La Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano advierte que el triunfo de Abelardo de la Espriella abre una ventana de oportunidad para reposicionar la minería legal como eje del desarrollo nacional, pero condiciona ese escenario a decisiones concretas en seguridad jurídica, licenciamiento ambiental y combate a la extracción ilícita.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano considera que el gobierno de Abelardo de la Espriella representa una oportunidad para recuperar la competitividad del sector. El gremio reclama seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, licenciamiento ambiental eficiente, mayor exploración de minerales estratégicos y una política firme contra la extracción ilegal. También advierte que el éxito dependerá de decisiones concretas durante los primeros 100 días de gestión y del fortalecimiento de la inversión responsable.
La minería formal busca recuperar protagonismo tras las elecciones presidenciales
El resultado de las elecciones presidenciales de 2026 tiene, para el sector minero colombiano, una traducción técnica precisa. Luis Fernando Barrera M., presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC), abogado especializado en compliance corporativo y profesor de la Universidad Nacional, lo resume en una frase: «Colombia votó por recuperar la confianza en la minería formal como motor de desarrollo, legalidad y sostenibilidad.»
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Desde esa lectura, la APMC interpreta el triunfo del programa de gobierno de Abelardo de la Espriella como la oportunidad de corregir un rumbo que, en palabras de Barrera, estuvo definido por «la desconfianza, la restricción y la incertidumbre regulatoria». Para el dirigente gremial, el país expresó en las urnas que no puede seguir viendo «la minería y la energía como sectores a limitar o estigmatizar, sino como pilares estratégicos para generar empleo, ingresos fiscales, encadenamientos productivos, infraestructura y bienestar en las regiones.»
Qué espera la minería formal del nuevo gobierno
El presidente de la APMC advierte que el resultado electoral no equivale a un cheque en blanco. «Este resultado no debe interpretarse como un cheque en blanco, sino como un mandato para gobernar con responsabilidad, diálogo técnico y visión de país», señala Barrera, quien considera que el margen estrecho de la victoria obliga al nuevo gobierno a actuar «con prudencia, diálogo y capacidad técnica», desde la concertación institucional y no desde la revancha sectorial.
Factores críticos para el retorno de los inversores
Además, Barrera sostiene que la confianza de los inversionistas no se recuperará únicamente con un cambio de administración. «La confianza de los inversionistas no depende únicamente del resultado electoral, sino de las decisiones concretas que adopte la nueva administración en materia de política minera, licenciamiento ambiental, estabilidad normativa, seguridad en los territorios, respeto por los títulos legalmente otorgados y lucha efectiva contra la extracción ilegal.»
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En consecuencia, el sector espera que el nuevo gobierno pase «del discurso a los hechos» y consolide condiciones que favorezcan la inversión minera responsable y el crecimiento de la minería formal en Colombia.
Exploración minera, licenciamiento ambiental e inversión extranjera
En materia de exploración, Barrera M. advierte una contradicción que el nuevo gobierno deberá resolver. «Colombia no puede hablar de transición energética, minerales estratégicos, cobre, oro, níquel, materiales para infraestructura o autosuficiencia productiva, si al mismo tiempo desestimula la búsqueda técnica de nuevos yacimientos.»
La APMC sostiene que la reactivación de la exploración minera requiere reglas proporcionales y diferenciadas. Como explica Barrera «no es lo mismo una fase temprana de estudios geológicos, cartografía, muestreo o prospección, que una operación minera en etapa de explotación».
Propuesta de coordinación para destrabar permisos
Asimismo, el gremio considera indispensable mejorar el funcionamiento del sistema de permisos ambientales. «El licenciamiento no puede convertirse en una barrera imposible, incierta o politizada», sostiene Barrera, quien propone como una de las primeras medidas de gobierno instalar una mesa de coordinación entre el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las corporaciones autónomas regionales para «reducir duplicidades, unificar criterios y brindar mayor certeza a los proyectos viables».
Combate a la minería ilegal
En paralelo, el presidente de la APMC considera que la recuperación de la inversión extranjera dependerá de la capacidad del Estado para ofrecer previsibilidad. «La inversión minera responsable no llega donde hay incertidumbre, bloqueos institucionales, mensajes contradictorios o falta de autoridad frente a la extracción ilegal.«
Para revertir ese escenario, el gremio reclama que el nuevo gobierno diferencie «con absoluta claridad al inversionista formal, que cumple obligaciones ambientales, laborales, sociales, tributarias y de debida diligencia, de las economías ilegales que destruyen ecosistemas, financian criminalidad y afectan a las comunidades».
Los cuatro riesgos que enfrenta la minería colombiana
El presidente de la APMC advierte que el nuevo escenario político también presenta desafíos que podrían limitar la recuperación del sector.
El primero: polarización, que puede contaminar la política minera si se la instrumentaliza ideológicamente. «Una política minera seria no puede construirse desde la revancha ni desde la imposición, sino desde la concertación institucional, el respeto por las comunidades y la defensa del interés nacional», afirma.
El segundo: generación de expectativas aceleradas. «Hay cuellos de botella institucionales, conflictos territoriales, consultas, licenciamientos, inseguridad, extracción ilegal y desconfianza social acumulada. Si no se manejan con rigor, esos problemas pueden frustrar la recuperación del sector», advierte Barrera.
El tercer: confundir promoción sectorial con debilitamiento ambiental. «Desde la APMC no defendemos una minería sin reglas. Defendemos una minería formal, bien regulada, técnicamente evaluada y ambientalmente responsable», precisa.
El cuarto: territorios. «Muchos proyectos mineros no fracasan por falta de mineral, sino por falta de relacionamiento social, ausencia institucional, conflictos con comunidades o presencia de economías ilegales.»
Seis prioridades para los primeros 100 días de gestión
- Restablecer la seguridad jurídica. «Para atraer capital no basta con decir que Colombia está abierta a la inversión; se necesita demostrar que habrá reglas claras, trámites previsibles, decisiones técnicas y respeto por los derechos adquiridos», sostiene.
- Reactivar la exploración responsable.
- Ordenar el licenciamiento ambiental mediante coordinación interinstitucional efectiva.
- Desarrollar una estrategia frontal contra la extracción ilícita. «No puede seguir existiendo confusión entre el empresario formal, que cumple obligaciones ambientales, laborales, tributarias, sociales y de debida diligencia, y las economías ilegales que destruyen ecosistemas, contaminan fuentes hídricas, financian criminalidad y afectan a las comunidades», remarca.
- Reconstruir el vínculo entre comunidades, empresas y Estado mediante mesas regionales de diálogo.
- Proyectar una agenda de inversión responsable con estándares ESG, SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y debida diligencia en la cadena de valor minera. «Los primeros 100 días no deben limitarse a anuncios. Deben producir decisiones concretas», advierte Barrera.
Para la APMC, Colombia enfrenta una bifurcación real. O consolida una minería formal fortalecida, técnica y competitiva, o continúa en un ciclo de incertidumbre que beneficia a las economías ilegales y aleja la inversión productiva. «Si el Gobierno actúa con seriedad, estabilidad regulatoria y respeto por la minería formal, Colombia puede recuperar inversión, empleo y competitividad.» Las primeras decisiones de la nueva administración marcarán el rumbo de la minería colombiana durante los próximos años.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.