Una investigación exclusiva de Acero y Roca revela la trama detrás de la disputa entre la familia Bustos y los empresarios Juan Pablo Delgado y Gustavo González por la ferretería El Bolsillo, exponiendo los vacíos del asociativismo minero en San Juan.
Capítulo I: El origen del asociativismo y la licitación
Para entender el desarrollo del conflicto conviene repasar la historia desde sus inicios. Para ello hay que remontarse al 2021, cuando la ferretería de Rodeo, El Bolsillo, operativa desde 1995, creó un asociativismo con Puerto Trans, propiedad de Juan Pablo Delgado y de Gustavo Marcelo González Romero y Bustin Soluciones Industriales, una empresa ferretera bonaerense, propiedad de Ernesto Bustin Fabre.
Tal como declara Andrea Inés Bustos Cubo, miembro integrante del asociativismo por la ferretería El Bolsillo, «el plan buscaba potenciar los proveedores locales, para cumplir con los requerimientos de responsabilidad social que exigía la operadora minera Barrick».
A través de esta alianza, el grupo conformado se presentó a una licitación en Minera Andina del Sol S.R.L. (Barrick), y Bustin San Juan S.A. ganó la Licitación 21-002 de servicios de ferretería en mina.
Según relata Andrea Bustos, «el mismo ´Plan de Desarrollo Sustentable´ que firmamos todas las partes, especificaba que El Bolsillo, como socio de la comunidad, tendría acceso y stock de productos de rotación y primera necesidad de Veladero, financiación para lograr precios competitivos, y apoyo de algunas marcas importantes. Esto nunca se cumplió«, denuncia. Asimismo añade que: «Nos enviaron un muestrario con algunos productos, únicamente eso. Nunca recibimos un solo trabajo ni tuvimos acceso a ver la licitación, los contratos de trabajo… nada».
«El asociativismo fue una formalidad de conveniencia para cumplir con los requerimientos de Barrick. Jamás hicimos una sola venta».
Los puntos del asociativismo entre Puerto Trans, El Bolsillo Y Bustin San Juan S.A.
El siguiente pdf se trata del acuerdo de asociativismo entre Bustin San Juan S.A.; la ferretería El Bolsillo, propiedad de la familia Bustos y la empresa Puerto Trans., propiedad de Juan Pablo Delgado y Gustavo González, firmado en 2021.
Capítulo II: La búsqueda de respuestas en la operadora
Paralelamente Andrea cuenta que en febrero de 2026, Barrick publicó un documento sobre los resultados de la «Cadena de Abastecimiento en Comunidades». «Ahí me doy cuenta que el asociativismo está plenamente vigente, pero yo seguía al margen de todo«. Así fue como entonces, resolvió presentarse en Barrick: «El 26 de mayo de 2026 de manera presencial pedí información sobre la licitación, que aún estaba en vigencia, en relación a El Bolsillo». Lo llamativo vino después: «Me dijeron que ellos no conocían las personas que integraban las partes, tanto de Bustin como de Puerto Trans, pero cuando salí de esa reunión me llamaron desde las dos empresas para hablar conmigo».
Las conversaciones posteriores con Juan Pablo Delgado y con el representante de Bustin, no resultaron para Andrea, ni remotamente parecidas a lo que imaginó que serían. «Me dijeron que no tenía nada que reclamar porque no tenían la licitación de ferretería en mina… que no se había ganado«, expone.
Sin embargo Bustos asegura que «Yo se que esto no es verdad… Bustin tuvo y tiene la ferretería arriba. Incluso hasta hace muy poco en su misma web todavía figuraba El Bolsillo. Ahora le pusieron FERMEB, pero cuando ves el cuil de FERMEB, es el del Bolsillo«, detalla Andrea.
Capítulo III: El contrato de venta y la cesión del negocio
Después de esto la relación no estaba en su mejor momento explica Andrea Bustos. «Entonces, en 2022, desde Puerto Trans. Juan Pablo nos ofreció comprarnos la ferretería», relata. «Acordamos un precio de 800.000 pesos argentinos, que era un precio absurdo, pagaderos en 4 cuotas», cuenta.
A su vez, según explica Bustos, los propietarios de Puerto Trans debían construirles un local y ella seguiría integrando el asociativismo.
«Las cuotas las pagaron, pero nunca construyeron absolutamente nada. Solamente arreglaron una parte del techo, porque se llovía y cambiaron una línea de luz, nada más», declara Andrea Bustos.
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Capítulo IV: Rescisión, desacuerdos y la entrega del inmueble
Andrea no oculta su decepción por cómo se desarrollaron las cosas. «Estaba molesta, y me reuní con Juan Pablo. Me ofrecieron devolverme la ferretería… yo acepté. El problema según cuenta Bustos sucedió luego. «Juan Pablo alegaba que como ellos habían pagado 800.000 pesos y habían hecho un par de reparaciones le correspondía quedarse con lo que contenía».
De esta manera y mediando una discusión que no llegó a resolverse, las dos partes resolvieron juntarse para que Andrea Bustos recibiera las llaves de la ferretería. «Era un día viernes. Cuando entré no lo podía creer. Lo habían vandalizado prácticamente. No dejaron nada, ni siquiera el cartel de la calle. Y lo peor fue que me dijeron que no me iban devolver el nombre» sentenció Bustos, quien recientemente inscribió la marca ante los registros oficiales para proteger su legado.
Adicionalmente, «el día lunes abrió una ferretería nueva, a pocos metros de la nuestra», remarca Andrea Bustos.
Capítulo V: El cruce de cartas documento y la vía judicial
Finalmente el vínculo terminó de romperse y Andrea recibió una carta notarial de parte de Juan Pablo Delgado y Gustavo Marcelo González, donde hacía constar que hacía la devolución del inmueble donde funcionaba El Bolsillo, pero no así del nombre.
A su vez, ella respondió dicha carta notarial y posteriormente envió cartas documento a Bustin y a Gustavo González y Juan Pablo Delgado de Puerto Trans, para reclamar el tan cuestionado asociativismo. «Como respuesta a las cartas documentos, las dos partes contestaron negando y rechazando todos los puntos«, se lamenta Andrea.
La postura de Bustin San Juan S.A.
La empresa Bustin San Juan S.A., a través de su representante Sergio German Ciallella, ha tomado distancia del conflicto. En una respuesta oficial fechada el 15 de julio de 2026, la firma rechazó los términos de la denuncia de Andrea Bustos, negando que la ferretería sea «nuevamente» de su propiedad. Ciallella sostuvo que el desarrollo de proveedores locales es un compromiso ante la empresa minera contratante que se encuentra «plenamente satisfecho» según sus canales internos.
Reclamos sin respuesta ante la minera
Andrea Bustos relata que después de su visita presencial en Barrick en el mes de mayo, ha enviado 4 mails solicitando nuevamente que se le brinde información. Incluso este jueves pasado repitió el mensaje, pero no ha recibido ninguna respuesta.
«Barrick no controla el asociativismo. Lo exigen, pero no supervisan que se cumpla. En Rodeo hay muchos casos como el mío».
La respuesta de Delgado: «Actuamos de buena fe y tenemos la documentación»
Desde la otra vereda, Juan Pablo Delgado, quien también es una figura conocida al ser el actual presidente de la CASEMI, aseguró que tanto él como su socio, actuaron siempre de buena fe y que el pago por la llave de negocio se materializó íntegramente.
«En el año 2022 Daniel Bustos nos propone que nos hagamos cargo de la ferretería, y le compremos la ferretería», explicó Delgado, añadiendo que incluso absorbieron deudas municipales y regularizaron la situación laboral de los empleados.
El empresario argumenta que la ruptura del acuerdo inmobiliario, que incluía la construcción de un salón comercial a cambio de un terreno, era responsabilidad de Daniel.
Según Delgado, al momento de escriturar descubrieron que el vendedor sólo poseía el 50% del dominio, siendo la otra mitad de un tercero, Eduardo Bazán Agrás, quien nunca había prestado conformidad formal para el acto. «Él no me pudo dar la documentación para poder escriturar, siendo que me hizo trabajar tres veces el primer bloqueo de escritura», alegó Delgado.
Esto es desmentido por Bustos, quien expone que «Incluso dejamos constancia de eso en la respuesta a su carta notarial«.
Sin embargo, Delgado, al respecto afirma:«Yo tengo la sociedad constituida, inscrita, la habilitación municipal. Si un juez determina que tengo que pagar, pagaré, pero tengo toda la documentación que me avala».
Un conflicto que pone en jaque la licencia social
Este conflicto trasciende la medianera de un comercio en Rodeo. Pone de relieve la fragilidad de los esquemas de asociativismo en la industria minera de San Juan, donde el «sello local» es a menudo la llave para contratos millonarios.
La falta de transparencia en la ejecución de los planes de desarrollo de proveedores puede convertir una promesa de crecimiento comunitario en un laberinto judicial que erosiona la licencia social de los proyectos.
Para Andrea Inés Bustos Cubo, el asociativismo fue una cáscara vacía. «Lo que siempre busqué fue que se reconociera al proveedor local y que se lo desarrollara, como estas grandes empresas dicen que lo van a hacer. Yo les creí, y así fue como ellos entraron a venderle a la minera, gracias a nosotros», afirmó a Acero y Roca.
Si el asociativismo no se traduce en un derrame real y auditable para los comerciantes de la zona, el modelo corre el riesgo de ser percibido como una mera herramienta de calificación licitatoria. De lo que estamos hablando es de la licencia social donde, una vez más, al no algo medible y evaluable, corre riesgos de ser dañada y erosionada provocando daños en el ecosistema minero de San Juan.
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