La jueza riojana María Greta Decker ordenó frenar el megaproyecto minero. Vicuña consiguió una cautelar en San Juan y sigue operando por el Corredor Norte. El fiscal Sebastián Dávila aseguró a Acero y Roca que aún no fueron notificados, pero advirtió: «Un juez de otra provincia no puede invadir las facultades de San Juan».
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
San Juan pasa de los anuncios a la ejecución con la aprobación de los Azules y Gualcamayo bajo el RIGI. El régimen ya actúa como una «ventanilla efectiva» que valida inversiones millonarias, pero el éxito depende de un factor critico: resolver el cuello de botella en infraestructura eléctrica y vial.
Sin rutas ni energía, el marco legal no bastara para alcanzar la producción histórica de cobre proyectada para 2030.
El fallo de La Rioja que encendió la mecha
La jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito, firmó una medida cautelar que suspendía por 30 días todas las actividades del proyecto Vicuña. Además, prohibió la circulación de maquinaria y vehículos por la ruta 506. La Rioja instaló retenes policiales. El argumento: la empresa no presentó un Estudio de Impacto Ambiental integral ante sus autoridades. Esto obligó a la empresa a operar por San Juan completamente usando el corredor norte, camino en construcción que todavía no está listo. Pero lo que llamaba la atención era que una jueza de La Rioja, ordene suspender actividades en otra jurisdicción. Eso ya lo solucionaron, por el momento.
La respuesta de Vicuña: cautelar en San Juan
El lunes 28 de abril, Vicuña emitió un comunicado informando que lograron una cautelar en la justicia sanjuanina que les permite seguir operando:
«Vicuña fue notificada de parte de una resolución judicial emitida en la provincia de La Rioja referida a restricciones de tránsito por una ruta provincial y a la suspensión de las actividades que realiza el proyecto minero Vicuña. El equipo legal de la empresa está actualmente analizando el alcance y las implicaciones de esa decisión.
En el marco de una causa iniciada por Vicuña ante los Tribunales Provinciales de San Juan, se hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía, que garantiza la continuidad de las operaciones en el proyecto minero Vicuña. Esta medida precautoria impide que cualquier tercero, -público o privado-, con excepción de las autoridades de la provincia de San Juan, pueda obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto, dado que se encuentra habilitado por la autoridad de aplicación correspondiente, esto es, el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan.
Vicuña continúa operando en pleno cumplimiento del marco legal aplicable, priorizando la seguridad y la continuidad operativa, al tiempo que impulsa las acciones legales e institucionales correspondientes para normalizar plenamente el acceso a las operaciones».
La postura de la Fiscalía de Estado de San Juan
El fiscal de Estado Sebastián Dávila, confirmó a Acero y Roca que la provincia aún no fue notificada oficialmente del fallo de La Rioja ni de la cautelar de Vicuña.
«Hasta que no sepamos de qué se trata (oficialmente por notificación), no vamos a participar. No nos han puesto en conocimiento oficial ni extraoficialmente», dijo.
Pero si su labor llega a ser requerida adelanta que «Fijaremos la posición que defienda los intereses de la provincia, más allá de lo que haya dicho la jueza de otra provincia o de los intereses de la empresa. Le daremos prioridad al interés de la provincia, que es quien ha otorgado la concesión del proyecto para que se trabaje».
«Si un juez de otra provincia necesita llevar a cabo una medida que invada las facultades de San Juan sobre su proyecto minero, es totalmente inaplicable. Está excediendo su jurisdicción y sus facultades«, sentenció el fiscal de Estado de San Juan.
El trasfondo histórico: la disputa por los límites
El conflicto entre San Juan y La Rioja por los límites territoriales no es nuevo. Su origen se remonta a 1968, cuando en pleno gobierno de facto se firmó el Decreto-Ley 18.004 que fijó la delimitación interprovincial. Para La Rioja, ese acuerdo es inválido; para San Juan, está ratificado en democracia. Durante décadas esa diferencia no generó conflictos relevantes, pero hoy tiene efectos concretos sobre la actividad, la logística y el clima de inversión minera.
El antecedente del fallo «La Pampa c/ Mendoza» por el río Atuel flota en el ambiente: es el recordatorio de lo que puede pasar cuando una provincia vecina logra frenar actividades con impacto ambiental que se consideran transfronterizas.
Conclusión: una batalla abierta
Por ahora, la Fiscalía de Estado de San Juan decidió mantener una postura expectante. Según pudo saber Acero y Roca, hubo una reunión interna para analizar el escenario, pero no presentarán ningún recurso ni acción judicial hasta que no reciban una notificación formal.
Mientras tanto, Vicuña sigue operando. El proyecto que promete posicionar a la Argentina como potencia mundial del cobre se mantiene en pie, pero el camino se ha vuelto mucho más escabroso. La batalla es múltiple: legal, política, social. Y se libra no solo en los tribunales, sino también en las rutas, en las casas centenarias de Angualasto y en los reclamos de empleo de General Lamadrid en La Rioja.
Notas relacionadas. Leé también
- Josemaría en Disputa: La Rioja demanda territorio clave a San Juan ante la Corte
- Último momento: la Justicia de La Rioja ordenó suspender el proyecto Vicuña
- LA RIOJA PIDE SOLIDARIDAD A SAN JUAN MIENTRAS TENSA LAS RELACIONES POR LOS LÍMITES
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.