Tras la sanción de la normativa que busca blindar a proveedores locales, el diputado Mario Alberto Herrero denuncia la falta de debate real y la fragilidad jurídica de un texto que choca frontalmente con el esquema nacional de inversiones.
Por David Balderramo
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero con 34 votos a favor. Sin embargo, el legislador Mario Herrero votó en contra, alertando que la adhesión provincial al RIGI anula cualquier exigencia local, dejando a las pymes en una vulnerabilidad técnica absoluta
Un debate exprés y la «voluntad única» del oficialismo
La jornada legislativa en la que se sancionó la ley que exige un 80% de mano de obra local y un 60% de contratación de proveedores provinciales dejó un sabor amargo en los bloques opositores. Para el diputado Mario Alberto Herrero, referente del espacio San Juan Vuelve – P.T.P, el proceso estuvo marcado por una preocupante falta de profundidad técnica. «Hay una desconsideración hacia el Poder Legislativo como poder. Se evita la discusión, se evita el estudio en las comisiones», sentencia el legislador en una entrevista exclusiva para este medio.
Según relata el diputado, el lunes previo a la sesión fueron citados para escuchar a los ministros de producción y de minería, pero las respuestas a los cuestionamientos de fondo nunca llegaron. «El martes no asistieron, sino que asistieron algunos colaboradores de ambos ministerios y, bueno, simplemente se hicieron algunas modificaciones estéticas. El presidente del bloque oficialista dijo que eran semánticas», explicó Herrero, subrayando que no se aceptaron cambios estructurales que permitieran hacer operativa la norma.
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El choque jurídico: la sombra del RIGI sobre la autonomía provincial
El núcleo de la oposición de Herrero, quien junto a la diputada Graciela Seva fueron los únicos dos votos negativos, reside en la colisión normativa con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ). El legislador recordó que en agosto de 2024, la provincia se adhirió a este régimen nacional, el cual establece que cualquier norma local que se oponga a sus beneficios es «nula de nulidad absoluta».
Para el bloque de San Juan Vuelve, la provincia ha perdido la facultad de legislar en aspectos que condicionen a las empresas adheridas al esquema nacional. «La provincia hoy no puede legislar en nada que se oponga a lo que se establece en el régimen de incentivos. Entendemos que era una norma inútil», dispara el legislador. Esta «tensión» jurídica es el gran interrogante de la industria: mientras la ley provincial impone metas de contratación bajo apercibimiento de multas de hasta 200.000 unidades tributarias, el RIGI garantiza estabilidad y libre mercado por 30 años.
El desgaste de la licencia social y el caso Vicuña
El diputado sostiene que la falta de herramientas reales para exigir el cumplimiento de la ley afecta directamente la «licencia social» de la minería en San Juan. Para el legislador, la reciente compra de un campamento minero a China por parte de una operadora es la prueba de que las grandes inversiones no siempre derraman en el mercado local.
«Lo que pasó con la contratación de la primera etapa del campamento de Vicuña o con la construcción del camino nos está mostrando que las empresas no están dispuestas ni interesadas en el desarrollo local de los proveedores, de las pymes locales, ni siquiera del trabajo local», afirma con dureza. Según su visión, este tipo de «manoseos» normativos, que prometen protecciones que luego no se pueden aplicar por la supremacía del RIGI, termina generando enojo en los proveedores que llevan años acompañando la actividad.
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Comparativa técnica: de la Ley 1200-M al Repromí
Uno de los puntos más técnicos del debate fue la derogación de la normativa anterior. El oficialismo, representado por figuras como Juan de la Cruz Córdoba, defendió la nueva ley argumentando que la antigua norma 1200-M del año 2013, enfocada en el desarrollo y la protección de proveedores locales que nunca tuvo aplicación efectiva. Sin embargo, la perspectiva de la oposición es diametralmente opuesta.
Herrero sostiene que la ley que se derogó era superior en calidad técnica para aquellas empresas que no están bajo el paraguas del RIGI. «Es mucho mejor que lo que queda para las empresas que no están adheridas al RIGI, que prácticamente son muy pocas. Entonces, encima para que el régimen sancionado sea de inferior calidad, para eso nos opusimos«, detalla el diputado.
Por otro lado, la nueva ley crea el Repromin (Registro de Proveedores Mineros), un instrumento digital que obliga a las operadoras a publicar sus cronogramas de compras. Aunque esto busca transparencia, para el bloque opositor sigue siendo un «escudo» de papel frente a la contundencia de las leyes nacionales de inversión.
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Un llamado a la metodología: «Así no, señor gobernador»
El malestar en la Cámara de Diputados de San Juan no se limita al contenido de la Ley de Desarrollo Local Minero, sino a las formas en que el Ejecutivo Provincial, liderado por el gobernador Marcelo Orrego interactúa con el legislativo. Herrero recordó una intervención de su compañera de bloque, Graciela Seva, quien increpó directamente al mandatario provincial: «Así no, señor gobernador, esta no es la forma de trabajar, es una falta de respeto para con la Cámara de Diputados».
Mientras que el diputado Andrés Castro defendió la ley como una herramienta para evitar que las inversiones sean solo extracción sin desarrollo sostenido, otros como Franco Aranda presionaron para elevar las multas hasta las 200.000 unidades tributarias para que no sea «más barato incumplir que invertir». Incluso desde el peronismo, la diputada María Fernanda Paredes cuestionó la coherencia política: «No se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan».
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El futuro de la seguridad jurídica en la cordillera
La intención de proteger al 80% de los trabajadores locales es loable desde lo político, pero su sostenibilidad frente a tribunales que apliquen el RIGI es incierta. Si la reglamentación no logra un equilibrio quirúrgico entre la protección de las pymes y los tratados de estabilidad fiscal de 30 años, la provincia corre el riesgo de enfrentar litigios que podrían frenar proyectos clave como Los Azules o Vicuña. La minería moderna no admite «escritura plana»; exige una arquitectura legal que resista el peso de las inversiones globales sin quebrar la industria local.
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