Una empresa prestadora de servicios mineros radicada en el departamento Iglesia se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunta defraudación. La firma, sospechada de incumplir con la cancelación de un crédito y negarse a restituir los bienes obtenidos mediante el mismo, fue objeto de una serie de procedimientos ordenados por la Justicia, que resultaron en allanamientos y el secuestro de una flota de vehículos.
El caso tomó estado público tras los operativos ejecutados por personal policial bajo las directivas de la UFI Norte. La investigación se centra en los propietarios de la firma VISMA VIAL S.R.L., de apellido Varela, por la presunta comisión del delito de retención indebida. Según las actuaciones, los empresarios habrían adquirido una serie de camionetas y camiones a través de contratos de leasing.
El quiebre del contrato y la negativa a devolver los rodados
De acuerdo con la denuncia que impulsó la causa, la empresa, fundada en 2010 por Hernán Varela y actualmente integrada también por su hijo, Juan Manuel, adquiría los vehículos bajo la modalidad de alquiler financiero con opción de compra para prestarlos en la actividad minera. Sin embargo, el contrato con la operadora económica habría cesado, lo que habría dejado a los prestadores sin los fondos necesarios para afrontar las cuotas acordadas.
En ese contexto de asfixia financiera, los titulares de la firma se habrían negado a devolver las unidades, lo que motivó el inicio de las actuaciones en la justicia penal con jurisdicción en la Segunda Circunscripción, bajo la intervención del fiscal Sohar Aballay.
Cesación de pagos masiva y concurso preventivo
El colapso financiero de la prestadora minera Visma Vial SRL no solo se limitó al incumplimiento de los contratos de leasing. Registros financieros a los que accedió Acero y Roca revelan una cesación de pagos masiva y sistemática iniciada a fines de 2025. Solo entre octubre de ese año y enero de 2026, la compañía acumuló el rechazo de al menos 20 cheques por una suma superior a los 216 millones de pesos, todos bajo la causal de «SIN FONDOS» y manteniéndose en estado de «Impago».
Esta situación crítica se ve reflejada en la calificación que posee la empresa ante la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Actualmente, Visma Vial SRL figura en «Situación 4», que corresponde a un «Alto riesgo de insolvencia». El perfil económico de la firma confirma un total de 33 cheques rechazados y declara formalmente que la sociedad se encuentra «En concurso preventivo», un proceso judicial que busca renegociar deudas para evitar la quiebra pero que no paraliza las investigaciones penales por presuntas estafas corporativas.
Operativos en Rodeo, Rivadavia y Chimbas
Los procedimientos policiales se extendieron por distintos puntos de la provincia, debido a que, según fuentes allegadas a la causa, los vehículos estaban siendo alquilados a terceras empresas. En Rodeo, domicilio de uno de los implicados, se procedió al secuestro de un camión y una camioneta RAM.
Por otra parte, en el departamento Rivadavia, en la vivienda de una exesposa de uno de los denunciados, se incautó una camioneta Toyota con la colaboración de la brigada de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Simultáneamente, se allanó una empresa ubicada en Chimbas, donde se presume que se rentaban los vehículos de los sospechosos, lográndose el secuestro de documentación relevante para la causa.
Tras la ejecución de los procedimientos iniciales, ambos denunciados habrían formalizado la entrega del resto de los rodados, los cuales quedaron bajo tutela judicial. La flota incautada se completa con otros tres camiones y cinco camionetas Toyota.
Hasta el momento, resta definir si el representante del Ministerio Público formalizará la investigación preparatoria contra los titulares de VISMA VIAL S.R.L. por la presunta defraudación en perjuicio de las dos entidades bancarias que impulsaron la denuncia penal: Banco San Juan y Banco Supervielle.
Antecedentes en el sector minero
La firma investigada poseía una inserción relevante en la cadena de proveedores locales. Según registros del sector, estuvo a cargo de las tareas de mantenimiento, perfilado, limpieza de banquinas y control de escurrimientos en el camino de acceso a la mina Veladero al menos, hasta mediados de 2025.
Cabe destacar que la operadora minera resulta totalmente ajena a la causa judicial en curso, la cual se limita de manera exclusiva al presunto incumplimiento de los contratos de leasing y a la cesación de pagos denunciada por las entidades financieras impulsoras de la demanda.
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