La continuidad de la causa contra once campesinos que se movilizaron contra el Proyecto Minero Quebradona, en Jericó (Antioquia), reavivó el debate sobre la criminalización de la protesta social en Colombia. Cristian Torres, coordinador del área de conflictos mineros de Censat Agua Viva, analizó para Acero y Roca el origen del conflicto, el avance del proyecto y las implicancias que podría tener una eventual condena.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El juicio contra once campesinos de Jericó, en Antioquia, reabrió el debate sobre la criminalización de la protesta en conflictos mineros de Colombia. Según Cristian Torres, de Censat Agua Viva, el proceso está vinculado al Proyecto Minero Quebradona, de AngloGold Ashanti, y podría convertirse en un precedente para futuros casos. La causa enfrenta a comunidades rurales, justicia y actividad minera en un escenario de fuerte tensión territorial y política.
El conflicto minero en Jericó detrás del juicio a los once campesinos
El proceso judicial que enfrentan once campesinos del municipio de Jericó, en el departamento colombiano de Antioquia, volvió a colocar en el centro del debate la relación entre la actividad minera, la defensa del territorio y el uso de herramientas judiciales en conflictos socioambientales.
Para Cristian Torres, coordinador del área de conflictos mineros de Censat Agua Viva, la causa no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un conflicto territorial que lleva más de una década. «Esto no es exclusivamente de estos 11 campesinos. Con una empresa que lleva haciendo presencia en el territorio hace más de 15 años ha habido diferentes escenarios de conflicto socioecológico, conflicto territorial y conflicto minero, donde se han presentado diferentes tipos de amedrentamientos y el uso de vías judiciales contra distintos actores del campesinado y las juventudes del territorio», explicó Torres.
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El origen del Proyecto Minero Quebradona
Según explicó Torres, el Proyecto Minero Quebradona pertenece a la multinacional AngloGold Ashanti y comenzó a desarrollarse en el contexto de la política de expansión minera impulsada en Colombia durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos.
De acuerdo con el referente ambiental, ese período estuvo marcado por una amplia entrega de títulos mineros a empresas transnacionales interesadas en desarrollar proyectos de exploración.
El Proyecto Minero Quebradona está ubicado entre los municipios de Jericó y Támesis, en el suroeste de Antioquia, y es desarrollado por AngloGold Ashanti. Inicialmente estuvo orientado a la extracción de oro, aunque posteriormente la empresa modificó sus estudios para priorizar el cobre, en línea con la creciente demanda internacional de minerales considerados estratégicos para la transición energética.
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La exploración y el conflicto con las comunidades
Torres sostuvo que la empresa cuenta con un título minero para desarrollar tareas de exploración, aunque señaló que el proyecto todavía no dispone de licencia ambiental para avanzar hacia la etapa de explotación. Explicó que la legislación colombiana permite desarrollar actividades exploratorias sin contar con ese licenciamiento, siempre que se obtengan permisos ambientales específicos cuando corresponda.
En ese contexto, afirmó que parte del conflicto surgió por el ingreso de la empresa a predios privados donde buscaba instalar plataformas para continuar con la exploración.
«Lo que se ha venido haciendo es contratar servidumbres en predios privados de campesinos para instalar plataformas y maquinaria para la fase exploratoria. El campesinado había manifestado que no estaba de acuerdo con ese ejercicio y la empresa ingresaba de forma clandestina, incluso en altas horas de la noche», explicó Torres.
Según indicó, esas situaciones motivaron movilizaciones de pobladores que intentaban impedir el avance de las tareas exploratorias del Proyecto Minero Quebradona.
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Las acusaciones contra los campesinos
El dirigente explicó que, tras las protestas realizadas en 2023, la Fiscalía de Antioquia imputó a los once campesinos una serie de delitos que calificó como desproporcionados respecto de los hechos investigados.
Entre las acusaciones mencionó secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Además, señaló que posteriormente la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Agrarios, Minero Energéticos incorporó el delito de concierto para delinquir. «Son delitos muy graves. Muchos de ellos son similares a los que se les endilgan a actores armados. En términos comunicativos y narrativos se llegó a la estigmatización al intentar mostrar una conexidad con actores armados».
Durante las primeras audiencias, los once campesinos obtuvieron el beneficio de continuar el proceso en libertad. Sin embargo, siguen sometidos a restricciones mientras avanza la causa.
El precedente judicial que podría dejar el caso Quebradona
Para Torres, las próximas decisiones judiciales tendrán un alcance que trasciende el caso puntual de Jericó. En ese escenario, consideró que una eventual condena podría convertirse en un precedente para otros conflictos socioambientales que actualmente atraviesan distintas regiones de Colombia. «La lectura que se ha hecho es que realmente es un escenario de aleccionamiento a los procesos de defensa del territorio. Si la sentencia es condenatoria estaría sentando el precedente de que las personas que ejercen su derecho legítimo a la movilización pueden enfrentar este tipo de procesos«, advirtió Torres.
Por ese motivo, desde Censat Agua Viva señalaron que distintas organizaciones campesinas y ambientales acompañarán las próximas instancias judiciales, al considerar que el resultado podría influir sobre futuros conflictos vinculados con la minería en Colombia.
Para Torres, las decisiones que adopte la Justicia exceden el caso de los once campesinos y abren un debate sobre los límites entre el derecho a la protesta, la defensa del territorio y la respuesta institucional frente a los conflictos socioambientales.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.