A días de la Expo Minera, el diputado por Iglesia lanzó una fuerte advertencia. Reclama por los 10 millones de dólares desviados a La Rioja, exige la urgente Ley de Proveedores y rechaza cualquier recorte a los fondos del departamento.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El diputado bloquista Gustavo Deguer expuso la crisis logística del Proyecto Vicuña en Iglesia. Cuestionó que las operadoras inviertan en caminos en La Rioja mientras Angualasto corre riesgos. Además, exigió empleo genuino para 400 desocupados locales y advirtió que las regalías mineras son intocables.
Fuga de capitales y el contraste que indigna a Iglesia
Mientras San Juan se prepara para encender las luces de la Expo Minera 2026 y mostrarse al mundo como el destino ideal para los capitales extranjeros, puertas adentro la tensión escala. Las comunidades anfitrionas ya no se conforman con promesas a largo plazo y exigen que el despliegue industrial no pase de largo por la puerta de sus casas. El epicentro de este malestar tiene nombre y apellido: el desarrollo logístico del Distrito Vicuña en el departamento de Iglesia.
El detonante que encendió la mecha legislativa fue una decisión corporativa que cayó como un balde de agua fría en la cordillera sanjuanina. Según detalló el diputado Gustavo Deguer, se anunció una inversión de 10 millones de dólares destinada a construir una vía de circunvalación en el departamento de Guandacol, en la vecina provincia de La Rioja.
Esta multimillonaria inyección de capital en suelo riojano desnudó una asimetría que indigna a los locales. Mientras las empresas blindan el tránsito en provincias vecinas, la infraestructura de Iglesia sigue siendo víctima del desgaste operativo sin recibir compensaciones equivalentes.
Casas centenarias en riesgo sobre el Corredor Norte
El contraste es alarmante. El presidente de la Comisión de Minería expuso con crudeza la realidad del Corredor Norte, la traza principal que hoy soporta el peso logístico de la exploración y desarrollo minero. En localidades históricas como Angualasto, la huella precaria por donde transita la maquinaria pesada hace temblar literalmente el patrimonio local.
Deguer advirtió que existen viviendas construidas en adobe que superan los 100 años de antigüedad y que hoy se encuentran en riesgo inminente por las vibraciones y el polvo del intenso tránsito industrial. Para la Legislatura, el mensaje es claro: no se puede proyectar una minería de clase mundial operando sobre infraestructura del siglo pasado a costa de las comunidades locales.
Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de San Juan, Luis Deguer.
Pedido formal de reunión: La Rioja con fecha, San Juan en espera
Para canalizar este descontento territorial, las autoridades iglesianas pasaron de la queja a la acción institucional. Deguer confirmó que, en un frente conjunto integrado por legisladores, concejales y cámaras empresariales del departamento, presentaron una nota formal exigiendo una cumbre directa con el CEO del Proyecto Vicuña.
Sin embargo, el destrato logístico parece replicarse en la agenda corporativa. El diputado reveló un dato que caldeó aún más los ánimos en la Comisión: mientras la solicitud de San Juan aún aguarda una confirmación oficial en la agenda de la operadora, el gobernador de La Rioja ya tiene su encuentro cerrado y con fecha confirmada con la máxima autoridad de la empresa.
«Nosotros queremos lo mismo, necesitamos plantear estos problemas cara a cara», aseguró el legislador, marcando la urgencia de equilibrar la balanza de diálogo institucional antes de que el conflicto escale en plena Expo Minera.
Empleo local: se acabaron las excusas de la «falta de capacitación»
La otra gran batalla que se libra en los despachos parlamentarios es la empleabilidad. Hoy, Iglesia contabiliza entre 300 y 400 personas desempleadas que observan impotentes cómo el ecosistema minero absorbe mano de obra y empresas foráneas, dejando a las pymes locales relegadas al final de la fila.
Históricamente, el sector corporativo ha escudado esta baja participación local bajo el paraguas de la «falta de capacitación técnica». Sin embargo, Deguer pulverizó este argumento sobre la mesa de la Comisión al recordar un hito operativo irrefutable: durante el cierre total por la pandemia, la firma Aramark logró mantener la complejidad de los servicios del campamento de Veladero operando con un 90% de personal estrictamente iglesiano. La capacidad existe; el problema, afirman desde el bloque, es el compromiso real de contratación.
El fin de las DIA sin control: llega la Ley de Proveedores
Para terminar con la discrecionalidad empresarial, la Cámara de Diputados pisa el acelerador. Actualmente, los compromisos de contratación figuran en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), pero carecen de una auditoría estatal severa.
Frente a este vacío, avanza a paso firme la Ley de Desarrollo de Proveedores y Mano de Obra Local. Esta herramienta legislativa busca crear un cerrojo normativo y un órgano de control ineludible que obligue a las operadoras a cumplir con cuotas medibles de integración sanjuanina.
Regalías mineras: «Vamos a poner el grito en el cielo»
Como si el escenario logístico y laboral no fuera suficiente, el tablero político sumó una nueva ficha de conflicto: los crecientes rumores sobre una posible modificación a la baja en los esquemas de coparticipación y regalías mineras.
Consciente de que los departamentos anfitriones ya han cedido terreno en reformas legislativas anteriores, la respuesta del diputado fue un ultimátum rotundo. «Vamos a poner el grito en el cielo», anticipó el diputado, dejando en claro que su bloque no avalará bajo ninguna circunstancia que se le quite un solo punto porcentual a Iglesia.
Estos fondos no son un premio, son el único reaseguro económico para que los municipios puedan transformar la riqueza efímera del subsuelo en infraestructura permanente en la superficie. A escasos días de abrir sus puertas al capital internacional, el mensaje que emana de la Legislatura de San Juan es implacable: la provincia garantiza seguridad jurídica para los inversores, pero la licencia social se paga con obras, contratos locales y respeto irrestricto a los recursos de la comunidad.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.