La Justicia de La Rioja ordenó suspender el paso del proyecto minero por su territorio, pero Vicuña sigue operando por el Corredor Norte, en San Juan. La Fiscalía de Estado provincial ya tuvo una reunión al respecto. El antecedente del fallo “La Pampa c/ Mendoza” sobre el río Atuel se vuelve una advertencia.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La jueza María Greta Decker suspendió por 30 días el paso de Vicuña por la ruta 506 de La Rioja por falta de estudios ambientales. Pero la empresa sigue operando por el Corredor Norte. Hubo una reunión interna en la Fiscalía de Estad de San Juan por este tema. El caso “La Pampa c/ Mendoza” (fallo de la Corte sobre el río Atuel) advierte qué pasa cuando una provincia vecina logra frenar actividades con impacto ambiental transfronterizo.
Una jueza riojana frenó a Vicuña, pero el proyecto sigue
La semana pasada la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida cautelar que ordena suspender por 30 días las actividades del proyecto Vicuña vinculadas al tránsito por la ruta provincial N° 506, el camino que conecta Guandacol con el campamento Batidero. El fundamento: la empresa no presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral ante las autoridades riojanas, algo que el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, calificó como una “segmentación de impactos” inadmisible.
Pero hay un detalle que cambia la lectura del conflicto: la empresa aseguraba el viernes pasado que aún no había sido notificada oficialmente del fallo. Y mientras tanto, seguía operando. Lo hace por el Corredor Norte, el camino que la propia Vicuña está construyendo dentro de territorio sanjuanino, que atraviesa el departamento Iglesia y permite acceder al campamento sin pisar La Rioja. Tal como informó Acero y Roca en su momento, la empresa encontró esta ruta de escape para esquivar el cerco judicial riojano. Justamente este lunes por la tarde la empresa convocó a una reunión informativa a la comunidad de la localidad iglesiana de Angualasto sobre el tránsito por el corredor norte.
El fallo, es llamativo no por el hecho de impedir que usen la ruta provincial riojana, sino porque se ordena el cese de actividades en una provincia que esta fuera de la jurisdicción de la jueza Greta Decker: ¿qué hará San Juan?
¿Qué hará la Fiscalía de Estado de San Juan?
Acero y Roca consultó a la Fiscalía de Estado de San Juan, el organismo encargado de defender los intereses de la provincia en litigios judiciales, sobre si tiene previsto intervenir en este conflicto. La respuesta, al menos por ahora, es que esperarán.
Según pudo saber este medio, hubo una reunión interna en la Fiscalía para analizar el escenario. La decisión fue mantener una postura expectante. No presentarán ningún recurso ni acción judicial hasta que no reciban una notificación formal del fallo riojano, hasta que se lo pida el Ministerio de Minería o hasta que la propia empresa Vicuña active algún mecanismo legal que los obligue a intervenir.
“Hasta que no haya una cuestión fehaciente, una notificación o una comunicación legal y formal, la Fiscalía no va a actuar”, confiaron desde la Fiscalía de Estado a Acero y Roca.
La explicación técnica es simple: para movilizarse, necesita una cédula de notificación oficial desde La Rioja o un pedido de intervención por parte del Ministerio de Minería de San Juan. Y hasta el lunes al mediodía, nada de eso había ocurrido.
Justamente, desde Vicuña señalaron a este medio (el lunes 20 en horas de la siesta) que:«no sabemos qué dice la sentencia. Cuando la tengamos, se analizará y definirán los pasos a seguir» . Esto lo remarcaron porque no han recibido una notificación oficial y si bien conocen la situación a través de los medios, legalmente el equipo legal no puede actuar hasta ser notificados como corresponde.
El razonamiento interno es que, al no haber sido notificados formalmente, el fallo no existe para la provincia. Mientras tanto, Vicuña sigue operando por el Corredor Norte y el conflicto continúa en un limbo judicial.
¿Qué es la Fiscalía de Estado de San Juan?
La Fiscalía de Estado es el organismo provincial encargado de representar y defender judicialmente los intereses de la Provincia de San Juan. Actúa en juicios contencioso-administrativos y en toda controversia que pueda afectar el patrimonio público. El actual Fiscal de Estado es el Dr. Miguel Sebastián Dávila.
El antecedente que preocupa: “La Pampa c/ Mendoza”
Lo que está ocurriendo en la frontera entre San Juan y La Rioja no es un caso aislado en la historia judicial argentina. Existe un antecedente directo que debería encender todas las alarmas en la Casa de Gobierno: el fallo de la Corte Suprema en el caso “La Pampa c/ Mendoza s/ Uso de aguas”.
La demanda fue iniciada en 2015 por La Pampa contra Mendoza por el desvío del río Atuel. Las obras hidroeléctricas mendocinas (Portón del Atuel y El Nihuil, construidas entre los años 40 y 50) secaron el cauce del río en territorio pampeano, causando desertificación y un daño ambiental colectivo que la Corte decidió atender.
En 2020, el máximo tribunal dictó un fallo histórico: ordenó fijar un caudal ecológico mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo para recomponer el ecosistema, priorizando la protección ambiental sobre los usos productivos de Mendoza. La Corte fue clara: los impactos ambientales no se detienen en los límites políticos.
Ese fallo tuvo un impacto directo en la minería mendocina. Hoy, más de 30 proyectos mineros (entre ellos San Jorge en Uspallata y las 27 exploraciones del Distrito Minero Occidental II en Malargüe) están limitados en su desarrollo por la restricción hídrica impuesta por la Corte.
La Pampa denuncia que Mendoza “cobra el agua a las mineras mientras niega el acceso a La Pampa”, y el conflicto sigue abierto con amparos judiciales presentados en 2026.
El paralelismo con el caso Vicuña–La Rioja es inquietante. En ambos escenarios, una provincia vecina reclama que los impactos ambientales (o la falta de estudios) de una actividad productiva ubicada en otra jurisdicción le generan o que creen que podría generarle un daño directo. Y en ambos casos, la herramienta es la judicialización.
La gran diferencia es que Mendoza enfrentó ese reclamo. San Juan, por ahora analiza y está a la espera de las correspondientes notificaciones.
¿La política metió la garra?
En medio de toda la convulsión que se generó el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández dio fuertes declaraciones. Dijo que esto “es una provocación” al Gobierno de San Juan. Pero eso no es todo, metió la política partidaria en el asunto. “Hay sectores del peronismo local que vienen haciendo un trabajo de poner palos en la rueda para el avance de la actividad minera. Y esto forma parte de ese plan, que tiene algún sector del kirchnerismo en San Juan. Un sector que utiliza al Gobierno de La Rioja, con el que tiene aceitados vínculos, para generar este tipo de inconvenientes”.
Justamente, semanas atrás el exgobernador Sergio Uñac volvió al ruedo político. Esto fue al destacar que hace falta un cambio en la presidencia del PJ a nivel nacional. Algo que muchos analizaron en los medios como una declaraciones de intenciones de ser candidato a presidente de la nación.
El contexto de una semana convulsionada
El fallo de la jueza Decker no fue una sorpresa. Horas después, el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, le había dicho a Acero y Roca que “el tiempo nos iba a dar la razón y nos la dio”. Orquera venía denunciando que Vicuña llevaba seis años sin cumplir la promesa del bypass de Guandacol; que no generaba empleo local y que los directivos de la empresa nunca bajaban a dialogar. Su reclamo, publicado por este medio, reflejaba la bronca de una comunidad que vio pasar camiones durante años sin recibir beneficios.
El propio secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, había opinado sobre medida judicial. En declaraciones radiales, defendió la postura de su provincia con una analogía contundente:
“Supongamos que tenemos un estanque de agua calma y trazamos una línea imaginaria por el medio. Si usted decide tirar un ladrillazo a unos metros de esa línea pero de su lado, el impacto generará una onda expansiva. Esos impactos no se detienen en la línea imaginaria.”
Y criticó la estrategia de Vicuña de presentar un estudio de impacto ambiental para el camino en La Rioja y otro para el proyecto en San Juan. Una “segmentación de impactos” que, según Azulay, no se ajusta a la ley.
Lo que viene
Por ahora, la Fiscalía de Estado de San Juan espera. Se entiende que no adelantaran sus accciones para no mostrar las cartas antes de tiempo, en el caso de entrar en una contienda legal con la vecina provincia. El caso “La Pampa c/ Mendoza” demostró que este tipo de conflictos pueden escalar hasta la Corte Suprema. También que los fallos pueden tener efectos vinculantes para toda una región. Si La Rioja logra consolidar su posición judicial y Vicuña no presenta los estudios requeridos, San Juan podría terminar en una situación incómoda. Harán algo o seguirán viendo cómo una provincia vecina condiciona el desarrollo de uno de sus proyectos mineros y económicos más importantes.
La decisión de la Fiscalía, por ahora, es esperar. pero eso no significa o hacer nada. Ya hubo una reunión y seguramente más de un empleado estará revisando archivos, leyendo leyes, analizando jurisprudencias para prepararse.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.