Por David Balderrama
Tras la resolución nacional para la línea de Vicuña Argentina S.A., el ente regulador asegura el servicio de los usuarios. El proyecto hacia Josemaría promete potenciar el noroeste provincial sin costos adicionales para los hogares y comercios sanjuaninos.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El E.P.R.E. acompañará la construcción de una línea de extra alta tensión financiada íntegramente por la minera VASA hacia el noroeste de San Juan. La Resolución 330/2026 asegura el fortalecimiento del sistema sin cargos para los usuarios, bajo estricto control provincial y cumplimiento de la Ley 1181-A.
El blindaje de los derechos del usuario sanjuanino
La reciente Resolución N° 330/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), emitida el pasado 28 de julio de 2026, ha marcado un hito en la planificación energética de la provincia. Este documento otorga a Vicuña Argentina S.A. (VASA) el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el desarrollo de infraestructura eléctrica en extra alta tensión, un paso fundamental para el avance del emprendimiento minero Josemaría.
Ante este escenario, el vicepresidente del E.P.R.E., Roberto Ferrero, asegura la prioridad absoluta es resguardar los derechos de las personas usuarias. Además, explicó que la provincia celebra este inicio de obras, pero con condiciones claras de mitigación económica y técnica.
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«Estamos trabajando con la empresa Vicuña en la firma de los acuerdos de mitigación necesarios, porque tal como ha sido mencionado en numerosas oportunidades, estas obras que van a tener un impacto significativo sobre el funcionamiento de la red eléctrica tienen también su correlato en cuestiones económicas»
El punto neurálgico del acuerdo radica en que la infraestructura requerida para la actividad minera no debe implicar cargas económicas adicionales para los hogares, comercios e industrias de la provincia. La compañía minera ha expresado formalmente su compromiso mediante la nota VASA N° 00-6200-ENG-LTR-040, donde asegura la observancia de la legislación provincial y nacional. La empresa ya ha manifestado que las va a financiar exclusivamente con aportes propios, es decir, las va a financiar íntegramente y también ha manifestado que no hay impacto tarifario para las personas usuarias de San Juan», detalló.
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Un modelo de inversión privada sobre bases públicas
Uno de los aspectos técnicos más complejos de esta negociación es que la nueva inversión se apoya en una instalación ya existente. El corredor eléctrico entre San Juan y Rodeo fue financiado parcialmente por los usuarios sanjuaninos en el pasado, un esfuerzo que el E.P.R.E. exige reconocer. La Ley Provincial N° 1181-A, en su Artículo 3°, establece el marco para este reconocimiento de inversiones sobre infraestructura preexistente.
En este sentido, Ferrero destacó la importancia de asentar estos compromisos en documentos legales firmes. «Eso hay que reconocerlo, eso hay que establecer un aporte, lo establece la Ley Provincial 1181-A. La empresa se ha comprometido formalmente a justamente sentarse a discutir esas cuestiones y es lo que nos tiene que mantener concentrados en este momento». La meta es asegurar que el incremento de capacidad del corredor no solo beneficie a la minera, sino que fortalezca el sistema productivo provincial en su conjunto.
La coordinación operativa y la mitigación de impactos sistémicos son tareas urgentes. El organismo regulador mantendrá todas sus atribuciones en materia de seguridad pública, calidad de servicio y protección de derechos, sin que la llegada de grandes capitales limite sus competencias. Toda vinculación de las nuevas obras con el sistema provincial deberá ajustarse estrictamente a las exigencias técnicas vigentes. El vicepresidente del ente subrayó que no se busca obstaculizar el progreso, sino encauzarlo. «Queremos que las mineras vengan y trabajen en la provincia de San Juan. Porque eso hace al beneficio económico de la provincia«.
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Visión de largo plazo: hacia el anillo regional
La resolución federal establece que VASA tendrá asignado un 90% de la capacidad excedente generada por las obras que costeará íntegramente. No obstante, el principio de libre acceso a la red de transporte sigue rigiendo, lo que permite que otros proyectos mineros o productivos puedan aspirar a incorporarse a la red en el futuro.
Para Ferrero, esta reserva de capacidad es una medida razonable de corto plazo para garantizar la inversión privada, pero la mirada debe estar puesta en el horizonte de mediano y largo plazo. «Esa reserva de capacidad que se hace sobre el excedente es una reserva que vale mientras la línea sea radial. Y sabemos que en cuanto empiecen estos emprendimientos mineros a ya concretarse, va a hacerse necesaria la interconexión de la red en un anillo con la provincia de La Rioja». Una vez que se concrete dicha interconexión, la condición de reserva de capacidad desaparece, integrando a San Juan en un sistema mucho más robusto y solidario.
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La consolidación de este acuerdo entre el Estado provincial y el capital minero marca un precedente sobre cómo la industria extractiva puede y debe financiar el crecimiento de la infraestructura pública. La transición de un sistema de líneas radiales a un anillo interconectado regional no solo es una necesidad técnica para la minería, sino un imperativo estratégico para la seguridad energética de todo el oeste argentino. En esta arquitectura de poder, el rol del regulador como garante del equilibrio entre la rentabilidad privada y el bienestar social define el éxito del modelo de desarrollo de la provincia.
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