde se encuentre el yacimiento. El caso abre ahora una etapa de incertidumbre legal y tensión entre las jurisdicciones de La Rioja y San Juan.
Desafíos en la gestión de la cadena de valor y el compre local
La crisis actual refleja una serie de decisiones en la gestión de proveedores que han tensionado la relación con el territorio. La postura de la conducción del proyecto, específicamente de su CEO y su Country Manager respecto a la Ley de Proveedores Locales generó un quiebre de confianza con las cámaras regionales, que esperaban una integración más profunda en los contratos adjudicados.
A esto se suman cuestionamientos sobre el uso del Tratado de Integración y Complementación Minera.
Se han reportado denuncias sobre la contratación de empresas externas para tareas que las PyMEs locales consideran dentro de su competencia, lo que ha debilitado el pacto de confianza entre la operadora y la industria de San Juan y La Rioja.
Inestabilidad contractual y conflictividad social
En el plano social, la falta de transparencia en la contratación de mano de obra en Guandacol derivó en una conflictividad permanente.
La ausencia de políticas de inclusión laboral efectiva en la zona de influencia riojana transformó una relación comunitaria necesaria en un frente de rechazo que hoy respalda la decisión judicial.
Consecuencias financieras: el riesgo jurisdiccional en los mercados
Para los inversores en la TSX y Nasdaq Stockholm, la parálisis representa un aumento drástico del riesgo país. La incertidumbre sobre la validez de los permisos y la logística de salida eleva la prima de riesgo del proyecto, impactando directamente en su Valor Presente Neto (VPN).
Los mercados castigan la falta de previsibilidad. Si los hitos vinculados al RIGI se ven comprometidos por conflictos legales y falta de licencia social, el costo de capital para el proyecto aumentará inevitablemente.
La lección para el sector es clara: la viabilidad de una inversión de esta escala depende estrictamente del cumplimiento normativo y del respeto a las jurisdicciones provinciales.
La línea de 500 kW
A través de la Resolución 079/26 del ENRE, la compañía obtuvo la prioridad sobre el 90% de la capacidad de la línea eléctrica de alta tensión. Esta asignación de recursos genera una fuerte tensión en el sector, ya que limita el potencial de desarrollo de la provincia de La Rioja y podría restringir el acceso a un insumo crítico para otras operadoras mineras en San Juan.
La prioridad del cupo energético a un proyecto plantea un desafío para la competencia y la sostenibilidad de otros emprendimientos en la región.
La paralización de Vicuña deja una lección amarga pero necesaria para el sector: no existe inversión, por más millonaria que sea, que pueda sostenerse ignorando el marco normativo local.
El futuro del proyecto ahora depende de la capacidad de la operadora para reconstruir los puentes destruidos con la comunidad y el empresariado regional, demostrando que el respeto al suelo y a sus habitantes es el único camino hacia una producción real y sostenible.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.