El especialista en políticas públicas, Leonardo Olivieri, explica las diferencias entre una minería consolidada y otra en construcción. Un análisis sobre el impacto del RIGI, la Ley 2827-M y el desafío de evitar las economías de enclave.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
En 2026, San Juan apuesta a la competitividad con la Ley 2827-M, mientras La Rioja construye institucionalidad vía su Plan Quinquenal. Leonardo Olivieri advierte que el éxito no depende solo del recurso geológico, sino de la capacidad estatal para coordinar actores y generar innovación tecnológica territorial.
Marcos cognitivos para el desarrollo territorial
Para entender por qué dos provincias que comparten la Cordillera de los Andes caminan por senderos tan distintos, es necesario hablar de los referenciales de política pública. Según explica el Lic. Leonardo Olivieri, estos no son solo normas, sino el marco cognitivo que permite a un gobierno interpretar la realidad y orientar su acción.
«Cuando hablamos de un referencial de política pública, nos referimos al conjunto de ideas, valores, conocimientos y objetivos que permiten a un gobierno interpretar la realidad y orientar su acción. En este sentido, la diferencia entre San Juan y La Rioja es una visión profunda sobre el rol del Estado y el mercado. Mientras una provincia confía en la estabilidad para que el mercado impulse el crecimiento, la otra considera que el desarrollo requiere una acción más deliberada para reducir asimetrías».
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San Juan y la captura de valor local
El problema público hoy ya no es atraer inversiones, que de por sí fluyen por miles de millones, sino cómo evitar que la actividad se convierta en una economía de enclave. Entre enero y mayo de 2026, la provincia registró exportaciones mineras por 964 millones de dólares, lo que representa el 92 % de sus ventas al exterior.
Para enfrentar este reto, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó la Ley Provincial N.º 2827-M de Desarrollo Local Minero. Esta normativa es clave porque establece obligaciones concretas de contratación de mano de obra y proveedores locales, buscando que la renta minera quede en los departamentos de Iglesia y Jáchal. Olivieri destaca que el objetivo sanjuanino es «incrementar el valor agregado y evitar que la provincia quede limitada a la extracción de recursos».
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La estrategia sanjuanina busca transformar una ventaja comparativa en una competitiva dinámica, apoyada en una red de proveedores especializados. El horizonte está puesto en proyectos de escala mundial como Josemaría, Los Azules, El Pachón y el distrito Vicuña, que posicionan a la provincia como uno de los mayores polos cupríferos de América Latina.
La Rioja y la construcción de capacidades desde el llano
La provincia todavía se encuentra en una etapa predominantemente exploratoria y no registró exportaciones metalíferas significativas en el primer tramo de 2026. Por eso, su prioridad es construir las condiciones para que la minería sea posible y sostenible, analiza el licenciado.
El instrumento central de esta apuesta es el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030. Bajo la conducción del gobernador Ricardo Quintela, la provincia busca fortalecer la Empresa Minera Sociedad del Estado (EMSE) para que actúe como brazo operativo y articulador con el sector privado. «La lógica no es únicamente atraer inversiones, sino crear las condiciones para que esas inversiones puedan generar un proceso de desarrollo», sostiene Olivieri.
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Con 17 proyectos en cartera y 35.000 metros de perforación previstos, la gestión busca reducir la incertidumbre geológica y mejorar la competitividad institucional. Aquí, el Estado asume un rol de promotor directo, intentando sentar las bases de un futuro clúster minero prácticamente desde sus cimientos.
El impacto del RIGI y el alineamiento político
Uno de los puntos de mayor fricción en la industria es la adhesión al RIGI. San Juan, bajo la gestión de Marcelo Orrego, se ha integrado activamente a este esquema nacional, utilizándolo como un marco de estabilidad que complementa su ley de desarrollo local.
En cambio, La Rioja ha manifestado un rechazo explícito al régimen impulsado por el gobierno de Javier Milei, calificándolo como una competencia desleal. Olivieri advierte que el alineamiento político influye en la capacidad de las provincias para sostener políticas propias, como exigir mayores niveles de contratación local sin entrar en tensión con los compromisos de estabilidad del RIGI.
«El riesgo no es jurídico sino estratégico», afirma el especialista al referirse a la competencia entre jurisdicciones. Para Olivieri si una provincia ofrece menos condicionamientos que otra, el esquema nacional podría terminar premiando a las regiones con menor exigencia de integración local, debilitando el objetivo desarrollista.
«La verdadera ventaja competitiva no reside únicamente en el recurso mineral, sino en la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en innovación permanente», subraya Olivieri. En este esquema, el sistema educativo y la integración regional entre provincias son motores estratégicos para construir economías de escala y competir globalmente.
Geopolítica y el conflicto en Vicuña
Un factor que ha catalizado la gobernanza en ambas jurisdicciones es la disputa territorial por la zona de Vicuña, una franja de 2.600 kilómetros cuadrados de alto potencial minero. Para el licenciado este conflicto “trasciende una discusión cartográfica”. Se trata, en rigor, de un dilema donde “la definición de los límites implica determinar quién administra los recursos, quién percibe las regalías y bajo qué reglas se desarrollarán futuros proyectos”.
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Esta tensión obliga a las provincias a fortalecer sus instituciones y capacidades, evidenciando que “el desarrollo minero surge de la interacción entre instituciones, actores y territorio, más que de los recursos naturales por sí solos”. Además, el escenario refleja la interna del Partido Justicialista y la necesidad de financiamiento en un contexto de recorte de fondos nacionales, ya que Olivieri destaca que “no se trata solo de una disputa por regalías o por la jurisdicción sobre el proyecto Vicuña: expresa también la interna del Partido Justicialista” entre modelos opuestos de país. De esta manera, la gobernanza minera aparece condicionada por “conflictos federales que inciden sobre la planificación del desarrollo”
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.