El proyecto de ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada, podría llegar hoy al Congreso de la Nación. Se trata de una iniciativa oficialista que busca derogar la actual Ley de Tierras y que promete un cambio de paradigma para acelerar proyectos mineros clave. En este escenario de extrema tensión legislativa, el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, analiza los alcances de una reforma que busca garantizar seguridad jurídica y otorgar un control directo a las provincias sobre su territorio.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La reforma elimina los topes de extensión para empresas extranjeras, pero exige doble aprobación (provincia y nación) en zonas de frontera. Mientras el oficialismo busca atraer capitales mineros y agilizar inversiones en infraestructura, científicos del Conicet y organizaciones sociales advierten sobre el riesgo de extranjerización en cuencas hídricas y áreas de alta montaña.
El fin de las restricciones y el nuevo rol de las provincias
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía restricciones como el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para titulares extranjeros y un tope del 15% de titularidad extranjera sobre el territorio nacional o provincial. Sin embargo, el escenario actual demanda una apertura que, según el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, no solo busca capitales, sino que refuerza el control local.
«Lo que estamos haciendo es una modificación a esa ley de tierra que establece que ningún estado extranjero puede comprar tierra argentina, o sea, ni siquiera una hectárea, con lo cual es más soberana que la ley actual», explicó el legislador de La Libertad Avanza. Esta distinción es técnica y política: mientras que la normativa anterior permitía a estados extranjeros adquirir hasta 1.000 hectáreas.
Olivera destaca que, anteriormente, las provincias no tenían participación real en la toma de decisiones sobre quién adquiría tierras en sus límites geográficos, centralizándose todo en las oficinas de Buenos Aires.
«Se necesita una autorización de la provincia para que puedan adquirir esos terrenos y luego otra autorización de nación. Es decir, si una empresa quiera adquirir un terreno que esté dentro de ese límite de frontera, necesita esa doble autorización. Esta medida le devuelve a la jurisdicción local la potestad sobre sus propios recursos».
El mapa de la extranjerización: la advertencia de los científicos
Por el contrario, las modificaciones propuestas despiertan fuertes reparos en el ámbito técnico y científico. La preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico sumó un respaldo clave con los datos del Observatorio de Tierras, una organización creada por científicos del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para mapear de manera precisa las propiedades rurales en manos extranjeras.
La primera versión de este mapa, publicada en diciembre de 2025, reveló que el 5% del territorio argentino ya se encuentra en manos de capital extranjero, lo que equivale a unas 13,2 millones de hectáreas. Sin embargo, el dato más relevante no es el porcentaje nacional, sino la localización estratégica de estas transferencias de dominio.
Actualmente, la ley de 2011 permite vender hasta un 15% a extranjeros por provincia o departamento. No obstante, en regiones críticas de alta montaña y en las zonas de influencia de la principal ruta navegable del río Paraná, el límite está largamente excedido.
Las zonas estratégicas que ya superaron el límite de venta foránea
Pablo Volkind, referente del Observatorio de Tierras, se pregunta por qué es necesario eliminar la ley si a nivel nacional el país aún dispone de un margen de 26 millones de hectáreas extranjerizables (el equivalente a dos provincias de Santa Fe completas) antes de alcanzar el tope del 15%.
«Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas el mercado inmobiliario sí está frenado porque ya superan el 15% o llegan incluso al 50%. Quieren eliminar la ley para poder seguir vendiendo en esas áreas clave», advirtió Volkind. Un ejemplo histórico es Bariloche, que ya en 2017 registraba un 21,53% de tierras extranjerizadas, lo que obligó a la provincia de Río Negro a emitir el decreto 1154/17 para autolimitar la venta de tierras a nuevos compradores extranjeros.
Soberanía estratégica en zonas de frontera y recursos hídricos
Uno de los puntos más sensibles de la reforma de la Ley de Tierras minería es el manejo del agua en áreas de alta montaña. La ley original prohibía taxativamente la titularidad extranjera en inmuebles que contuvieran «cuerpos de agua de envergadura» o que fueran ribereños a ellos. La reforma busca habilitar la adquisición de nacientes y «ojos de agua», una práctica vedada para extranjeros o «personas interpuestas» hasta el momento.
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Ante la consulta sobre si la desregulación podría limitar el acceso a cuencas hídricas, el senador fue categórico al señalar que la provincia es la que debe caminar el terreno y decidir. «Es sumamente importante esto que se establece de que la provincia puede opinar, porque si solamente hacía falta una autorización de nación, dejaba en lado los que conocen el territorio«, afirmó. En este sentido, la autoridad provincial tendrá la última palabra para evitar que se dificulte cualquier proyecto minero o se bloquee el acceso a ríos y cuencas esenciales para el ecosistema y la industria.
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En consecuencia, esta potestad provincial se vuelve una herramienta de defensa ante la adquisición de tierras por parte de empresas internacionales que buscan desarrollar yacimientos de clase mundial. Olivera asegura que la autonomía federal es el eje central para garantizar que el interés público de los sanjuaninos prevalezca sobre las transacciones privadas.
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El fantasma de los enclaves extranjeros en la Patagonia
Por otra parte, los detractores de la reforma señalan que la desregulación ya tiene antecedentes preocupantes de concentración de tierras en el sur del país. Soledad Cayunao, defensora ambiental y referente del pueblo mapuche (integrante de la Lof Cayunao), denunció que en las últimas décadas se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales a precios irrisorios, concentrando la tenencia en la meseta, la costa atlántica y la cordillera de Río Negro.
Este proceso de extranjerización se profundizó de manera notable durante la presidencia de Mauricio Macri con el dictado del decreto 820/2016. Aquella norma, clave para el desembarco de capitales de origen árabe en la Patagonia, flexibilizó el concepto de «sociedad extranjera», elevando el porcentaje necesario de participación foránea del 25% al 51% de las acciones para ser considerada como tal. A diez años de aquel decreto, los pobladores locales denuncian que extensos territorios operan prácticamente como enclaves cerrados inaccesibles para los propios argentinos.
Mapa interactivo de tierras extranjerizadas
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Integración binacional: el desafío logístico de los grandes proyectos
La mirada del sector corporativo, en cambio, se enfoca en viabilizar la logística de los megaproyectos del distrito Vicuña o el yacimiento El Pachón, que requieren de una agilidad operativa sin precedentes. Olivera vincula la flexibilización de la Ley de Tierras con la necesidad de agilizar obras de infraestructura binacional, especialmente en lo que respecta a la importación de insumos críticos como el agua de mar para el procesamiento de cobre.
«Tanto Vicuña como Pachón van a necesitar agua de mar para poder realizar la limpieza de los minerales», sostuvo el senador, mencionando la posibilidad de instalar acueductos transandinos que traigan el recurso desde el océano Pacífico a través de Chile. En este marco, la estabilidad de tenencia de la tierra que otorga el nuevo régimen legal pretende asegurar que los acuerdos binacionales se ejecuten sin que la titularidad de las parcelas cordilleranas se convierta en una traba judicial para tender ductos o líneas eléctricas de alta tensión.
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La visión de Olivera es clara: la reforma es la pieza de un rompecabezas más grande que incluye la inviolabilidad de la propiedad privada, la agilización de desalojos ante usurpaciones y la simplificación de inversiones que permitan a San Juan salir del estancamiento económico.
Lo que cambia con la reforma de la Ley de Tierras
El debate parlamentario pondrá en juego cambios estructurales profundos en la administración del suelo rural del país:
- Fin del tope del 15%: Se elimina el límite máximo para tierras en manos extranjeras en las tres escalas de control (nacional, provincial y departamental).
- Adiós al cupo por nacionalidad: Queda sin efecto el tope de posesión para una misma nacionalidad extranjera (hoy del 30%).
- Eliminación de la zona núcleo: Desaparece el límite de las 1.000 hectáreas máximas de superficie permitidas para un solo titular extranjero.
- Nacientes de agua: Se habilita la posibilidad de adquirir tierras que contengan nacientes de ríos y «ojos de agua» cordilleranos.
- Zonas de frontera: Se deroga la protección especial en zonas de frontera que regía desde el histórico decreto-ley sancionado en el año 1944.
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