Tras la decisión del oficialismo en el Senado de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras por falta de avales políticos, la discusión parlamentaria se reenfoca en el régimen de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. En este escenario, la senadora nacional Flavia Royón defiende la autonomía de las provincias sobre sus recursos y advierte que, más allá del debate territorial, el verdadero límite para el desarrollo energético y minero reside en los severos cuellos de botella logísticos.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Senado avanzará en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin modificar la Ley de Tierras, luego de que el oficialismo quitara las cláusulas que buscaban elevar del 15% al 25% el límite de extranjerización. En ese contexto, la senadora Flavia Royón sostiene que la soberanía sobre los recursos minerales y energéticos del subsuelo está garantizada por las provincias. Al mismo tiempo, remarca que los desafíos urgentes pasan por la logística de la arena en Vaca Muerta, el colapso de las redes eléctricas y la infraestructura que demanda el RIGI hacia 2028.
Ley de Tierras: soberanía provincial y el fin del «sueño americano»
La retirada del articulado que pretendía flexibilizar la Ley 26.737 reordenó la agenda de la Cámara Alta. Sobre el debate que rodeaba a la propiedad rural, Flavia Royón, ingeniera industrial y senadora por la provincia de Salta, sostiene que la discusión suele estar viciada por imprecisiones conceptuales. Para la legisladora, es imperativo recordar que la legislación argentina separa estrictamente el dominio de la superficie del dominio del subsuelo: «En Argentina tener derecho sobre la superficie, o sea, ser dueño del terreno, no te da derecho sobre el subsuelo. Este sueño americano que en el patio de tu casa podés tener un pozo petrolero y quedarte con el petróleo, en Argentina no».
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La senadora, con formación ejecutiva en Oxford, enfatiza que el subsuelo pertenece al Estado y que los ríos o lagos navegables son bienes de dominio público, independientemente de quién posea la tierra. En este sentido, Royón defiende un federalismo pleno donde cada provincia pueda dictar su propio ordenamiento territorial para atraer las inversiones que el mercado demanda hoy.
La propuesta de la senadora incluye la creación de un registro transparente para evitar grandes concentraciones de tierra y resguardar las zonas de seguridad y frontera, que son competencia de la Nación. Sin embargo, advierte que no se debe «demonizar al inversor extranjero» cuando este llega para asumir riesgos, generar empleo y pagar impuestos bajo la ley local, citando como ejemplo los capitales suizos y uruguayos en las bodegas de los valles o ingenios con capitales americanos.
«Necesitamos capital para desarrollarlo. Ese capital puede ser capital nacional y también necesitamos capital extranjero. El monto que se requiere para desarrollar este potencial hoy no está».
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Vaca Muerta: el desafío logístico de la arena y la infraestructura colapsada
Más allá de la discusión legislativa, la realidad operativa de la energía en Argentina enfrenta obstáculos físicos. Royón señala que, aunque Vaca Muerta ya es un éxito consolidado que dio vuelta la balanza comercial (pasando de un déficit de 4.000 millones en 2022 a un superávit de 2.000 millones), su crecimiento futuro depende de la logística.
«Para su desarrollo Vaca Muerta tiene que resolver por ejemplo el tema de la arena, y ahí tenemos la mayor estructura. Cómo movés la arena y las rutas por la concentración que hay». La falta de ferrocarriles y la saturación de las rutas actuales actúan como un techo para la productividad. Para la ex Secretaria de Energía de la Nación, el ferrocarril es vital para lograr una matriz logística competitiva que permita sacar la producción de manera eficiente.
A esto se suma la suspensión de la segunda etapa del gasoducto, necesaria para llevar el gas del sur hacia el Noa y el NEA, lo que permitiría que el desarrollo industrial sea verdaderamente federal y no se concentre solo en el centro del país. La senadora advierte que incluso la red de alta tensión está colapsada, lo que impide incorporar nuevos proyectos de energía renovable a pesar del enorme potencial de la Puna.
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El RIGI y la minería: la «revancha» del interior hacia el 2028
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se posiciona como la herramienta para traccionar proyectos de gran envergadura, aunque Royón aclara que sus frutos no serán inmediatos. Los proyectos de Cobre y Gas Natural Licuado (GNL) comenzarán a producir dólares de manera masiva recién hacia el año 2028, tras superar fases críticas de ingeniería y construcción.
Para las provincias, la minería representa lo que Royón define como «la revancha del interior del país hacia el desarrollo». Aunque a nivel nacional el impacto en el empleo parezca diluirse, la creación de 10.000 o 12.000 puestos de trabajo en una sola jurisdicción es transformadora. Además, la minería ofrece una robustez al sector externo que la agroindustria no puede garantizar por sí sola, al no depender de ciclos climáticos como las sequías.
Argentina exportó minerales por 6.000 millones de dólares el año pasado, pero el potencial es multiplicarlo al menos por cinco. La clave, según la senadora, es que estos proyectos funcionen como una palanca de desarrollo para otros sectores: si se construye una ruta minera, esta debe servir también para el turismo y el comercio local.
Competitividad y emisiones: la ventaja comparativa argentina
En un mercado global que demanda sustentabilidad, Argentina tiene una oportunidad única. A diferencia de otros países donde la minería depende del carbón o combustibles líquidos, aquí se puede producir con energía solar de la Puna y gas natural de Vaca Muerta. Esta «minería baja en emisiones» es un diferencial competitivo que requiere, nuevamente, de infraestructura de transmisión para conectar la generación con el consumo.
Royón concluye que el desafío de duplicar el Producto Bruto Interno requiere que todos los sectores, agro, minería, ganadería y energía, trabajen en sintonía. La clave está en pensar en clave local y asegurar que las concesiones redunden en riqueza genuina, garantizando que el proveedor local tenga las mismas ventajas que las grandes corporaciones para igualar la cancha.
Modificaciones que siguen en debate en el Senado
Con la eliminación del capítulo III relativo a la Ley de Tierras Rurales, el expediente que tratará el Senado mantiene reformas en otros puntos del ordenamiento jurídico:
- Manejo del Fuego: Se debaten modificaciones a la Ley 26.815 para revisar las restricciones sobre el cambio de uso en tierras afectadas por incendios, manteniendo protecciones sobre bosques nativos.
- Régimen de Expropiaciones: Se propone acotar el criterio de utilidad pública bajo análisis de necesidad y proporcionalidad, redefiniendo el cálculo indemnizatorio e incorporando el lucro cesante.
- Aceleración de Desalojos: Se introducen mecanismos sumarísimos en el Código Procesal Civil y Comercial para acortar plazos de restitución de inmuebles urbanos y rurales.
Artículos y capítulos excluidos
- Capítulo de tierras rurales: Se quitó la propuesta de modificar o derogar la Ley 26.737 para eliminar los topes a la adquisición de suelo por parte de extranjeros.
- Límites de extranjerización: Quedó fuera del debate el artículo que pretendía elevar del 15% al 25% el límite de superficie rural en manos extranjeras por provincia, así como la flexibilización para comprar tierras en zonas de frontera o con cuerpos de agua.
El escenario legislativo demuestra que el debate sobre los recursos no se agota en la titularidad de la tierra. La competitividad exportadora y el desarrollo provincial dependerán de la capacidad técnica para resolver la infraestructura de transporte y conectividad energética en todo el territorio nacional.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.