Tras un intenso debate y modificaciones clave post-cuarto intermedio, la Legislatura sancionó la norma que exige un 80% de mano de obra local. Una herramienta que busca equilibrar el RIGI con el crecimiento de las pymes sanjuaninas.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El 2 de julio de 2026, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó la Ley de Desarrollo Local Minero con 34 votos afirmativos. La norma crea el Repromí, establece metas del 80% en empleo local y 60% en proveedores provinciales, bajo apercibimiento de multas de hasta 200.000 unidades tributarias.
El fin de la «escritura plana»: San Juan recupera la iniciativa minera
La Cámara de Diputados de San Juan vivió una de sus jornadas más densas y técnicas de los últimos años. Con la sombra de la reciente compra de un campamento minero a China por parte de una operadora nacional, el recinto se convirtió en el escenario donde se definió el futuro de los servicios industriales de la provincia. El diputado Andrés Castro, miembro informante del proyecto, dio el puntapié inicial contextualizando el momento: «El mundo atraviesa un proceso acelerado hacia la transformación energética. Proyectos como Vicuña o Los Azules ya cuentan con declaración de impacto ambiental».
Sin embargo, el eje no fue solo la extracción, sino el valor residual. Castro fue tajante al señalar que este proyecto «no nace claramente de una necesidad de inversiones, nace porque la experiencia internacional nos demuestra que las inversiones por sí solas no se traducen en un desarrollo sostenido». La ley busca que el 80% de la nómina anual de trabajadores sea local y que al menos el 60% del monto de contrataciones se destine a empresas radicadas en San Juan.
La votación general arrojó un resultado contundente: 32 votos por el «Sí» y 2 por el «No». Deja clara la postura de la mayoría frente a la necesidad de regular el impacto de las inversiones minera. Quienes votaron en contra fueron los diputados Mario Herrero y Graciela Seva, pertenecientes al espacio San Juan Vuelve, votaron en contra.
Leé también: San Juan unifica bloques políticos para blindar la Ley de Desarrollo Local Minero
Leé también: El «premio» impositivo: San Juan pagará a las mineras por contratar sanjuaninos
El factor Marisa López: técnica y control ambiental
La participación de la diputada Marisa López fue quirúrgica. Durante el debate, recordó las advertencias realizadas hace dos años durante la adhesión al RIGI y exigió precisiones técnicas que fueron incorporadas tras un cuarto intermedio. López logró que el plan de desarrollo de empleo local se integre directamente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
«Las actividades que se llevan a cabo en el poscierre de minas son muy significativas por eso voy a pedir que se incluya a las actividades de poscierre», argumentó la legisladora. Logró que la ley no se limite solo a la etapa de explotación. Además, impulsó la modificación del artículo 25, facultando al Poder Ejecutivo a establecer el cálculo del crédito fiscal para aquellas empresas que cumplan con las metas de radicación efectiva y contratación local.
Leé también: La ley imprescindible para San Juan: cierre de minas con garantías y sin costo para el Estado
El termómetro de Aranda y la «multa ejemplar»
El diputado Franco Aranda aportó una visión macroeconómica cruda, señalando que la recaudación del IVA cayó un 7,2% y se han perdido casi 300.000 trabajos formales a nivel nacional. Para Aranda, la operatividad de esta ley es urgente: «Necesitamos el decreto reglamentario sin eso no puede ser operativa y vamos a correr el riesgo de que haya otra vez contrataciones que los sanjuaninos no queremos».
Fue Aranda quien mocionó, con éxito, elevar el tope de las sanciones. El texto original preveía multas de hasta 60.000 unidades tributarias, pero tras su intervención, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad elevarlas hasta las 200.000 unidades para garantizar que el incumplimiento no sea más barato que la inversión en el mercado local.
Críticas y tensiones: ¿Libertarios o Estatistas?
No todo fue consenso absoluto. La diputada María Fernanda Paredes lanzó una de las frases más punzantes de la tarde, cuestionando la coherencia política entre el alineamiento nacional y la necesidad de intervención local: «No se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan. Si ustedes creen que el Estado tiene que estar, hay que tener acciones concretas». Paredes lamentó que se hayan perdido dos años desde la aprobación del RIGI para llegar a esta instancia de protección.
Por su parte, el diputado Jorge Castañeda puso el foco en la ejecución más que en la letra: «Si esta ley no se apalanca en la gestión diaria no va a servir. Alguien habló de los planes, Calingasta fue a presentar el plan estratégico y el gobierno no pudo volver más». Con un lenguaje directo, pidió a sus pares: «Saquémonos la careta, pongámonos los pantalones largos y hagamos cumplir las cosas».
El cuarto intermedio y el «Repromí» como escudo
Tras el cuarto intermedio, se ajustaron los detalles del Repromí (Registro de Proveedores Mineros). Este será un instrumento público, único y digital que busca dotar de transparencia al sistema. Las operadoras mineras estarán obligadas a publicar sus cronogramas de adquisiciones, permitiendo que las pymes locales tengan tiempo para prepararse y competir en igualdad de condiciones.
El diputado Juan de la Cruz Córdoba defendió la calidad de la industria local: «Escucho y me da mucha tristeza que algunos diputados menosprecien la calidad del trabajo de nuestros proveedores. Nosotros entendemos que tienen la calidad y la experiencia para poder competir». Córdoba subrayó que la ley abroga la antigua norma 1200-M del año 2013, la cual «nunca tuvo aplicación».
El desafío de la convivencia legal
La sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero pone a San Juan en una posición de vanguardia, pero también de riesgo jurídico. El desafío reside en la «tensión» mientras el régimen nacional garantiza estabilidad fiscal y libre mercado por 30 años, la ley provincial impone condiciones de contratación. El éxito de esta normativa no dependerá solo de las multas de 200.000 unidades, sino de la capacidad del Ministerio de Minería para reglamentar sin colisionar con los tratados nacionales. La minería argentina ha dejado de ser una cuestión de «derrames» espontáneos para convertirse en una industria de planificación obligatoria. Si la gestión acompaña a la letra, San Juan habrá encontrado la fórmula para que su cordillera no solo exporte rocas, sino que construya una burguesía industrial sólida.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.