La Rioja volvió a la carga contra los proyectos mineros sanjuaninos. Esta vez el blanco es Lunahuasi, del Grupo Lundin. El ministro Perea respondió con una ley de 57 años. Legisladores, dispararon contra el Kirchnerismo cámaras empresariales y la propia empresa salieron a hablar. La Cámara Minera de San Juan no respondió.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El ministro de Producción de La Rioja dijo que Lunahuasi está en territorio riojano. San Juan respondió con la Ley 18.004 de 1968. La diputada Picón habló de kirchnerismo poniendo palos. El senador Olivera dijo que La Rioja tiene crisis económica y necesita ruido mediático. Y Víctor Grau de AITURIC lanzó la frase más dura: «La Rioja no puede haber combatido la minería durante años y ahora pretender hacer minería dentro de San Juan».
El hallazgo de importantes concentraciones de oro en el proyecto Lunahuasi, del Grupo Lundin, encendió una mecha que en San Juan nadie quería volver a ver. La Rioja retomó su reclamo territorial sobre proyectos mineros ubicados en suelo sanjuanino y esta vez apuntó directamente al nuevo gigante que acaba de sacudir el mercado con sus resultados de exploración.
El ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, salió a los medios con declaraciones que en San Juan cayeron como una bomba. «Todas las mineras instaladas en San Juan están pisando el límite con La Rioja; en realidad están adentro del territorio nuestro«, afirmó en diálogo con el medio sanjuanino Canal 13. Y agregó, en tono de advertencia: «La política de San Juan no entiende, pero lo va a tener que entender».
La respuesta de Perea: una ley de 57 años
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, no demoró. Usó sus redes sociales para responder con precisión jurídica. «Las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja son falsas. Lunahuasi está íntegramente en San Juan: lo establece la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada por el Digesto Jurídico Argentino«, escribió.
Los argumentos de San Juan son concretos. La jurisdicción está definida por una ley que lleva 57 años aplicándose bajo gobiernos de todos los signos políticos. Los límites fueron ratificados en 2014 por el Digesto Jurídico Argentino. El glaciar El Potro, que La Rioja menciona como afectado por el proyecto, está separado físicamente del área de Lunahuasi por una cadena montañosa. Y la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional documenta que ese glaciar desciende mayoritariamente hacia Chile y, en menor medida, hacia La Rioja, sin vinculación con la zona de exploración sanjuanina.
Sobre la propuesta riojana de crear un «área común» similar a la de Salta y Catamarca para el litio, Perea fue directo: esa comparación no aplica. El modelo salteño-catamarqueño se basa en salares físicamente compartidos. Lunahuasi está en territorio sanjuanino claramente delimitado y no existe figura legal que obligue a compartir su administración.
Picón: «Kirchnerismo siendo kirchnerismo»
La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón dialogó con nuestro medio y fue directa en términos políticos. «Es un intento de entorpecer y sin sentido, más que nada es una cuestión política. Esto es el kirchnerismo siendo kirchnerismo en su máxima expresión, poniendo palos en la rueda e intentando trabar el crecimiento del país. Está clarísima la Ley 18.004. Además, en el Digesto Jurídico ningún diputado de La Rioja se opuso. Por lo tanto, está ratificada y consentida.»
Picón confirmó que ya realizaron presentaciones en la Cámara de Diputados vinculadas a la Ley 18.004, cuando Quintela dijo que Vicuña estaba en territorio riojano y destacó que el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, también riojano, salió a expresarse en el mismo sentido que San Juan.
Cabe destacar que esta arista ya fue mencionada por el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, cuando semanas atrás dio a entender que cierto sector de kirchnerismo de San Juan había metido la cola en el tema. Declaraciones que terminaron con una carta documento del exgobernador Sergio Uñac dirigida al titular de la cartera productiva. Dicho sea de paso, no trascendió públicamente que paso ya que en la misma se exigía que se retracte o que presente pruebas.
Además cabe destacar que la cámara de diputados de San Juan repudio en su momento el accionar de Quintela y lo hizo sin el voto del PJ sanjuanino. Esta situación fue catalogada como «Una pena» por el ministro de Minería de San Juan, en diálogo con Acero y Roca.
Olivera: «La Rioja se dio cuenta de que cometió un error»
El senador nacional Bruno Olivera aportó una lectura más política y menos jurídica del conflicto. «Mi opinión es que la situación económica de La Rioja está muy mal. Los números no le dan al gobierno de Quintela y necesita un ruido mediático para desviar la atención. No me enteré de que haya ingresado nada formal al Senado. Ayer (jueves) hubo sesión y los senadores de La Rioja no hicieron absolutamente nada.«
Olivera fue más lejos en su diagnóstico: «La Rioja tiene una superficie de montaña similar a la nuestra y hay proyectos del lado chileno en la misma zona. Seguramente tienen minerales, pero nunca han explorado. Creo que La Rioja hoy, viéndonos, se dio cuenta de que cometió un error al no permitir la minería y, en vez de empezar a trabajar, buscan este tipo de conflicto mediático.»
La visión de algunas cámaras sectoriales
Desde el sector empresarial, las respuestas fueron igualmente contundentes. Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, fue breve y categórico: «No hay sustento jurídico de reclamo. Solo son dichos sin fundamentos. Apoyo total al gobierno de San Juan y al proyecto Lunahuasi. No hay nada más que comentar porque carece de todo sustento. No existe argumento más que el comentario de un político de segunda línea.»
Víctor Grau, presidente de AITURIC, fue el más técnico y el más duro. Para el referente iglesiano, el cuestionamiento riojano no solo es inoportuno: afecta directamente la seguridad jurídica porque introduce una duda artificial sobre tres elementos centrales de cualquier inversión minera: territorio, autoridad de aplicación y destino de las regalías.
«Ninguna empresa seria puede invertir miles de millones de dólares si no tiene certeza sobre qué provincia autoriza, qué autoridad ambiental controla y bajo qué régimen tributario operará. La Rioja no puede haber combatido la minería durante años, Famatina no se toca, y ahora pretender hacer minería dentro de San Juan justo cuando aparece uno de los mayores distritos cupríferos del continente.»
Grau también conectó el conflicto con el impacto concreto en Iglesia: cada disputa jurisdiccional demora decisiones, encarece financiamiento y posterga infraestructura. Y fue claro en la postura de su cámara: la cooperación interprovincial puede ser útil para caminos, logística y seguridad vial, pero no puede transformarse en una herramienta para bloquear inversiones ni capturar regalías de proyectos radicados en San Juan.
Acero y Roca intentó conocer la postura de la Cámara Minera de San Juan sobre este conflicto. La respuesta que nos dieron es que para obtener declaraciones son necesarios procesos internos, que habiliten la autorización para hablar con los medios. Asimismo aclararon que quienes realizan las comunicaciones son las operadoras directamente.
El trasfondo: Quintela y momento justo
El conflicto no es nuevo pero el timing sí llama la atención. La arremetida riojana coincidió exactamente con el anuncio de NGEx Minerals sobre hallazgos récord de oro en Lunahuasi. No es la primera vez que La Rioja actúa en momentos de visibilidad máxima de los proyectos sanjuaninos: semanas atrás, una jueza riojana intentó suspender actividades de Vicuña en su territorio, una medida que la Justicia de San Juan desactivó al sostener que la autoridad competente es San Juan. Luego se limaron las asperezas con la visita del Country Director de Vicuña.
La Rioja también mencionó el uso de la Ruta 153 por la localidad de Guandacol como parte de su reclamo de participación. Esa ruta es justamente el corredor que San Juan viene trabajando como prioridad logística para la minería del norte provincial.
El Gobierno de San Juan dejó en claro que está abierto al diálogo institucional pero que no admitirá que se discutan límites territoriales cerrados por ley hace medio siglo
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Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.